El conflicto por la construcción del acueducto de la presa Solís para llevar agua a León, Guanajuato, ha reavivado una disputa histórica entre los estados de Guanajuato y Jalisco. El proyecto contempla un acueducto de más de 140 kilómetros con el objetivo de transportar agua hasta León y otras ciudades del Bajío, con una inversión que supera los 5 mil millones de pesos. Sin embargo, los opositores aseguran que esta obra impediría que el agua de la presa fluya hacia el río Lerma y de ahí al lago de Chapala, la principal fuente de abastecimiento para Guadalajara y su zona metropolitana.
La pugna entre ambos estados por el recurso hídrico no es nueva. Desde el año 2001 se han registrado desacuerdos por el reparto del agua de las presas y ríos que alimentan al Lerma-Chapala, con momentos de fuerte tensión política y social. Guanajuato, con su creciente población y su industria demandante, ha argumentado durante dos décadas la necesidad de garantizar un suministro constante, mientras que Jalisco ha defendido la prioridad de mantener los niveles de Chapala, que ha enfrentado en varias ocasiones crisis por sequías y sobreexplotación.
La decisión del gobierno federal de impulsar el acueducto desde la presa Solís se deriva directamente de la cancelación del proyecto El Zapotillo, que había sido concebido para abastecer de agua a León y a la vez garantizar volúmenes para Guadalajara. Ante la inviabilidad social y ambiental de esa presa, el nuevo plan busca compensar a Guanajuato con una fuente distinta que se considera estratégica para resolver la demanda urbana e industrial.
La presa Solís, sin embargo, ya cumple un papel fundamental en la región. Forma parte del Distrito de Riego 011 “Alto Río Lerma”, que abarca unas 110 mil hectáreas de superficie agrícola. De estas, cerca de 78 mil se riegan con agua superficial, incluyendo la que proviene de Solís, mientras el resto se abastece con pozos y aguas subterráneas. Se trata de una de las zonas de riego más productivas del país, con cultivos de granos, hortalizas y forrajes.
El conflicto surge porque el agua de Solís no se encuentra disponible de manera libre, sino que está regulada por un convenio de la Comisión Nacional del Agua. Dicho acuerdo establece que, cuando la presa alcanza el 90 por ciento de su capacidad, debe desfogar volúmenes hacia el río Lerma. Este mecanismo asegura que los excedentes lleguen hasta el lago de Chapala, manteniendo su nivel y garantizando el abasto de Guadalajara.
El acueducto hacia León, en consecuencia, entra en contradicción con este esquema. Al captar de forma permanente 3.8 metros cúbicos por segundo, el volumen que debería liberarse en beneficio de Chapala se reduciría significativamente. Esto explica la inconformidad de Jalisco, que observa un riesgo directo en la disponibilidad de su principal reserva de agua.
Para dimensionar el impacto, Guadalajara recibe cada año alrededor de 240 millones de metros cúbicos desde Chapala, volumen que abastece a más de cuatro millones de habitantes. Restar agua en la parte alta de la cuenca genera el riesgo de agravar la vulnerabilidad del lago y, con ello, comprometer el suministro en la capital jalisciense.
Los opositores al acueducto, incluido el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, han señalado que no se puede poner en riesgo la estabilidad del lago, pues además de ser el soporte hídrico de Guadalajara, constituye un ecosistema fundamental para la región. En contraste, León enfrenta un problema serio: su ciudad ha crecido de manera acelerada y la sobreexplotación de sus acuíferos ha reducido de manera crítica el agua disponible. Se estima que cada habitante de León consume alrededor de 250 litros diarios, y sus pozos tienen niveles de abatimiento de hasta dos metros por año, lo que vuelve insostenible depender exclusivamente de las fuentes subterráneas.
El costo del acueducto se ha proyectado en 15 mil millones de pesos, aunque especialistas en infraestructura han advertido que la cifra podría incrementarse con el paso del tiempo. La obra incluye estaciones de bombeo y tramos de conducción que implican un gasto energético elevado, lo que también representa un reto para su operación a largo plazo. Esta inversión es vista por sus críticos como desproporcionada frente a la alternativa de mejorar la gestión del agua en las ciudades, con sistemas de ahorro, tecnificación de cultivos, reutilización y reducción de fugas, que en algunas zonas superan el 40% de las redes urbanas.
La disputa actual recuerda episodios históricos en los que ya se advertía que las guerras del futuro serían por el agua. Hoy ese escenario parece haberse materializado en la cuenca Lerma-Chapala, donde cada metro cúbico se vuelve motivo de enfrentamiento político y social. Mientras Jalisco exige preservar la estabilidad de Chapala, Guanajuato insiste en que su población y su desarrollo no pueden quedar desprotegidos.
El fondo del conflicto radica en un recurso limitado que debe sostener a millones de habitantes de diferentes estados y a un sector agrícola e industrial que consume grandes volúmenes de agua. La falta de acuerdos claros desde hace dos décadas ha derivado en tensiones recurrentes y en proyectos que, lejos de resolver el problema de fondo, generan mayor polarización entre los actores involucrados.
El futuro del acueducto de la presa Solís se ha convertido en un símbolo de lo que está en juego en México y en el mundo: el acceso justo al agua. Los habitantes de León enfrentan una escasez real, Guadalajara depende de la estabilidad de Chapala y la cuenca Lerma-Santiago se encuentra cada vez más presionada por el crecimiento poblacional y la sequía. Este enfrentamiento deja claro que la previsión de que el agua sería el motivo de las disputas del siglo XXI ya es una realidad palpable en la región.