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El gobernador de California, Gavin Newsom, ha vuelto a tomar una postura audaz y decidida frente a una de las políticas más controversiales del expresidente Donald Trump: la imposición de aranceles mediante la invocación de poderes de emergencia. Esta vez, la disputa no es meramente política, sino legal, económica y constitucional. El estado más poderoso de la Unión ha interpuesto una demanda sin precedentes contra el gobierno federal, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se han implementado estas medidas comerciales que, según Newsom, han afectado desproporcionadamente a millones de californianos.
La demanda fue anunciada en un acto cargado de simbolismo: una finca de almendras en el Valle Central de California. No fue un escenario improvisado. Las almendras, cultivo que representa más del 80% de la producción mundial y que tiene a California como su único productor significativo en EE.UU., son solo una de las muchas industrias que han resentido el impacto de los aranceles. Para los agricultores californianos, la política comercial de Trump no es una abstracción ideológica: es una amenaza directa a sus ingresos, empleos y capacidad de exportación.
El eje de la demanda presentada por Newsom y el fiscal general del estado, Rob Bonta, es claro y contundente: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), invocada por Trump para justificar la imposición de aranceles, nunca fue diseñada para este propósito.
Originalmente concebida para sancionar a países enemigos o responder ante amenazas de seguridad nacional, esta ley no autoriza al presidente a rediseñar el comercio internacional a discreción. Lo que plantea California es más que una diferencia de opinión sobre política económica: es una advertencia sobre la peligrosa expansión del poder ejecutivo y la erosión de los pesos y contrapesos en el sistema democrático estadounidense.
La administración Trump, por su parte, no tardó en responder con tono combativo. El portavoz Kush Desai desestimó la demanda como un acto político, acusando a Newsom de priorizar enfrentamientos ideológicos sobre problemas locales como la delincuencia o la crisis de vivienda. Pero esta respuesta evita discutir lo esencial: la legalidad de las acciones presidenciales y su impacto económico tangible. Es precisamente por esa ausencia de diálogo institucional que California ha decidido acudir a los tribunales.
Desde 2016, Trump ha defendido una agenda económica proteccionista, basada en la premisa de que los aranceles pueden equilibrar el comercio exterior, estimular la producción nacional y reducir el déficit comercial. Aunque estas intenciones podrían parecer razonables, su implementación ha sido errática y profundamente costosa. Las cadenas de suministro se han visto afectadas, los precios de productos importados han subido, y los países afectados por los aranceles han respondido con medidas similares, castigando precisamente a los sectores productivos estadounidenses.
California ha sido uno de los estados más perjudicados. Su economía, altamente integrada al comercio internacional y especializada en productos agrícolas, tecnológicos y manufactureros, ha resentido el impacto de los gravámenes. Los agricultores, en particular, han sido utilizados como piezas de negociación en una guerra comercial que no pidieron, ni provocaron, y que ahora enfrentan con costos crecientes, incertidumbre y pérdida de mercados internacionales.
Pero el conflicto va más allá del campo. También es un enfrentamiento jurídico e institucional. La demanda de California apela directamente a precedentes establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos, que en años recientes ha frenado decisiones ejecutivas que exceden los límites legales. Uno de los casos más citados es el fallo que impidió al presidente Joe Biden condonar deuda estudiantil sin el aval del Congreso. En ese fallo, el tribunal advirtió contra las “expansiones transformadoras” del poder presidencial. Si ese criterio se mantiene con coherencia, entonces el uso de una ley de emergencia económica para imponer aranceles debería ser igualmente inadmisible.
Estamos ante una disyuntiva crucial: permitir que el Ejecutivo siga ampliando sus competencias bajo la excusa de emergencias económicas o restablecer el equilibrio institucional que exige que decisiones de alto impacto cuenten con la participación del Congreso. En un sistema republicano de gobierno, ninguna autoridad —ni siquiera la presidencial— debería tener vía libre para definir en solitario el rumbo económico del país.
Lo que hace única esta demanda es que no proviene de un individuo, una empresa o un grupo de interés, sino de uno de los actores más poderosos del país: el estado de California. Con más de 40 millones de habitantes y un PIB que supera al de muchas naciones, California representa una fracción importante de la economía nacional. Que un estado de tal envergadura se oponga frontalmente a la política comercial federal no solo es un hecho sin precedentes, sino un mensaje contundente: las políticas unilaterales no quedarán sin respuesta.
Desde que Trump dejó la Casa Blanca, su legado económico sigue generando tensiones. Aunque ya no ocupa el cargo, sus decisiones comerciales —y los instrumentos legales que utilizó para implementarlas— siguen vigentes o han sido reactivadas. Y su posible regreso al poder en las próximas elecciones vuelve aún más urgente la necesidad de establecer límites claros al uso del poder ejecutivo en materia económica.
Cabe destacar que Trump ya ha dado señales de retroceso en algunas de sus posturas. Al poco tiempo de aplicar los aranceles más severos, se vio obligado a pausarlos durante 90 días, excepto en el caso de China, ante la presión de los mercados financieros, empresarios y aliados políticos. Esta reacción sugiere que, más allá del discurso, incluso su propio entorno reconocía que las medidas eran insostenibles. Sin embargo, no se desmantelaron del todo, y su amenaza sigue latente.
Por ello, la acción de California no es solo valiente, sino necesaria. El estado ha demostrado en múltiples ocasiones que está dispuesto a liderar no solo en innovación y crecimiento económico, sino también en defensa de principios democráticos fundamentales. Esta demanda, la número 15 contra la administración Trump, podría convertirse en un caso clave para definir el papel del presidente en materia comercial, y por extensión, en otros ámbitos donde la línea entre legalidad y poder se torna difusa.
En última instancia, lo que está en juego no es solo el futuro económico de California o el balance de poder entre estados y gobierno federal. Lo que se discute es la arquitectura misma de la democracia estadounidense. ¿Vamos a permitir que el comercio internacional se convierta en un terreno de acción unilateral del Ejecutivo, o vamos a exigir un sistema más equilibrado, donde el Congreso y los estados tengan voz y voto?
California ha elegido su respuesta. Ha decidido no quedarse de brazos cruzados ante políticas que considera ilegítimas, injustas y peligrosamente autoritarias. Con esta demanda, está trazando una línea en la arena, recordando al país que, en una república democrática, incluso el presidente debe rendir cuentas.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.