SIN PEDIR AUDIENCIA
Por Carlos Martínez Macías (*)
El caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, no solo reavivó el debate por el fenómeno de los desaparecidos en el país, sino que, en el afán de evitar que este fantasma los alcanzara, autoridades federales y estatales pasaron por alto el estado de derecho.
El miércoles 19 de marzo, a través de redes sociales, comenzó a circular la invitación girada por la Fiscalía General de la República (FGR) para acudir al mencionado sitio, misma a la que se sumó la fiscalía local a la espera del arribo del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Las crónicas de lo que sucedió ese jueves fueron demoledoras. Cerca de un centenar de comunicadores de medios locales, nacionales e internacionales, acudieron al lugar, lo mismo que colectivos de buscadores y distintas organizaciones, quienes dieron fe del auténtico “show” montado para la ocasión.
Con la misma convocatoria emitida por la FGR, comenzó el enredo, ya que no tenía las riendas de la investigación pues apenas el 20 de marzo a las 13:25 horas, fue recibido en la delegación el oficio FE 03014932025 DL, donde la Fiscalía del Estado le propone que ejerza la facultad de atracción del caso.
Según el documento, el 18 de septiembre de 2024, fue iniciada la carpeta de investigación 68371/2024 luego de la liberación de dos personas privadas de la libertad y la detención de diez sujetos tras repeler una agresión de estos que estaban fuertemente armados.
Desde aquel mes y hasta la fecha, es la Fiscalía estatal la que mantiene la cadena de custodia del rancho, pese a que habían intervenido elementos de la Guardia Nacional y que fueran aseguradas armas de uso exclusivo del ejército, lo que fue criticado por el mismo Gertz Manero al acusar omisiones de las autoridades locales a las que les robaron tres camionetas aseguradas en el inmueble.
La intervención del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que ingresaron al rancho y encontraron numerosas prendas de posibles desaparecidos, representa otra prueba de que en ese lugar hacía tiempo que se había roto la cadena de custodia que obliga la ley.
De acuerdo con el artículo 132 del Código Penal de Jalisco, se impondrían sanciones hasta de tres años de prisión a quien viole el acordonamiento y resguardo del lugar de los hechos materia del delito o cadena de custodia; también incluye a quien manipule, borre, altere, dañe, contamine, huellas o vestigios del lugar de los hechos.
Los artículos 227, 228 y 229 del Código Nacional de Procedimiento Penales, también enumeran la responsabilidad de las autoridades en la cadena de custodia y señala que los bienes serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan.
Abrir las puertas del rancho Izaguirre, se contrapone directamente con lo que establecen las leyes en la materia que buscan preservar la escena del crimen,
La Ley General de Víctimas en su artículo 25, establece que los familiares de personas desaparecidas, pueden participar en las búsquedas en exhumaciones de cementerios o fosas clandestinas, pero estos peritajes deben efectuarse con rigor científico y según protocolos internacionales.
Sin embargo, el jueves 20 de marzo los colectivos no acudieron a diligencias o peritajes, sino a un recorrido desorganizado que, según expertos consultados, contamina la escena del crimen y viola el estado de derecho, ya que las diligencias periciales no han terminado y personal forense sigue trabajando en el lugar.
Una muestra más de lo mediático y politizado que ya está el caso, lo representan las hasta este lunes mil 696 evidencias publicadas en un micrositio de la Fiscalía del Estado donde figuran mochilas, ropa, llaves, cobijas y otros artículos encontrados en el rancho Izaguirre.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), por ejemplo, realiza solo una vez por semana reuniones con colectivos de buscadores en la Comisión Estatal de Búsqueda, para mostrarles galerías de fotos de prendas encontradas en fosas clandestinas, pero no están disponibles para consulta en internet.
(*) Carlos Martínez Macías, Director General de Paralelo 20. Es un periodista de larga trayectoria en prensa, radio, televisión y medios digitales. Ha realizado coberturas especiales en México y el extranjero. Ganador del Premio Jalisco de Periodismo.