Envueltas en un velo de falta de transparencia y nula rendición de cuentas, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) renovaron en julio de 2020 y agosto de 2022, las licencias de operación de los dos viejos reactores de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), que en conjunto no generan ni 5% de la luz que se consume en México.
En un mero trámite y sin resolver serios problemas de seguridad a largo plazo, detectados desde marzo de 2019 por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, obtuvo el visto bueno del anterior gobierno para operar por 30 años más, en la comunidad de Punta Limón, municipio de Alto Lucero, Veracruz.
La CNSNS, órgano regulador en materia nuclear en México, se dio incluso el lujo de aprobar con casi tres años de anticipación, la renovación de la licencia de operación de la Unidad 2 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV-U2), que vencía el 10 de abril de 2025.
En un comunicado de prensa, con fecha del 25 de agosto de 2022, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que la entonces titular de la Sener, Rocío Nahle, autorizó la licencia de operación del reactor número 2, –casi un año antes de que abandonara el cargo para competir por la gubernatura de Veracruz, estado donde justamente se ubica la planta.
Previamente, el 17 de julio de 2020, la Comisión Federal de Electricidad, dio a conocer que la Sener renovó la licencia de operación de la Unidad 1 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV-U1), para el periodo del 25 de julio de 2020 al 24 de julio de 2050.
Inexplicablemente, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) ignoraron en las renovaciones de las licencias de operación, las advertencias de los miembros de la misión de revisión SALTO (Aspectos de Seguridad de la Operación a Largo Plazo), que estuvieron en Laguna Verde del 5 al 14 de marzo de 2019.
El equipo compuesto por dos funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), seis expertos y cuatro observadores internacionales, identificó durante su visita de inspección y evaluación, áreas que debían mejorarse para cumplir con las normas de seguridad y buenas prácticas nucleares.
Según documentos, la misión SALTO enumeró 14 problemas que tenían que ser atendidos, previo a la eventual renovación de las licencias de operación de los dos reactores modelo BWR-5, de diseño estadunidense, suministrados por General Electric, entre los que destacan:
• La central no dispone de un programa completo de implementación de operación a largo plazo.
• La revisión periódica de la seguridad no es exhaustiva.
• El informe final de análisis de seguridad no se ha actualizado.
• Los programas de gestión del envejecimiento de los componentes activos no son exhaustivos.
• El desarrollo e implementación de los planes de mantenimiento de la planta para componentes mecánicos no está finalizado, y
• No se ha implementado completamente un programa proactivo de obsolescencia tecnológica.
Con estos pendientes e inconsistencias llegó la renovación de la licencia de operación del reactor número 2, en agosto de 2022, que en fechas coincide con la presentación del informe de la Secretaría de Energía, “para satisfacer los compromisos de México con la Convención sobre Seguridad Nuclear”, donde reconoció que aún estaban en proceso de atención de las recomendaciones y observaciones de las misiones internacionales de la OIEA.
El 27 de agosto de 2020, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Veracruz, admitió a trámite el juicio de amparo 398/2020-I, presentado por el físico-matemático Bernardo Salas, extrabajador de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en el periodo de 1982 a 1990.
En la demanda, el también técnico académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM impugnó la renovación de la licencia de operación del reactor número 1 por los riesgos que representa en materia de seguridad debido al envejecimiento de sus componentes, la falta de protocolos de seguridad y la nula transparencia en estudios y auditorías realizadas para extender su vida útil por 30 años más.
El 25 de febrero de 2025, Bernardo Salas, entregó en Palacio Nacional una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde le advierte que el próximo 10 de abril, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ejercerá la renovación de la licencia de operación del reactor número 2, “sin haber cumplido la normatividad vigente, tal como logró obtenerla para el reactor número 1”.
En su escrito, señala que esta autorización fue otorgada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, “a pesar de conocer la descalificación del Organismo Internacional de Energía Atómica”.
Además, le pide que revise a fondo los informes de las auditorías de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), clasificados por la CFE como confidenciales, “debido a que en las evaluaciones, los reactores de Laguna Verde ocuparon los dos últimos lugares en materia de seguridad”.
En 2018, la planta recibió una calificación, por parte de WANO, de 80.9 puntos sobre 100, muy por debajo del promedio mundial de 95.7, y para 2020, la puntuación cayó a 72.5, debido a fallas operativas y deficiencias de mantenimiento.
El físico-matemático destacó que también hay recomendaciones de expertos internacionales que no se han atendido, para el tratamiento de los desechos radiactivos, que llevan décadas almacenados en las instalaciones de Laguna Verde, construida en un terreno de 419 hectáreas, sobre la costa del golfo de México.
La Asociación Nuclear Mundial revela en su página de Internet que el combustible nuclear gastado por los reactores de Laguna Verde se almacena bajo el agua en el sitio, en un par de albercas que se rediseñaron en 2016 para ampliar su capacidad.
Según un reporte de 2005, de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la producción media anual de residuos radiactivos en Laguna Verde es de aproximadamente 369 tambores (200 litros) y 15 contenedores de baja densidad, así como un promedio de 100 pastillas de combustible gastado (uranio), en cada recarga.
El informe establece que no existen mecanismos para la disposición final de los desechos nucleares en México, por lo que los combustibles gastados van a las albercas en los edificios de los dos reactores y el resto de los residuos se solidifican en una matriz de cemento, excepto las resinas, que se almacenan sin tratamiento en contenedores de alta integridad.
“Estos residuos se almacenan en la planta, bajo el control de la CFE, en áreas especialmente habilitadas: una para residuos secos y otra para residuos radiactivos solidificados y contenedores de alta integridad”, precisa la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE.