México enfrenta una de las crisis de desapariciones más graves del mundo. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta 2024 se han reportado más de 110,000 personas desaparecidas, una cifra que sigue en aumento día con día.
La tragedia afecta a prácticamente todos los estados, pero Jalisco es el epicentro del horror: con más de 15,000 desaparecidos, es la entidad con el mayor número de casos, superando a Tamaulipas, el Estado de México y Nuevo León. La violencia del crimen organizado, la impunidad y la corrupción han convertido las desapariciones en un fenómeno sistemático que deja miles de familias destrozadas.
Las causas de esta crisis son diversas, pero la principal es la presencia de cárteles del narcotráfico que secuestran, reclutan o asesinan a personas, muchas veces sin que sus cuerpos sean encontrados. A esto se suman desapariciones forzadas cometidas por autoridades corruptas y la falta de respuesta de los gobiernos para investigar los casos. La impunidad es alarmante: más del 98% de los delitos relacionados con desapariciones no se resuelven, lo que deja en el abandono a las familias de las víctimas.
Una de las aristas más espeluznantes del fenómeno es el hallazgo de fosas clandestinas, utilizadas por grupos del crimen organizado para deshacerse de sus víctimas. Entre 2006 y 2024, se han descubierto más de 5,800 fosas clandestinas en México, con más de 9,700 cuerpos recuperados, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Estados como Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero concentran la mayor cantidad de estos cementerios ocultos. Tan solo en Jalisco, el colectivo Luz de Esperanza ha documentado más de 500 fosas en los últimos cinco años, evidenciando la magnitud del problema.
Ante la negligencia gubernamental, han surgido colectivos de madres y familiares de desaparecidos que, con palas y varillas en mano, buscan a sus seres queridos en terrenos baldíos, cerros y ranchos abandonados. Organizaciones como el Colectivo Solecito en Veracruz y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han tomado la iniciativa ante la indiferencia de las autoridades. Estas agrupaciones han localizado cientos de cuerpos en fosas que las autoridades ni siquiera habían registrado.
Uno de los casos más emblemáticos es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. A casi una década del crimen, la verdad sigue oculta y la impunidad persiste. Otro caso que estremeció al país fue el de los tres estudiantes de cine en Jalisco, desaparecidos en 2018 y posteriormente disueltos en ácido por integrantes de un grupo criminal. Además, en 2023, el hallazgo de 45 bolsas con restos humanos en una barranca de Zapopan volvió a poner en el foco la brutalidad de este fenómeno.
El Sistema de Medicina Forense de México está colapsado. En varios estados, los servicios periciales se han visto rebasados por la cantidad de cuerpos que ingresan sin identificar. La CNDH ha denunciado que hay más de 52,000 cuerpos sin identificar en el país, almacenados en tráileres refrigerados o en fosas comunes, debido a la incapacidad de los servicios forenses para procesarlos. En Jalisco, el escándalo del tráiler con cadáveres abandonado en 2018 reveló la crisis que enfrenta el estado para manejar la cantidad de cuerpos recuperados.
El marco legal en México establece penas severas para las desapariciones forzadas, pero en la práctica, estas medidas no se cumplen. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada en 2017, tipifica la desaparición forzada como un delito grave con penas de 40 a 60 años de prisión para los responsables, especialmente si pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, la falta de investigaciones eficaces y la colusión de algunos funcionarios con grupos criminales han hecho que las sentencias sean casi inexistentes. De los miles de casos documentados, solo un pequeño porcentaje ha sido llevado ante la justicia.
Las desapariciones forzadas en las que intervienen las fuerzas de seguridad son una de las mayores preocupaciones de organismos de derechos humanos. Casos como el de Tlatlaya en 2014, donde el Ejército ejecutó extrajudicialmente a civiles, o el de Ayotzinapa, donde la policía entregó a los estudiantes a un grupo criminal, muestran que la violencia estatal sigue vigente. A pesar de las promesas gubernamentales de erradicar estas prácticas, México sigue recibiendo recomendaciones de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de avances en la investigación y sanción de estos delitos. Sin un verdadero compromiso para hacer cumplir la ley, las desapariciones seguirán siendo un flagelo que marca la historia reciente del país.
Mientras tanto, las madres buscadoras seguirán cavando en la tierra con la esperanza de encontrar respuestas. En un país donde la justicia parece inalcanzable, la única certeza es que la tragedia de los desaparecidos sigue creciendo sin que nadie detenga el horror.