SIN PEDIR AUDIENCIA
Por Carlos Martínez Macías (*)
A propósito de la escasez de agua que padece la zona metropolitana de Guadalajara y más allá del fantasioso “legado” de Alfaro de “abasto garantizado por 50 años” para la ciudad, es importante recordar la caótica y errática gestión del agua en Jalisco.
El épico movimiento de Temacapulín que impidió que tres pueblos fueran inundados por la presa El Zapotillo (única cortina en el mundo con 80 metros de altura y seis ventanas para desfogar a 40 metros), fue precedido por el de habitantes de San Nicolás y San Gaspar que se opusieron a un embalse en su región.
Pero el ejemplo más lastimoso e impune de abuso de autoridad, ocurrió con el proyecto de la presa de Arcediano cuya cortina pensaba construirse en el fondo de la Barranca de Huentitán.
Con toda la fuerza del estado, el gobierno estatal se empeñó en impulsarla a pesar de las advertencias de especialistas que consideraban inviable el sitio, el dique y las aguas que iban a mezclar para el abasto de la metrópoli, ya que juntaba las aguas del río Santiago, sumamente contaminadas por más de 200 industrias, con las del río Verde que recibía descargas de apenas una veintena de empresas.
El lugar elegido fue el sitio donde se ubicada el poblado junto al histórico puente colgante de Arcediano, el primero de su naturaleza en América Latina y considerado como un monumento de valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En 2003, un total de 55 familias fueron desalojadas de la zona y recibieron indemnizaciones de 350 mil pesos a cada una y las fincas después demolidas. El puente mismo fue desmantelado en 2006 con el ofrecimiento de la autoridad estatal de que sería reubicado 800 metros adelante en el cauce con las mismas piedras con las que fue edificado, lo que no ocurrió así.
Los convenios de desocupación de las pequeñas casas, fueron firmados individualmente y bajo confidencialidad, a pesar de tratarse de recursos públicos. Estuve presente y me tocó ver como el entonces secretario de gobierno, Héctor Pérez Plazola, encabezó la entrega de cheques y el gobierno estatal llevó al banco al fondo de la barranca.
Personal de Banamex montó una especie de sucursal ahí mismo, para que cada vecino al recibir su documento, no se molestara en subir a la ciudad y abriera su cuenta y depositara el cheque junto al puente de Arcediano.
Solo Guadalupe Lara residente del poblado toda la vida, rechazó el dinero y se negó a abandonar el lugar. Lo que vivió entonces fue una auténtica pesadilla. Amenazas, presiones, insultos, corte de agua, de electricidad, explosiones de dinamita cerca de su domicilio con motivo de los trabajos preparatorios para la presa y que fueron disfrazados de “estudios”.
Por estos actos de intimidación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, recibió la queja 1687/03 y otras acumuladas sobre el mismo tema: 2062/03, 239/04, 604/04, 820/04 y 1412/04. En el concentrado de las mismas, se da cuenta de los múltiples atropellos denunciados y que tuvieron en funcionarios municipales y del Gobierno del Estado a los principales protagonistas.
Un ejemplo de ello es la explicación del entonces director de obras públicas de Guadalajara al exponer que no hubo licencias de demolición de las fincas en Arcediano, porque no había títulos de propiedad por parte de moradores, ni registros de posesión de tierras en la Dirección de Catastro, de manera que aquello se manejó como un “desalojo a una invasión de zona federal”.
Es decir, que los habitantes del poblado con décadas de vivir ahí, no existían para la autoridad al carecer de títulos de propiedad y aun así el gobierno estatal pagó casi 20 millones de pesos por las viviendas.
Tristemente, la comisión en su recomendación 7/2007, relata que no encontró pruebas del sabotaje de servicios públicos, presiones, acosos, hostigamiento y amenazas a Guadalupe Lara; ni tampoco de explosiones cerca de su domicilio.
Finalmente recomienda detener la construcción de la presa hasta que se garantice el derecho a la salud por la calidad de las aguas, que se construyan seis plantas de tratamiento, que se elabore un proyecto ejecutivo de la obra y que se informe de los gastos erogados en estudios y avances de la construcción.
Dos años después, en 2009, fue cancelado el proyecto pero por inviable. De 3 mil 200 millones, pasó a costar 15 mil millones. En “estudios” y otras obras, fueron invertidos casi mil millones de pesos, una parte de estos recursos provenían de créditos.
Han pasado 16 años de la cancelación y no existe ningún funcionario o ex funcionario imputado por el evidente daño al erario. Tampoco se sabe el destino de los predios que el Gobierno del Estado adquirió para desaparecer al poblado.
Ni tampoco hubo una explicación satisfactoria de la ocurrencia de utilizar aguas contaminadas y bombearlas a 500 metros de altura para el abasto de la todavía sedienta metrópoli.
(*) Carlos Martínez Macías, Director General de Paralelo 20. Es un periodista de larga trayectoria en prensa, radio, televisión y medios digitales. Ha realizado coberturas especiales en México y el extranjero. Ganador del Premio Jalisco de Periodismo.