La herencia de una licitación ilegal del gobierno de Enrique Alfaro, amenaza con convertirse en un gran dolor de cabeza para la actual administración de Pablo Lemus.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, le acaba de otorgar un plazo de tres días al Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, para que acate una sentencia de amparo que anula un fallo, un contrato y ordena que se reponga la polémica licitación realizada en septiembre de 2022.
Aunque el gobierno estatal podría optar por cubrir una indemnización al despacho fiscal afectado, también significaría pagar dos veces por un servicio de asesoría ya que también perdió un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa que le ordenó pagar más de ocho millones de pesos a la empresa que ganó el concurso.
Y encima de todo, el crédito fiscal que dio origen a la contratación de especialistas para defender al estado del cobro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 515 millones de pesos por incumplimientos fiscales, sigue vigente y ahora por las actualizaciones ronda los 580 millones de pesos.
La historia comienza en 2022 cuando el Gobierno del Estado decide contratar a un despacho fiscal que pueda anular un cobro que Hacienda imponía por más de 500 millones, luego de una auditoría realizada al organismo Servicios de Salud Jalisco, donde encontró inconsistencias en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Para la licitación pública local LCC-041-2022 se registran cuatro empresas y el 27 de septiembre de 2022 se hacen las presentaciones y las propuestas. El 30 de septiembre, es dado a conocer el fallo, resultando ganadora Monty Servicios Contables, S.C. con una propuesta de 17 millones 953 mil pesos.
Debido a una serie de irregularidades que ponía en duda la seguridad jurídica, Núñez López Consultores, S.C., una de las participantes que propuso 12 millones 760 mil pesos (cinco millones menos), interpone el amparo 1996/2022 ante el Juzgado Quinto de Distrito.
La sentencia es impugnada por Servicios de Salud y el mismo despacho ganador, pero un tribunal colegiado confirma la sentencia.
Ahora, bajo expediente 945/2024, el juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa de Jalisco, otorga un plazo de tres días al OPD Servicios de Salud Jalisco para que cumpla la sentencia y realice los actos siguientes:
“Deje insubsistente el Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, así como el Fallo de la licitación pública emitido el treinta de septiembre de dos mil veintidós, así como las actuaciones que se encuentren dentro de esos actos y las llevadas a cabo con posterioridad, incluyendo el contrato de prestación de servicios, todos derivados de la Licitación Pública Local LCCC-041-2022 con concurrencia de Comité denominada “Consultoría en Asesoría y Defensa en Materia Fiscal para el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco”.
“Se ordene que se determine, en principio, un calendario de actividades, en términos de las bases que rigen la licitación, para que se lleve a cabo el señalamiento de la data para la Presentación y Apertura de Propuestas, y se continúe con el procedimiento respectivo de la licitación y, en su momento, se emita el fallo que en derecho corresponda”.
Advierte además que una vez notificada, la autoridad responsable debe efectuar los actos mencionados e informar al juzgado de distrito su cumplimiento, apercibiéndola que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de 230 veces el valor de la UMA (más de 26 mil pesos), además que podría culminar con la separación del puesto y la consignación.
Dentro de los alegatos en el juicio de amparo en revisión 261/2024, la empresa ganadora de la licitación Monty Servicios Contables, S.C., sostuvo que prestó el servicio y concluyó el mismo, haciendo entrega al organismo contratante de copias certificadas de la sentencia favorable que declaraba la nulidad del crédito fiscal.
Mencionó que esta sentencia “firme” fue emitida el 20 de octubre de 2023 respecto al crédito fiscal motivo de la licitación, por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que se agotó la materia de la contratación y se ejercieron las partidas presupuestales destinadas al pago de los servicios prestados.
No obstante, Monty Servicios Contables, S.C. tuvo que recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa para conseguir que Servicios de Salud Jalisco le pagara el 50 por ciento del contrato que le fue asignado.
Según el expediente 4132/2024, para eludir el pago, Servicios de Salud buscó combatir con el recurso de “improcedente” el reclamo del despacho fiscal, pero el tribunal resolvió el pasado dos de abril de 2025, que las autoridades demandadas, tenían que pagar ocho millones 976 mil pesos a la quejosa como parte del 50 por ciento del contrato firmado OPDSSJ-DJ-223-2022 del 30 de septiembre de 2022.
Y pese a que Monty Servicios Contables aseguró que había culminado sus servicios profesionales y conseguido la anulación del crédito fiscal del SAT por 515 millones de pesos, esto no es del todo cierto.
Hacienda impugnó la sentencia del Tribunal Federal que el despacho llamaba “firme” y logró reponer el crédito fiscal que ahora por actualizaciones, podría ser de 580 millones de pesos.
Para hacer frente a esta eventualidad, el OPD Servicios de Salud Jalisco ha contratado a un nuevo despacho para defenderse de este cobro fiscal del gobierno federal. Solo que ahora lo hizo en forma directa, sin tener que recurrir a otra licitación.
El panorama ahora se muestra complejo. El gobierno estatal, a través de Salud Jalisco, debe acatar la sentencia que le obliga a anular fallo, contrato (ya pagado) por 17 millones 953 mil pesos y reponer la licitación o en su defecto indemnizar a Núñez López Consultores, S.C. quien propuso sus servicios por 12 millones 760 mil pesos.
También debe cubrir los honorarios del nuevo despacho que defiende al gobierno estatal del crédito fiscal o de plano pagar, en última instancia, los 580 millones de pesos que le reclama el SAT y que hasta ahora no han podido ser anulados.