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Por Carlos Martínez Macías
En un acto de desagravio, los gobiernos federal y estatal, acudieron a Temacapulín para ofrecer una disculpa pública a los habitantes de esa población, lo mismo que de Acasico y Palmarejo.
Las tres comunidades, padecieron la angustia por más de 16 años, de vivir bajo la amenaza de la inundación de sus pueblos, por la construcción de la presa El Zapotillo y del acueducto que llevaría agua de la cuenca del río Verde a León, Guanajuato.
Fue una auténtica cruzada la que emprendieron los vecinos de esta región alteña, para defender su tierra y enfrentaron amenazas de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, la comisión local y gobiernos estatales en turno, hasta que el presidente López Obrador canceló en 2021 el trasvase y ordenó suspender la inundación de los tres poblados.
Al acto de disculpa pública, por parte del gobierno federal, acudió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, quien dijo que el estado mexicano falló en la protección de las comunidades ante la intención de borrar siglos de historia y cultura.
Por su parte, el secretario de gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza, en representación del gobernador, se limitó fríamente a suscribir lo que dijo el subsecretario e invitar a reconocer a los defensores del medio ambiente.
Sin embargo, el acto de disculpa pública de los gobiernos federal y estatal no pareció estar a la altura del tamaño de la angustia y el atropello sufrido por habitantes en la lucha que suma ya 19 años.
En el gobierno de López Obrador, entre 2019 y 2022, se habían ofrecido 15 disculpas públicas por diferentes motivos.
En 2019, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; el canciller, Marcelo Ebrard; el representante de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente y el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña, acudieron a la disculpa pública a la periodista Lidia Cacho, por su detención arbitraria y tortura.
En 2019, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ofreció disculpas por la guerra sucia; en ese año el presidente López Obrador hizo lo propio por víctimas de espionaje; también el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ofreció disculpas por otra detención arbitraria y asesinato; el mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez, también dio disculpas por un encubrimiento y asesinato.
En total, el presidente encabezó cuatro disculpas; la secretaria de Gobernación, cuatro; el subsecretario de derechos humanos estuvo presente en seis y los gobernadores en cuatro.
Pero en el caso de Temaca, solo acudieron el subsecretario de derechos humanos, el secretario de gobierno estatal y la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, estuvo presente mediante un video.
Entre las acciones de “reparación del daño”, se destacó el arreglo de calles, pintura de fachadas, planta de tratamiento y un pozo para mejorar el abasto de agua, acciones que se supone deben ser obligación de cualquier autoridad municipal y estatal.
No hubo ningún proyecto productivo para la región, desarrollo de modelos para impulsar artesanías u otras actividades de sus habitantes.
Al contrario, con la perforación del pozo de agua, hasta afectaron un balneario de aguas termales del lugar que “se secó”.
En representación de los habitantes de las comunidades, Oscar Sandoval, aceptó las disculpas con la condición de que exista el compromiso de no repetición de los hechos…
Solo que al margen de la orden presidencial y ahora las disculpas públicas, el decreto de reparto de agua del Verde para León, Guanajuato sigue firme y no se ha derogado.
Tampoco se ha expedido un nuevo acuerdo que defina la distribución de las aguas de la cuenca, por lo que legalmente, la historia puede repetirse.
Pero para eso están las disculpas.
