El contrabando de tecnología volvió a quedar en evidencia en una de las rutas estratégicas del Litoral argentino. Un control vehicular de rutina permitió a la policía de Entre Ríos desarticular una maniobra que involucró a una madre y su hija, quienes transportaban más de un centenar de teléfonos celulares ocultos en distintas partes de su vehículo, incluidos compartimentos del motor.
El operativo se realizó el 7 de enero de 2026, en el puesto de control de Paso Cerrito, un punto clave en el corredor que conecta el noreste del país con la región central. Allí, efectivos detuvieron la marcha de una Volkswagen Taos que se dirigía hacia Buenos Aires, luego de haber ingresado al país desde Paraguay.
En el automóvil viajaban dos mujeres, de 54 y 22 años, madre e hija, domiciliadas en la provincia de Buenos Aires. Según los primeros informes oficiales, ambas habían pasado unos días en Paraguay bajo el argumento de un viaje recreativo, aunque la inspección policial reveló un objetivo adicional: el traslado ilegal de dispositivos electrónicos para su posterior reventa en territorio argentino.
El procedimiento avanzó de manera habitual hasta que un detalle llamó la atención de uno de los uniformados. Al solicitar la apertura del baúl, el efectivo advirtió que parte de la tapicería estaba mal colocada, un indicio que suele encender alertas en los controles de rutina.
Al retirar el revestimiento, los agentes encontraron un primer lote de teléfonos celulares cuidadosamente acomodados. Ese hallazgo motivó una requisa más exhaustiva del vehículo, que terminó por confirmar la magnitud de la maniobra.
La sorpresa mayor llegó cuando los policías levantaron el capot. Allí, en el vano del motor y en espacios laterales, se ocultaba la mayor parte de la mercadería: decenas de teléfonos envueltos y encastrados para evitar daños y reducir el riesgo de detección durante el trayecto.
Valor económico y situación judicial
En total, las autoridades decomisaron 131 teléfonos celulares, de distintas marcas y modelos. De acuerdo con las valuaciones preliminares, el cargamento tendría un valor superior a 25 millones de pesos argentinos, una cifra que da cuenta del volumen económico de la operación.
Fuentes del caso indicaron que la conductora del vehículo es empleada pública, un dato que agrega un componente sensible a la investigación y que podría derivar en eventuales sanciones administrativas, además de las consecuencias penales.
Tras el decomiso de la mercadería, ambas mujeres quedaron imputadas por el delito de contrabando, una figura contemplada en el Código Aduanero. La causa fue puesta en conocimiento de la Justicia Federal, que deberá determinar el grado de responsabilidad de cada una y el alcance de la maniobra.
El procedimiento se desarrolló bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos, encabezado por Néstor Roncaglia, desde donde destacaron la importancia de los controles preventivos en rutas y accesos provinciales.
En ámbitos de seguridad se remarcó que este tipo de delitos suele intensificarse durante la temporada de verano (austral), cuando aumenta el flujo turístico hacia países limítrofes como Paraguay, donde los productos electrónicos pueden adquirirse a precios considerablemente más bajos.
El contrabando de celulares no sólo implica una evasión fiscal significativa, sino que también alimenta circuitos informales de comercialización que afectan al comercio legal y distorsionan el mercado interno, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.
Además, los especialistas advierten que muchos de estos dispositivos ingresan sin controles de homologación ni garantías, lo que expone a los compradores finales a fraudes, fallas técnicas o la imposibilidad de acceder a servicios oficiales.
De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Aduanas (DGA-AFIP), el contrabando de teléfonos celulares figura de manera recurrente entre las mercaderías más incautadas en los pasos fronterizos del noreste argentino.
En 2024, último año con estadísticas consolidadas, los operativos aduaneros y de fuerzas de seguridad permitieron decomisar más de 180 mil dispositivos electrónicos en todo el país, con un valor estimado superior a $45 mil millones a precios de mercado local, siendo Paraguay el principal origen detectado.
El caso de México
En México, el contrabando de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos también representa un problema relevante para la recaudación fiscal y el mercado formal. De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), durante 2024 se aseguraron más de 250 mil equipos de telefonía móvil y electrónicos introducidos de manera irregular al país, con un valor estimado superior a 6 mil millones de pesos.
Las autoridades fiscales han señalado como principales puntos de ingreso la frontera norte, especialmente Baja California, Sonora y Tamaulipas, y algunos puertos del Pacífico, donde se aprovechan esquemas de subvaluación o contrabando hormiga.