La llamada Ley Silla, aprobada a nivel federal en México para garantizar el derecho de las y los trabajadores a contar con asientos durante su jornada laboral, avanza en el papel, pero no en la realidad. A pesar de que la reforma ya forma parte del marco legal, su aplicación práctica sigue siendo limitada debido a la falta de reglamentos claros, supervisión efectiva y voluntad para hacerla cumplir en los centros de trabajo.
Uno de los principales obstáculos es que los estados no han armonizado sus leyes laborales locales con la reforma federal. Esta falta de adecuación jurídica genera vacíos que impiden sancionar a las empresas que incumplen, especialmente en sectores donde históricamente se obliga a los empleados a permanecer de pie durante toda la jornada, como el comercio, la hotelería, la industria restaurantera y los servicios.
A ello se suma la ausencia de un reglamento específico que establezca cómo, cuándo y en qué condiciones deben proporcionarse las sillas. Sin lineamientos técnicos ni criterios de inspección, las autoridades laborales carecen de herramientas claras para exigir el cumplimiento, mientras las empresas se amparan en estas lagunas legales para mantener prácticas que afectan la salud de los trabajadores.
En México, se estima que más de 8 millones de personas trabajan de pie durante la mayor parte de su jornada laboral, muchas de ellas por turnos de entre ocho y diez horas continuas. Cajeros, guardias de seguridad, empleados de tiendas departamentales y personal de restaurantes concentran este tipo de empleo, donde el descanso se reduce a lapsos mínimos o inexistentes.
Las consecuencias de trabajar de pie de manera prolongada están documentadas en la salud laboral. En estos sectores se reportan altos índices de problemas circulatorios, várices, dolores lumbares y trastornos musculoesqueléticos, lo que se traduce en incapacidades temporales y pérdida de productividad. Sin embargo, la falta de aplicación de la Ley Silla mantiene estas afectaciones como un costo asumido por los trabajadores.
Aunque la reforma fue celebrada como un avance en derechos laborales, la realidad es que la Ley Silla sigue sin sentirse en los centros de trabajo. Mientras no exista armonización legal, reglamentos claros y sanciones efectivas, millones de trabajadores en México continuarán de pie, a la espera de que una ley ya aprobada deje de ser una promesa y se convierta en una práctica cotidiana.