Entre 1976 y 1983, Argentina vivió una de las etapas más oscuras de su historia bajo la dictadura militar que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”. En esos siete años, se calcula oficialmente que al menos 30,000 personas fueron desaparecidas forzosamente por el Estado. Eran, en su mayoría, estudiantes, obreros, militantes de izquierda, activistas o simplemente personas sospechosas de simpatizar con ideas consideradas subversivas. El objetivo era eliminar cualquier amenaza ideológica al régimen, que aplicó una política sistemática de represión y exterminio.
Las desapariciones en Argentina eran organizadas por fuerzas del Estado: militares, policías y servicios de inteligencia. Las víctimas eran secuestradas en sus casas, en la calle o en sus trabajos, sin orden judicial ni procesos legales. Eran llevadas a centros clandestinos de detención, como la ESMA en Buenos Aires, donde eran torturadas, asesinadas o desaparecidas. Muchos de los cuerpos fueron arrojados al mar o al Río de la Plata desde aviones en los tristemente célebres “vuelos de la muerte”. Otros fueron incinerados o enterrados en fosas comunes sin identificación.
En contraste, en México la cifra de desaparecidos asciende a más de 130,000 personas desde 2006, año en que el gobierno federal declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico”. A diferencia de Argentina, las desapariciones en México no son obra exclusiva del Estado, aunque hay complicidad de autoridades en muchos casos. Se trata de un fenómeno multifactorial donde el crimen organizado, policías corruptas, fuerzas armadas y funcionarios participan en conjunto o por omisión.
Mientras que en Argentina la desaparición era una política de Estado para eliminar opositores ideológicos, en México la mayoría de las desapariciones están vinculadas a disputas territoriales del narcotráfico, extorsión, trata de personas, reclutamiento forzado o represalias. Muchas víctimas eran inocentes atrapadas en medio del conflicto o jóvenes utilizados como carne de cañón por los grupos criminales. Aunque también existen casos de desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
Los cuerpos de los desaparecidos en Argentina fueron en gran parte eliminados para borrar toda prueba. En los vuelos de la muerte, las víctimas eran sedadas y arrojadas vivas al mar. Otros eran cremados en hornos industriales o sepultados de forma anónima. En México, por el contrario, el horror se descubre constantemente: más de 2,500 fosas clandestinas han sido localizadas desde 2006, muchas con decenas o cientos de restos. También se han encontrado “cocinas” del narco: hornos artesanales donde los criminales disuelven los cuerpos en ácido o los incineran.
El fenómeno argentino se concentró en siete años, con un estimado de 30 mil víctimas, y una estructura estatal clara como responsable. En cambio, en México, el fenómeno de los desaparecidos lleva casi 20 años y se ha profundizado con el paso del tiempo, sin que ningún gobierno, del partido que sea, haya logrado frenar la crisis. La dispersión de culpables y la impunidad generalizada complican cualquier investigación o búsqueda.
A diferencia de Argentina, donde tras la dictadura se construyó un proceso de memoria histórica, juicios a represores y reconocimiento institucional, en México las desapariciones continúan ocurriendo a diario. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas sigue en aumento, y colectivos de familiares buscan a sus seres queridos con picos y palas, ante la inacción del Estado. Las madres buscadoras se han convertido en símbolo de una tragedia nacional sin resolución.
En Argentina, organizaciones como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo han sido claves para visibilizar el horror de la dictadura y buscar justicia. Lograron identificar a más de 130 nietos robados nacidos en cautiverio. En México, aunque existen colectivos organizados, la dispersión, el miedo y el poder de los cárteles dificultan construir una narrativa común o exigir justicia sin riesgo de represalias.
A pesar de la diferencia en contexto y actores, ambos países comparten una marca imborrable: la desaparición de personas como mecanismo de terror. En Argentina, se trató de una política planificada desde el poder; en México, se trata de un fenómeno descentralizado, caótico, pero igualmente devastador. En ambos casos, el dolor se multiplica con la impunidad, la falta de verdad y la ausencia de justicia.
Hoy, la cifra de desaparecidos en México supera por más de cuatro veces la registrada en Argentina durante la dictadura. La magnitud de la tragedia mexicana ha superado, en números, a muchos regímenes represores del siglo XX, sin que se le haya asignado aún ese estatus de crimen de Estado o crimen de lesa humanidad. La gran diferencia es que, en México, esta tragedia ocurre en democracia, frente a los ojos de todos, sin un final cercano ni una memoria colectiva que la detenga.