Miércoles 18 de Noviembre de 2026
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Los cómplices que sobreviven

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Hace apenas unos días, a propósito de la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias el R2, presunto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, advertíamos en este mismo espacio que el crimen organizado no se descabeza simplemente con la detención de sus dirigentes. Ahora, la noticia sobre la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado Jefe de Jefes, obliga a mirar un problema todavía más profundo: los capos pueden desaparecer, pero las redes de dinero, corrupción y protección que hicieron posibles sus imperios sobreviven. Y mientras esas complicidades permanezcan intactas, México seguirá cambiando los nombres de sus delincuentes sin derrotar el negocio que los produce.

Félix Gallardo pasó sus últimas décadas privado de la libertad, tras su detención en 1989. Fue una figura central del antiguo cártel de Guadalajara, vinculado con el tráfico de drogas y con delitos que marcaron la historia de la seguridad en México, entre ellos los asesinatos del agente estadounidense Enrique Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Pero conviene poner las cosas en perspectiva. El llamado Jefe de Jefes llevaba décadas apartado de las operaciones criminales. Su organización original había desaparecido y sus rutas, negocios y territorios pasaron por disputas y reacomodos que contribuyeron al surgimiento de otros cárteles. Lo escandaloso no es que haya terminado una biografía criminal. Lo escandaloso es que México todavía no haya logrado romper el ciclo.

Después de Félix Gallardo vinieron otros nombres, otras guerras y generaciones de delincuentes que diversificaron sus actividades. El tráfico de drogas continuó, pero también crecieron las extorsiones, el secuestro, el robo de combustibles, el lavado de dinero y el control violento de actividades productivas. En distintas regiones, organizaciones criminales pretenden decidir quién puede sembrar, transportar mercancías, abrir un comercio o mantener funcionando una empresa.

Agricultores, transportistas y comerciantes viven bajo amenazas que afectan sus ingresos y ponen en riesgo a sus familias.

Pero semejante maquinaria no puede sostenerse únicamente con hombres armados. Necesita recursos, operadores, mecanismos de ocultamiento e información. En determinados casos también encuentra personas que, desde actividades económicas o posiciones institucionales, facilitan su funcionamiento.

Durante décadas hemos concentrado la atención pública en los rostros visibles del narcotráfico. Conocemos sus apodos, extravagancias y rivalidades. Los medios reconstruyen sus biografías y las autoridades exhiben sus capturas.

El dinero ilegal no se incorpora por arte de magia a la economía formal. Requiere operaciones e intermediarios. Las investigaciones sobre lavado de dinero han documentado el uso de empresas de fachada, negocios aparentemente legítimos y operaciones inmobiliarias o financieras para esconder su procedencia.

Es indispensable, sin embargo, establecer una diferencia. Miles de empresarios y comerciantes son víctimas de extorsión y pagan bajo amenazas para proteger su patrimonio o su vida. No pueden colocarse en el mismo plano que quienes conscientemente participan en operaciones ilícitas. Investigar complicidades no significa criminalizar a la iniciativa privada; significa distinguir entre víctimas y colaboradores voluntarios, con pruebas y respeto al debido proceso.

Más delicada todavía es la corrupción dentro de las instituciones públicas. Cuando un policía entrega información a delincuentes, un funcionario facilita operaciones ilegales o una autoridad protege a quienes debería perseguir, el crimen obtiene una ventaja que no podría conseguir solamente mediante las armas.

No se trata de afirmar que todas las corporaciones estén infiltradas ni de acusar indiscriminadamente a la clase política. Precisamente por respeto a ellos, es indispensable investigar a quienes utilizan un cargo para favorecer intereses criminales.

Porque una cosa es que los delincuentes intenten comprar protección y otra, mucho más grave, que encuentren funcionarios dispuestos a vendérsela.

No bastan las depuraciones anunciadas ni los cambios de mandos. Se necesitan investigaciones patrimoniales conforme a la ley, vigilancia financiera, protección a denunciantes y fiscalías capaces de actuar sin detenerse ante relaciones políticas o económicas. La corrupción no se combate multiplicando discursos de honestidad, sino acreditando responsabilidades y aplicando sanciones.

Cabe preguntarse cuántas organizaciones habrían perdido capacidad de operación si, además de perseguir a sus dirigentes, se hubieran investigado con igual determinación sus redes financieras y sus posibles mecanismos de protección.

Las estructuras actuales no son idénticas a las de los años ochenta. Cambiaron las tecnologías, las rutas, los mercados y las modalidades delictivas. Permanece, sin embargo, una condición fundamental: ninguna organización criminal de gran escala funciona sin dinero, coordinación y redes de apoyo. Por eso el éxito de una política de seguridad no debería medirse únicamente por el número de capos capturados.

La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad tienen el desafío de demostrar que los operativos forman parte de una estrategia capaz de desmantelar esas estructuras. Los gobiernos estatales y municipales deben fortalecer la investigación, la vigilancia territorial y la coordinación. No basta con detener al jefe si continúan las extorsiones, ni con asegurar armas mientras las víctimas carecen de garantías para denunciar.

La cooperación con Estados Unidos también importa, particularmente en inteligencia financiera, tráfico de armas y operaciones transnacionales. Pero debe traducirse en responsabilidades compartidas y resultados concretos, con respeto a la soberanía mexicana.

Hay otra consecuencia de la corrupción institucional que suele quedar relegada: la destrucción de la confianza ciudadana. Cuando una persona sospecha que su denuncia puede terminar en manos de los mismos delincuentes, difícilmente acudirá ante las autoridades. Cuando un comerciante considera menos peligroso pagar una cuota que solicitar protección, el Estado está perdiendo una de sus responsabilidades esenciales.

Recuperar esa confianza exige investigaciones profesionales, protección efectiva a las víctimas y la certeza de que ninguna influencia coloca a una persona por encima de la ley.

La historia de Félix Gallardo debe contarse, pero sin romantizar el poder que llegó a concentrar. Detrás de los grandes capos existen víctimas, familias destruidas y comunidades sometidas a la violencia. Los personajes del narcotráfico no necesitan homenajes disfrazados de reconstrucciones históricas. México necesita memoria, justicia y una discusión seria sobre las condiciones que permitieron su crecimiento.

Lo importante es comprender por qué, después de tantos años de detenciones y cambios de estrategia, el crimen continúa encontrando maneras de financiarse, corromper e imponer condiciones a la economía.

La respuesta no está solamente en los hombres que empuñan las armas. También debe buscarse en quienes, mediante conductas que corresponde acreditar judicialmente, mueven recursos ilícitos, encubren operaciones o utilizan posiciones de poder para proteger intereses criminales. Esas complicidades deben investigarse con la misma determinación que se persigue a los dirigentes.

Hace unos días advertíamos que el crimen organizado no se descabeza con la captura de uno de sus mandos. Hoy debemos añadir algo más inquietante: tampoco se extingue mientras sus cómplices encuentren refugio en el dinero y en el poder.

El desafío no consiste en presumir cuántos capos terminaron en prisión o en el cementerio, sino cuántas redes de financiamiento fueron desmanteladas, cuántos funcionarios corruptos recibieron sanciones y cuántas personas recuperaron la libertad de trabajar sin pagar cuotas.

Porque cuando el dinero criminal compra información, protección e impunidad, no solamente fortalece a los delincuentes. También debilita las instituciones, distorsiona la economía y destruye la confianza de quienes deberían sentirse protegidos por ellas.

Los capos pueden morir. Sus organizaciones pueden fragmentarse y sus territorios cambiar de manos. Lo que México no puede permitir es que sobreviva indefinidamente el sistema de complicidades que fabrica a sus sucesores.

@salvadorcosio1

opinionsalcosga23@gmail.com

(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.

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