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Tercera parte
“El Gran Capricho de AMLO: desvíos e irregularidades por cancelación del NAIM», una investigación sobre como 1,200 millones de dólares que tendrían que haber sido destinados para liquidar parte de la deuda provocada por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, terminaron financiando inexplicablemente al controvertido proyecto del Tren Maya.
A finales de 2019, el Fideicomiso de Desarrollo (80726) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la construcción del aeropuerto de Texcoco aún contaba en caja con 1,200 millones de dólares,pese a la cancelación de la obra por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los 1,200 millones de dólares los había obtenido el GACM a través de la emisión de bonos privados para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) y una vez que se cancelaron las obras, existía la obligación legal de destinar esos fondos a liquidar esos mismos bonos.
Sin embargo, ese monto equivalente a 21 mil millones de pesos, tuvo otro destino:fue desviado -sin justificación alguna- para contribuir al financiamiento del Tren Maya, otra de las obras emblemáticas del actual gobierno.
Esta es la historia de un doble desvío documentado por Aristegui Noticiastras exponer el uso irregular de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) que desembolsan los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para cubrir la deuda de 4,200 millones de dólares más intereses que dejó el NAIM.
A través de las TUAs, hoy los usuarios del AICM financian -indirectamente- parte de las obras del Tren Maya, pese a que el destino legal de dichos recursos debería ser operar y dar mantenimiento y seguridad al aeropuerto capitalino.
En entrevista para este medio, el Ingeniero Javier Jiménez Espriú, ex secretario de Comunicaciones y Transporte, reveló que 1,200 millones de dólares (mdd) de los recursos privados que el GACM había obtenido para la construcción del NAIM se usaron para las obras del Tren Maya.
“Hacienda toma 1,200 millones de dólares de ese fideicomiso y los entrega para el Tren Maya”, afirmó Jiménez Espriú.
Al momento de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió no absorber la deuda original de los 6,000 millones de dólares, argumentando que se trataba de ‘deuda privada’ al haber sido aportados por inversionistas a través de bonos.
No obstante, dos años después, dispuso de estos recursos como si se tratara de fondos públicos, dejando la deuda en manos del AICM y sus pasajeros. Es decir, que esos 1,200 mdd fueron apartados de su propósito legal, consumando un esquema de desvío que, según especialistas consultados, podría derivar en procesos sancionados por las autoridades involucradas.
“No era dinero del gobierno. Esos recursos tenían un compromiso de una empresa en operación, que era el GACM”, declaró Rogelio Rodriguez Garduño, abogado constitucionalista experto en derecho aeronáutico.
Aristegui Noticias encontró una transferencia del GACM a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por una cantidad idéntica a la referida por Jiménez Espriú.
Esos 1,200 millones de dólares que estaban previstos para la construcción del NAIM posterior a la cancelación, debieron ser utilizados para pagar los bonos de inversión y disminuir la deuda pendiente. Sin embargo, fueron transferidos a la Tesorería de la Federación y se utilizaron para pagar parte del Tren Maya, según el ex titular de la SCT.
Tanto Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, como el abogado constitucionalista Rogelio Rodriguez, coinciden en que no existe fundamento legal que sustente dicha transferencia.
Los 1,200 millones de dólares, que fueron transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) sin un aparente sustento legal, hoy están siendo 100% financiados por los pasajeros del AICM a través de sus TUAs.
Fideicomiso de Desarrollo 80726
En 2014, se constituyó en Nacional Financiera el Fideicomiso de Desarrollo 80726. Su objetivo era la adquisición de bienes y contratación de servicios y obra pública, relacionados con la planeación, diseño y construcción del NAIM.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalla en su Auditoría de Cumplimiento: 2020-2-09KDH-19-0372-2021 que el 20 de enero de 2020, el Fideicomiso 80726 modificó su Cláusula Tercera “Fines”.
“…son fines del fideicomiso…ii) El entero de recursos que integran su patrimonio en la Tesorería de la Federación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables…”.
Dos días después, el 22 de enero de 2020, el Fideicomiso, -por instrucciones del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y de la Secretaría de Hacienda-, transfirió a la Tesorería de la Federación, 21 mil 634 millones de pesos bajo el concepto “Pago derivado de la renuncia del Título de Concesión para construir el aeropuerto”.
Esa cantidad es equivalente a los 1,200 millones de dólares, considerando un tipo de cambio de 18.03 pesos por dólar.
El Título de Concesión del GACM, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015, no prevé ningún tipo de sanción en caso de renuncia al mismo.
En la Ley de Aeropuertos no existe ningún argumento legal que fundamente un “pago derivado de la renuncia del Título de Concesión”como lo etiquetó el Grupo Aeroportuario para enviar ese dinero a la Tesofe.
“Cualquier transferencia bajo ese concepto es completamente irregular”, aseguraron por separado los dos abogados consultados por este medio.
“Ni la Ley de Vías Generales de Comunicaciones, ni la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, -que son los que regulan las concesiones aeroportuarias- establecen, por el hecho de una renuncia, ninguna sanción, ni administrativa, ni penal, ni por supuesto, económica”, afirma Pablo Casas Lías.
Es decir, renunciar al título de concesión no implicaba ninguna sanción económica para el GACM que justifique esa transacción por 1,200 millones de dólares.
En la página 30 de su revisión, la ASF resume textualmente que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México “no expuso los argumentos por los que decidió concentrar ese monto a la TESOFE”.
En las conclusiones de la revisión, la ASF asegura que los egresos del citado fideicomiso se encuentran justificados y comprobados, a pesar de que 25 páginas antes, señaló que no se pudo explicar una transferencia de 21 mil 634 millones de pesos.
“De acuerdo con el acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No Paraestatal 80726, el fideicomiso contaba con una disponibilidad de 27 mil 686 millones de pesos, al 31 de diciembre de 2019”, puntualiza la ASF.
Por indicaciones de Hacienda, -según reveló Jiménez Espriú-, el Comité Técnico transfirió los 21 mil 634 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
La ASF explica que los recursos financieros del Fideicomiso No Paraestatal 80726 estaban integrados por recursos privados y públicos federales que se captaron desde 2015. Pero asegura que “GACM no llevó un control de lo que se erogó de cada una de las fuentes de financiamiento, lo que no (les) permite asegurar si parte o la totalidad de esos recursos, se pudo emplear para amortizar alguna proporción de la deuda en Bonos MEXCAT”.
A pesar de dicha observación, Javier Jiménez Espriú reconoció en siete ocasiones que esa transferencia por 1,200 millones de dólares, destinados a la construcción del Tren Maya, provino directamente de los recursos privados de los Bonos MEXCAT contratados para el NAIM.
“El Tren Maya se financia con 1,200 millones de aquellos 6,000 (millones de dólares)”, afirmó.
Es decir, el dinero que se les ha cobrado a los pasajeros desde el 2020 para financiar el mantenimiento y las instalaciones del aeropuerto capitalino, no solo no se ha utilizado para ese propósito, legalmente establecido, sino también se está utilizando para pagar 1,200 millones de dólares que se utilizaron en la construcción del Tren Maya.
La ilegalidad
La transacción viola el Artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito pues se dispuso de los recursos del Fideicomiso de Desarrollo 80726 para otros fines distintos de los “lícitos y determinados” en el contrato fiduciario.
Los recursos privados del Fideicomiso 80726 debieron utilizarse para cubrir pagos anticipados de los bonos del NAIM, cómo ya se había hecho con los 1,800 millones de dólares previos.
“En mi opinión es delito. Se deben de llegar a las últimas consecuencias porque el Gobierno dispuso abusivamente de los recursos de la construcción del NAIM”, declaró para Aristegui NoticiasMarco Pérez Valtier, economista experto en finanzas públicas y temas fiscales.
La transferencia de los 1,200 millones de dólares violaría también el Artículo 223 del Código Penal Federal referente al delito de Peculado.
Es decir, tanto los funcionarios del Grupo Aeroportuario, como los servidores públicos de la Tesofe y de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP que autorizaron y aceptaron la transferencia de los 1,200 millones de dólares, podrían ser investigados por peculado al haber desviado dinero cuyo único uso legal era la construcción del NAIM y cumplir con las obligaciones del GACM.
Al ser servidores públicos, todos pudieron haber incurrido en conductas y actos ilícitos y ser sujetos de responsabilidades administrativas y penales.
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