El municipio de Tequila, en Jalisco, se ha visto sacudido por uno de los casos más polémicos de la política local en años reciente. El alcalde Diego Rivera Navarro, militante de Morena, fue detenido por autoridades federales el pasado 5 de febrero, en un operativo que forma parte de la estrategia nacional contra la corrupción, la extorsión y la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.
La detención de Rivera Navarro se llevó a cabo durante la madrugada como parte de la Operación Enjambre, una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina y otros cuerpos federales. El alcalde enfrenta múltiples cargos, entre ellos extorsión, corrupción, vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la operatividad de una red delictiva desde el Ayuntamiento.
Autoridades federales señalaron que las investigaciones se derivaron de múltiples denuncias ciudadanas y empresariales, incluidas quejas de grandes industrias tequileras y cerveceras, así como de comerciantes del municipio. Estas denuncias detallan presuntos cobros ilegales y amenazas bajo diversas formas de presión administrativa y económica a fin de obtener recursos indebidos.
El secretario de Seguridad federal reveló que junto con Rivera Navarro fueron aprehendidos tres funcionarios de su administración: el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas del Ayuntamiento. Todos quedaron bajo investigación por su posible participación en la red de extorsión y otros delitos asociados.
Las acusaciones en contra del exalcalde son graves e incluyen secuestro y tortura de dos aspirantes a la candidatura municipal en 2021, presuntamente para forzarlos a renunciar y así asegurar el triunfo de Rivera Navarro. La FGR sostiene que este tipo de prácticas reflejan un patrón de abuso de poder durante su gestión.
Empresas tequileras, entre ellas figuras destacadas del sector, presentaron querellas formales por presuntas extorsiones que implicaban exigencias de pagos excesivos en impuestos y licencias, así como clausuras arbitrarias de instalaciones cuando se negaban a pagar. Algunos montos señalados en denuncias superaban los 60 millones de pesos en cobros indebidos bajo amenaza de sanción.
La presidenta de México ha respaldado públicamente la detención y las investigaciones, enfatizando que ningún partido político puede ser un refugio para la delincuencia y que las acciones buscan combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, reiterando el compromiso con el estado de derecho.
Tras la aprehensión de Rivera Navarro, el Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina en una sesión extraordinaria. Rodríguez, también militante de Morena y colaboradora cercana del exalcalde, asumió el cargo en medio de cuestionamientos por su cercanía política y personal con Rivera Navarro.
La nueva alcaldesa ha negado que exista una red de extorsión organizada desde el Ayuntamiento y ha prometido gobernar con independencia, prometiendo estabilidad, resultados y atención a las necesidades de las comunidades. No obstante, sus declaraciones han generado desconfianza entre sectores políticos y sociales, que exigen mayor claridad y resultados concretos frente a la crisis institucional.
El caso de Tequila ha puesto bajo escrutinio no solo al gobierno municipal, sino a todo el estado de Jalisco, donde el gobernador ha adelantado que podrían venir más detenciones de funcionarios vinculados con actos de corrupción o delincuencia organizada, como parte de un esfuerzo continuo por desarticular redes de este tipo en el ámbito público.
Este hecho marca uno de los episodios más críticos de la política local reciente en la entidad, reflejando los retos que enfrentan los gobiernos municipales en contextos donde la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada intersectan con la administración pública, y plantea preguntas profundas sobre las medidas de transparencia, control interno y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.