El subsidio de tres pesos para los usuarios del transporte público ante la nueva tarifa de 14 pesos autorizada por el gobierno estatal, es en realidad un subsidio directo a los transportistas.
La historia de este nuevo apoyo, se enmarca en una serie de estímulos otorgados por los gobiernos en turno que le han significado al erario entregar más de dos mil millones de pesos.
Durante el gobierno del priísta Aristóteles Sandoval, fue creada una bolsa inicial de 280 millones de pesos para la renovación de unidades, pero a lo largo de la administración, fueron gestionados decenas de millones más para la adquisición de unidades “ecológicas” y hasta la incorporación de más vehículos para la operación del macrobús en la Calzada Independencia.
En el gobierno de Enrique Alfaro, fue tomada la decisión de “congelar” la tarifa del transporte público en 9.50, aunque en la práctica terminaba costando 10 pesos el pasaje porque las alcancías que recibían el dinero no daban cambio.
Para mantener esta tarifa, el gobierno estatal subsidió 50 centavos durante 2023, lo que significó entregar a los transportistas más de 400 millones de pesos, al tomar en cuenta tres millones de boletos diarios que reporta la Secretaría de Transporte.
Para 2024, el subsidio fue de un peso para mantener el precio en 9.50, lo que significó que los concesionarios recibieron 825 millones de pesos.
Y para 2025, la aportación de la autoridad fue de 1.66 pesos por cada pasaje, por lo que los empresarios de transporte recibieron en este año más de mil 300 millones de pesos.
Tan solo en los últimos tres años, por concepto de subsidios para mantener la tarifa en 9.50, los camioneros se han embolsado más de dos mil 600 millones de pesos.
El subsidio que viene
Aunque el gobernador Pablo Lemus asegura que el subsidio esta vez será directo a los usuarios y no a los transportistas, en realidad los tres pesos aportados para que los ciudadanos paguen 11 pesos en lugar de 14, serán entregados a los camioneros.
Para este 2026, el mandatario informó que hay una bolsa de mil 200 millones de pesos destinada para aplicar una “tarifa social” en lugar de la tarifa técnica determinada por el comité técnico tarifario.
Sin embargo, si se pretendiera beneficiar a la totalidad de usuarios del transporte público, el monto no cubriría el 50 por ciento de los viajes realizados diariamente en la zona metropolitana de Guadalajara.
Según cifras de la Secretaría de Transporte, cada día se venden 3 millones 100 mil boletos y existe un universo de un millón 500 mil usuarios del transporte. Para cubrir el cien por ciento de los pasajes, sería necesario destinar 2 mil 557 millones de pesos.
Por si fuera poco, de acuerdo con estadísticas de la misma secretaría, un 40 por ciento de los usuarios pagan en efectivo y no a través de las tarjetas de prepago. El nuevo modelo anunciado por el gobernador, establece como filtro que quien aspire a pagar 11 pesos por el pasaje, deberá tramitar la tarjeta “única” Al Estilo Jalisco, un plástico naranja alusivo a los colores del partido Movimiento Ciudadano que está en todas partes de los gobiernos emecistas, como la comunicación social o la papelería oficial.
Por medio de la tarjeta, se pretende hacer llegar los apoyos de los programas sociales y sería únicamente a través de ésta que los usuarios recibirían el descuento; quienes opten por pagar en efectivo, tendrían que cubrir los 14 pesos, lo que demuestra que el alza a la tarifa fue en realidad de ese monto.
Esto quiere decir que al menos unos 600 mil usuarios del transporte público que acostumbran pagar en efectivo por diversos motivos, deberán cubrir los 14 pesos por cada traslado.
Otra muestra más de que la tarifa es de 14 y no de 11 como afirma el gobierno estatal, está demostrado con el pago preferente con descuento de 50 por ciento, por ejemplo, a estudiantes. Ahora pagarán 7 pesos y no los 5.50 pesos que en teoría debería hacerse por el costo de 11.
La sesión planchada
La sesión del Consejo Técnico Tarifario donde se dio luz verde al aumento a la tarifa del transporte público, fue también severamente cuestionada.
Por principio de cuentas, se trata de un órgano que no guarda una auténtica representación para los sectores de la sociedad, ya que está integrado en su mayoría por estructuras ligadas a los intereses de los transportistas.
La CTM y la CROC, por citar los más evidentes, han sido históricos aliados de los camioneros con intereses directos en el negocio dela movilidad. También figura el mismo gobierno estatal que debería excusarse de intervenir.
El pasado 26 de diciembre cuando la Secretaría de Transporte dio a conocer el estudio con los indicadores de aumentos en insumos que avalaban el aumento, ocurrieron situaciones extrañas.
El órgano técnico decidió establecer la fórmula de indexación en 7.72 por ciento para aplicarla luego a la tarifa base y a partir de ahí encontrar la tarifa técnica ponderada.
Sólo que fue propuesta a los miembros del comité, una tabla donde se incluía la indexación de la tarifa para los próximos cinco años, de tal suerte que en 2026 arrojaba 11.17, para 2027 era de 12.03, para 2028 quedaba en 12.96, para 2029 alcanzaba los 13.96 y para 2030 la tarifa sería de 15.04.
Según el comité, la tarifa ponderada promedio de 2026 a 2030, sería de 13.03. Pese a esto, el secretario de Transporte Diego Monraz, informó a los presentes que el gobernador Pablo Lemus proponía una tarida de 14 pesos congelada a lo largo de su sexenio y un subsidio para que los usuarios pagaran solo 11 pesos, para lo cual destinaría una bolsa de mil 200 millones de pesos.
Con la oposición de la U de G, el comité aprobó la propuesta del mandatario estatal y un día después apareció publicado el acuerdo en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, aunque no especifica que la tarifa quedará congelada hasta 2030.
Expertos consultados en el tema, mencionan que el órgano puede establecer una tarifa multianual, pero es extraño porque la fórmula de indexación se elabora con variables que cambian cada año y hacerlo de esta manera significa que en México no hubiera cambio en precios de combustibles o la inflación.
Unas horas después de la aprobación de la tarifa, el gobernador Pablo Lemus, aparecería en un video en redes sociales para argumentar que era imposible pagar una tarifa de 14 pesos porque sería un golpe para los jaliscienses, ante lo cual anunciaba el subsidio y el fondo de mil 200 millones de pesos.
El anuncio del aumento generó malestar entre la oposición y diversas organizaciones ciudadanas que anuncian movilizaciones para impedir que se haga efectivo el incremento.
Mientras esto sucede, sin siquiera establecer un compromiso de mejoras, los empresarios del transporte público seguirán recibiendo los subsidios del gobierno estatal, esta vez con una bolsa garantizada por cinco años más.