Las lluvias torrenciales que azotaron a México durante las últimas semanas dejaron al descubierto una de las mayores debilidades del país: la falta de protocolos y acciones preventivas frente a las tormentas, inundaciones y desbordamientos de ríos que cada año cobran vidas y destruyen comunidades enteras.
El saldo de esta temporada es alarmante: 70 personas muertas, 72 desaparecidas y más de 35 mil damnificados en al menos cinco estados, entre ellos Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Los desastres no sorprendieron por la fuerza de la naturaleza, sino por la ausencia de preparación. México no cuenta con un plan nacional de prevención ante lluvias extremas, ni con una coordinación eficaz entre los tres niveles de gobierno. En muchos municipios no hay sistemas de alerta temprana ni protocolos de evacuación. Las sirenas suenan cuando ya es demasiado tarde, las corrientes desbordan ríos y las familias apenas alcanzan a salvar sus vidas.
El caso de Poza Rica, Veracruz, resume la tragedia. El río Cazones se desbordó tras registrar 540 milímetros de lluvia en menos de 72 horas, el equivalente a lo que cae en varios meses. Los barrios más cercanos al cauce quedaron bajo el agua y cientos de familias perdieron sus hogares.
No hubo avisos de evacuación, ni bordos reforzados, ni un plan de contención. La gente improvisó refugios en techos mientras el agua arrastraba autos, muebles y árboles. En Álamo y Papantla, los caminos rurales desaparecieron bajo el lodo y varias comunidades quedaron incomunicadas.
La falta de obras preventivas y mantenimiento en presas, drenajes y cauces naturales agravó los daños. En Tula, Hidalgo, el agua alcanzó los dos metros de altura tras el desbordamiento de un río que no había sido desazolvado en años. En Puebla, los derrumbes y deslaves se multiplicaron en zonas donde no existe un solo muro de contención. Y en San Luis Potosí, las lluvias arrasaron con caminos y cultivos sin que hubiera una sola medida de mitigación previa.
El costo económico de esta desatención es enorme. Miles de comercios, talleres y hoteles resultaron dañados, con pérdidas millonarias en mobiliario, maquinaria y productos. En el corredor industrial de Poza Rica, más de la mitad de las empresas sufrieron afectaciones graves. El sector agrícola también está devastado: los campos de maíz, caña y cítricos quedaron bajo el agua. Todo ello ocurre mientras los municipios carecen de fondos propios para atender emergencias y la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) dejó a los estados sin un mecanismo eficaz de respuesta inmediata.
Las historias humanas reflejan el precio de la improvisación. Una familia en Poza Rica fue sorprendida mientras dormía y apenas logró refugiarse en el techo; en Tula, decenas de personas siguen buscando a sus familiares desaparecidos; y en Puebla, campesinos lloran la pérdida total de sus cosechas. No son víctimas del clima, sino de la ausencia de planeación y del abandono institucional.
Expertos en gestión de riesgos señalan que el país enfrenta un rezago estructural en prevención. No existen mapas actualizados de zonas de riesgo, los planes urbanos ignoran los cauces naturales y las obras hidráulicas carecen de mantenimiento. Las lluvias extremas son cada vez más frecuentes por el cambio climático, pero las políticas públicas siguen actuando como si fueran excepciones y no fenómenos recurrentes.
Los gobiernos locales reaccionan cuando el agua ya ha hecho su trabajo: casas destruidas, carreteras colapsadas, gente desaparecida. La ayuda llega con retraso, los censos de damnificados se duplican y los apoyos económicos tardan meses en liberarse. En muchos casos, los damnificados siguen esperando reconstrucciones prometidas desde inundaciones pasadas.
El país necesita más que brigadas de rescate y donativos. Requiere una política nacional de prevención, con alertas tempranas reales, mantenimiento anual de ríos y presas, programas de reforestación en cuencas y un fondo permanente para obras hidráulicas. Sin esas medidas, cada temporal repetirá el mismo guion: lluvias que arrasan, autoridades que reaccionan tarde y familias que lo pierden todo.
Hoy, México no enfrenta solo una crisis por el exceso de lluvia, sino por la escasez de previsión. Las tormentas seguirán llegando, pero las tragedias podrían evitarse si el país aprendiera, de una vez por todas, que el agua no mata: mata la negligencia.