La liberación de Israel Vallarta Cisneros, ocurrida el 20 de julio de 2024, tras pasar 19 años en prisión preventiva sin sentencia, representa uno de los casos más alarmantes de violación al debido proceso en México.
Detenido en diciembre de 2005 por presuntamente liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, nunca fue sentenciado, ni se comprobó su culpabilidad. El caso refleja una grave omisión del Estado mexicano, que de acuerdo con la Constitución y tratados internacionales tiene la obligación de garantizar justicia pronta y reparar el daño cuando vulnera derechos humanos.
El artículo 20 constitucional señala que toda persona debe ser juzgada en un plazo razonable. La Ley General de Víctimas, en su artículo 10, obliga al Estado a garantizar medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
Israel Vallarta puede acudir ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para solicitar una compensación económica, atención médica y psicológica, así como reparación moral. También puede promover una demanda civil por daño moral y patrimonial, con base en el Código Civil Federal.
Entre 2019 y junio de 2024, la CEAV ha pagado más de 5,300 millones de pesos en compensaciones a víctimas del Estado. En casos de privación de la libertad injustificada, los montos otorgados promedian entre 1.8 y 3.2 millones de pesos por cada año.
Aplicando este criterio, Israel Vallarta podría exigir una indemnización que oscile entre 34 y 60 millones de pesos, sin contar otros conceptos como daño moral, lucro cesante, atención médica de por vida y reparación simbólica.
En el plano internacional, Vallarta puede llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vez agotadas las vías nacionales. México ha sido condenado en varias ocasiones por detenciones arbitrarias, como en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México (2023).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la reparación cuando el Estado incurre en fallas procesales. El fallo de la CIDH podría obligar a México a pagar una compensación mayor, junto con medidas estructurales.
Casos similares en el extranjero muestran montos aún más altos. En Estados Unidos, Anthony Ray Hinton recibió 1.5 millones de dólares tras pasar 30 años injustamente en prisión. En Canadá, David Milgaard fue compensado con 10 millones de dólares canadienses tras 23 años encarcelado.
En Reino Unido, Andrew Malkinson fue liberado en 2023 tras 17 años y en 2024 se le otorgó 2.5 millones de libras esterlinas. Las indemnizaciones varían, pero suelen superar 100 mil dólares por cada año injustamente encarcelado.
El caso Vallarta también expone el uso abusivo de la prisión preventiva. Según el INEGI, a diciembre de 2023 había 92,003 personas en prisión preventiva, de las cuales más de 22 mil llevaban más de tres años sin sentencia.
Estas cifras reflejan un patrón sistemático de violaciones al derecho de presunción de inocencia. México tiene una de las tasas más altas de personas sin sentencia en América Latina, con un 38% de su población penitenciaria en esta situación.
Aunado al daño económico, la reparación del daño debe incluir una disculpa pública, la eliminación de antecedentes, la restitución de derechos civiles y políticos, y apoyo para su reinserción social, laboral y emocional.
De acuerdo con estándares de la ONU, la reparación debe ser integral y no limitada a lo económico. El caso de Vallarta también obliga a revisar el papel de medios de comunicación y autoridades que lo presentaron como culpable sin sentencia firme.
En conclusión, Israel Vallarta puede exigir una reparación económica de entre 34 y 60 millones de pesos, además de reparación simbólica y atención psicológica permanente.
Su caso se inscribe entre los más graves errores judiciales del México contemporáneo. Es una llamada de atención para reformar el sistema penal, limitar la prisión preventiva y asegurar que nunca más un ciudadano pase casi dos décadas en prisión sin juicio ni sentencia.