Como una oportunidad para depurar el poder judicial en México y cerrar la puerta a juzgadores que se han ensañado con personas y grupos vulnerables, deben aprovecharse las próximas elecciones del primero de junio, advierte un experimentado abogado jalisciense, quien se atreve a denunciar a una veintena de jueces y consejeros que considera corruptos.
El abogado jalisciense Maximiliano Lomelí Cisneros, mediante una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, denuncia que decenas de elementos que en teoría deberían impartir justicia, se pusieron al servicio del poder político y económico y extorsionaron y despojaron de sus bienes a distintos sectores de la sociedad.
En su relatoría, menciona que hombres, mujeres, ejidos, ejidatarios y empresarios, han sido despojados de su patrimonio por jueces y magistrados; también en juicios sucesorios y divorcios, han fallado en contra de personas vulnerables a quienes les han arrebatado sus hijos y han permitido eludir el pago de pensiones alimenticias.
En el desplegado, señala que los abogados se han dado cuenta que la impartición de justicia en el país por parte de jueces, magistrados y ministros, responden en su mayoría a cotos de poder emanados de grupos políticos y económicos del viejo régimen y que sigue enquistado en el ámbito judicial.
Por eso, ante las elecciones de junio próximo, indica que no solamente es la oportunidad de elegir a quienes impartirán justicia, sino que además se puede exhibir a quienes con su actuar extorsionaron y despojaron de sus bienes a muchas personas y que ahora pretenden colarse para seguir haciéndolo pero valiéndose de las urnas.
Maximiliano Lomelí Cisneros, precisa que en más de 20 años de ejercicio profesional con ministros, jueces, magistrados federales y locales de Jalisco, así como la Judicatura Federal, ha sido testigo de estos atropellos y considera que quedarse callado sería convertirse en cómplice.
Asegura que las elecciones deben ser un filtro para que nunca más jueces, magistrados y consejeros de la judicatura, utilicen el servicio público para enriquecerse y plantea que para probar esto, bastaría con que el nuevo Tribunal de Disciplina investigue los bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, fideicomisos, sociedades y el pago de viáticos de la vida social que llevan estos funcionarios judiciales y familiares cercanos, para acreditar que no corresponde a su salario.
Revela que actualmente acudir a denunciar a un juez ante la Judicatura por resoluciones ilegales o la ejecución de las mismas de manera arbitraria, resulta imposible; insiste que no proceden castigos o sanciones porque esta instancia se convirtió en un despacho de abogados de políticos y personas del poder económico.
Acusa que la mayoría de los consejeros de la judicatura fueron enviados para servir al ejecutivo del estado en turno y señala a los ex gobernadores Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro Ramírez, de haber impuesto consejeros, magistrados y jueces, con el propósito de enriquecer su patrimonio familiar y meter a la cárcel a sus opositores.
Luego pasa a enumera una veintena de magistrados y jueces que considera corruptos: Óscar Arturo Murguía Mesina, Juan Pablo Hernández Venadero, Eduardo Moel Modiano, Roberto de la Torre González, David Axel Ruvalcaba Hernández, Gustavo Jazmany Lepe Soltero, Luis Ávalos García, Agustín Flores Balderrama, Alberto Gutiérrez Zamora, Melchor Augusto Gómez Córdova, Felipe Sánchez Montes de Oca, Roberto Rodríguez Preciado, Jaime Uriel Torres Hernández, Sergio Salvador Peña Sánchez, Alejandro Guevara Pedroza, Agustín Balderrama, Pedro de Alba Letipichía, Mario Pizano Ramos, Jorge García González, Elke Tepper García y Jorge Alberto Rodríguez Chávez.
Dice que estos personajes son el ejemplo de lo que nunca debe ser un servidor público y asegura que cuenta con las pruebas documentales bajo resguardo para sostener sus acusaciones.
El abogado Maximiliano Lomelí Cisneros, dice que es importante por todo esto revisar el historial de los candidatos a impartir justicia, qué patrimonio tienen, de dónde vienen, cuál es su preparación, como tratan a su familia, a sus vecinos y qué tan congruentes son entre su discurso y lo que son realmente.
Y por último hace un llamado a que la gente salga a votar este domingo primero de junio, pero antes debe informarse de quiénes son los aspirantes para evitar que la injusticia llegue a los hogares de México y, para esto, exige cumplir como ciudadanos de este país.