El llamado “huachicol fiscal” se ha convertido en el escándalo de corrupción más profundo que enfrentan los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
A diferencia del robo de combustible convencional, este fraude se basa en maniobras aduaneras y fiscales para importar gasolina o diésel disfrazados como productos exentos de impuestos o como aditivos, evitando pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Las autoridades estiman que el daño al erario público asciende a cifras colosales: según algunos cálculos, podría superar los 177 mil millones de pesos anuales (equivalentes a más de 9 mil millones de dólares).
Si se considera que las pérdidas anuales por evasión del IEPS, contrabando y simulación de importaciones de combustibles se mantuvo activo al menos durante cuatro años consecutivos, el daño total rondaría los 600 mil millones de pesos.
Esa cifra es tan grande que equivale a casi tres veces el presupuesto anual de la Secretaría de Salud, o al costo total de construir más de 30 refinerías como Dos Bocas. El dinero evadido habría podido financiar programas sociales, infraestructura o servicios públicos en todo el país. Este monto acumulado dimensiona la magnitud del fraude y refuerza la percepción de que el huachicol fiscal no fue un acto aislado, sino un entramado institucionalizado con complicidades de alto nivel, capaz de operar con impunidad durante varios años.
La sofisticación de esta red ha permitido la entrada ilegal de millones de litros de combustible bajo documentos falsos o con clasificaciones aduaneras incorrectas, operando con un entramado de complicidades institucionales y empresariales.
Varias incautaciones han revelado la magnitud del esquema. Por ejemplo, el buque cisterna Nord Supreme fue identificado transportando millones de litros de combustible desde Houston hacia los puertos de Altamira y Tampico bajo la fachada de aditivos para lubricantes. Se detectaron al menos 69 operaciones ilegales en un periodo reciente, que suman alrededor de 564 millones de litros introducidos con documentación irregular.
En marzo de 2024 fue asegurado el buque Challenge Procyon, con un cargamento que pretendía simular aceite lubricante pero contenía diésel, lo que destapó parte de la red. En otro caso, un predio en Ensenada fue cateado y se encontraron casi 8 millones de litros de carburante transportados en decenas de contenedores y camiones cisterna, vinculados a empresarios con nexos políticos.
El modus operandi del huachicol fiscal describe una operación en varias fases. Primero, empresas fachada importan gasolina o diésel, pero la clasifican como aditivos o lubricantes exentos de impuestos en aduanas. Luego, esos productos —que en realidad son combustibles— se venden a distribuidores o gasolineras con documentos aparentes.
En ese camino, intervienen agentes aduanales, autoridades portuarias, funcionarios militares o navales, traficantes logísticos y empresas de transporte. El uso de rutas marítimas frecuentes desde puertos como Houston hacia los puertos del Golfo mexicano y la repetición de los mismos operadores, empresas y rutas ha evidenciado que la red opera con una logística precisa y coordinada.
En este entramado han surgido nombres como los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, presuntos operadores de la red dentro de la Armada de México. Se les señala de controlar la asignación de personal clave en plazas aduanales y navales para asegurarse complicidades.
Hasta ahora, al menos 14 personas han sido detenidas en relación con el caso, entre ellas funcionarios navales, aduanales y empresarios. Se han cesado o destituido autoridades del puerto de Tampico y personal de aduanas. En otros casos se vincula a exfuncionarios estatales, como en Tabasco, donde un exsecretario de seguridad fue detenido en Paraguay por liderar una red denominada “La Barredora” que estaría coludida con este esquema.
Los opositores han lanzado acusaciones al gobierno actual y a administraciones anteriores, señalando que el huachicol fiscal no solo refleja debilidad institucional, sino complicidad de alto nivel. Se sostiene que durante los últimos años se permitió su operación, bajo la vista de autoridades federales, militares y de seguridad. Además, se acusa que las investigaciones han sido lentas, que muchos implicados gozan de protección política, y que la impunidad podría perpetuar el esquema. Organismos de oposición lo describen como “el mayor fraude de la historia de México”, instando a auditorías independientes y sanciones ejemplares.
En cuanto a la evasión fiscal que afecta a Hacienda, se estima que al evitar el pago del IEPS y otros gravámenes, los implicados evaden miles de millones al fisco cada año. Esa evasión implica no solo pérdida de ingresos inmediatos, sino un efecto dominó en servicios públicos, inversiones sociales y finanzas estatales. Se considera que estos montos están entre los más altos jamás detectados en un solo caso de corrupción energética del país.
Para muchos analistas, este caso rebasa cualquier precedente: es el mayor escándalo de corrupción bajo los gobiernos de la 4T, tanto por el volumen involucrado como por los sectores y poderes comprometidos. La magnitud supera la simple corrupción administrativa; involucra fuerzas armadas, puertos, aduanas, tráfico internacional y complicidades cruzadas entre lo público y lo privado. Si se desmantela la red en su totalidad o solo se castiga a piezas menores será decidido en las instancias judiciales y políticas en los próximos meses.
Las investigaciones continúan abiertas, con nuevas órdenes de aprehensión, congelamientos de cuentas y decomisos en curso. El gobierno ha prometido reforzar el control en aduanas, modernizar los procesos de importación y ampliar facultades de supervisión, incluso con cambios legislativos. Pero la urgencia es alta: los ciudadanos exigen que este escándalo no quede impune, que haya responsabilidades reales y que el Estado recupere los miles de millones que le fueron arrebatados por el huachicol fiscal.