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El lunes 1 de septiembre de 2025, Nicolás Maduro volvió a colocarse en el centro de la escena internacional con una declaración que, fiel a su estilo, combina dramatismo, victimización y un calculado sentido propagandístico. “Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, proclamó el mandatario bolivariano, en alusión a lo que describió como la inminente agresión militar de Estados Unidos. Según su versión, ocho buques de guerra norteamericanos y un arsenal de más de 1,200 misiles apuntan directamente hacia su gobierno, en lo que él interpreta como un intento de derrocamiento disfrazado de operación antidrogas en el Caribe.
Las palabras de Maduro no sorprenden, pero sí estremecen por la magnitud del relato que busca instalar. El líder venezolano no se limita a advertir de un peligro para su nación: plantea una narrativa de confrontación hemisférica, casi como si estuviéramos en vísperas de una conflagración global. Y aunque nadie puede ignorar que la presencia militar estadounidense en la región es real —enmarcada en lo que la Casa Blanca justifica como parte de la lucha contra el narcotráfico y las redes ilícitas que operan desde Venezuela—, la retórica de Maduro intenta ir mucho más allá de los hechos, moldeando el discurso hacia un supuesto ataque imperialista que persigue liquidar lo que queda de la llamada “revolución bolivariana”.
Lo cierto es que esta postura de Maduro no puede analizarse de manera aislada. Se inscribe en un patrón ya conocido: cuando la crisis interna recrudece, cuando los indicadores económicos se hunden, cuando la presión social amenaza con desbordar las calles y las sanciones internacionales se hacen más asfixiantes, Caracas recurre al guion del enemigo externo. Ese expediente ha sido una herramienta eficaz —aunque cada vez menos convincente— para cohesionar a su menguado aparato de apoyo político y militar.
No hay que perder de vista que Washington sí ha intensificado sus movimientos en el Caribe, con el despliegue de navíos, submarinos y aeronaves que claramente envían un mensaje a Caracas. El presidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha reforzado la idea de que Venezuela no solo representa un régimen dictatorial ilegítimo, sino que se ha convertido en epicentro de operaciones criminales, particularmente el narcotráfico bajo el llamado “Cártel de los Soles”, donde altos mandos militares venezolanos tendrían participación directa.
Sin embargo, ¿equivale ese despliegue a una inminente invasión o bombardeo, como sugiere Maduro? Difícilmente. El gobierno estadounidense sabe que un ataque directo generaría un torbellino diplomático y podría incendiar a toda América Latina. Más aún, supondría un costo político altísimo frente a potencias que han extendido su influencia en Caracas, como Rusia, Irán y China. De ahí que resulte poco probable que esos ocho barcos y esos 1,200 misiles estén listos para caer sobre Miraflores. Más bien, la intención parece ser mantener la presión, encarecer los costos de las actividades ilícitas del régimen y exhibir músculo militar frente a sus adversarios geopolíticos.
Pero Maduro, curtido en la manipulación discursiva, sabe aprovechar la oportunidad. Transformar un operativo de interdicción en un “asedio militar” le permite mantener viva la narrativa de la resistencia heroica. Así, cada crisis se convierte en gasolina para su retórica revolucionaria: un pueblo acorralado que resiste a la mayor potencia del planeta, un David latinoamericano frente al Goliat imperialista.
Mientras tanto, en el interior de Venezuela, la situación dista de cualquier épica. El colapso económico ha llegado a niveles que parecían imposibles incluso después de años de inflación galopante y empobrecimiento sistemático. La migración masiva —más de nueve millones de venezolanos que han abandonado el país en la última década— refleja un vacío de oportunidades que no se llena con discursos incendiarios. Los servicios básicos siguen siendo un lujo, la infraestructura colapsa y el salario mínimo apenas alcanza para una fracción de la canasta básica.
En este contexto, la proclamación de una “amenaza imperial” funciona como válvula de escape. Mientras la gente lidia con la escasez y la precariedad, el régimen ofrece un relato que busca desviar la atención hacia afuera, transformando el sufrimiento en parte de una batalla épica por la soberanía. Así, el hambre y la desesperanza dejan de ser responsabilidad del gobierno y se convierten en consecuencias inevitables del “bloqueo criminal” y de la “agresión extranjera”.
Conviene también reflexionar sobre el impacto regional de este episodio. Algunos gobiernos alineados con Caracas, como el de Nicaragua o el de Cuba, han replicado con entusiasmo la narrativa de Maduro, alertando de un supuesto plan para recolonizar América Latina. Otros países, aunque críticos de Estados Unidos, han optado por un silencio prudente, conscientes de que un choque frontal entre Washington y Caracas podría arrastrar consecuencias imprevisibles para todo el continente.
En cambio, gobiernos democráticos de la región —como el de Colombia, Brasil y Chile— han expresado respaldo a la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, aunque evitan hablar en términos de intervención militar. Para ellos, la amenaza más inmediata no es la retórica de Maduro, sino el desborde de las economías criminales que ya afectan la seguridad regional.
Del lado estadounidense, la administración Trump enfrenta su propio dilema. El endurecimiento frente a Maduro es bien recibido por sectores del electorado, especialmente en Florida, donde la comunidad venezolana y cubana conserva un peso político considerable. Mostrar firmeza contra el chavismo es parte de la narrativa electoral de Trump, que se presenta como un líder decidido a combatir el comunismo y el narcotráfico en el hemisferio.
Pero, al mismo tiempo, Trump sabe que una escalada bélica en el Caribe puede volverse contraproducente. El costo humano, económico y diplomático de una intervención directa sería descomunal. De ahí que la estrategia parezca orientarse más hacia la disuasión, las sanciones financieras y la presión diplomática, complementadas con despliegues militares simbólicos que sirven para sostener el discurso de fuerza.
En medio de este tablero, Maduro juega su partida con la única carta que le queda: resistir y narrar. No tiene capacidad real para enfrentar a Estados Unidos en un terreno militar convencional, pero sí puede prolongar el desgaste, sostenerse en el poder mediante el control férreo de las fuerzas armadas y seguir apelando al relato de la resistencia antiimperialista. Su apuesta no es vencer, sino sobrevivir.
Y hasta ahora, esa estrategia le ha funcionado. Pese a las sanciones, pese al desconocimiento internacional, pese a las fracturas internas, Maduro sigue en Miraflores, protegido por una élite militar y amparado por apoyos externos estratégicos. Cada anuncio de amenaza extranjera refuerza su control interno y le permite postergar —una vez más— la discusión sobre la crisis real que desangra a Venezuela.
Al escuchar a Maduro hablar de la “más grande amenaza en cien años”, no podemos dejar de percibir el contraste entre la grandilocuencia de sus palabras y la crudeza de la realidad venezolana. Es evidente que Estados Unidos mantiene un cerco militar y diplomático cada vez más estrecho, pero la supuesta inminencia de una invasión parece más un recurso propagandístico que un escenario probable.
Sin embargo, lo verdaderamente trágico es que, mientras el mundo debate sobre barcos y misiles, el pueblo venezolano sigue atrapado en un laberinto de pobreza, migración y desesperanza. La amenaza más grande para Venezuela no está en los buques que surcan el Caribe, sino en la incapacidad de su propio gobierno para ofrecer soluciones reales a una nación que alguna vez fue símbolo de prosperidad y hoy lucha por sobrevivir.
En ese contraste se resume la paradoja venezolana: un país que resiste entre la narrativa épica de su líder y la dura cotidianidad de su gente, mientras la geopolítica continental se juega a sus espaldas.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.