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La historia jurídica y política de México está a punto de experimentar un vuelco trascendental con la inminente transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A partir del 1 de septiembre, los nuevos ministros —electos en la inédita elección judicial por voto popular— se incorporarán al alto tribunal, marcando un antes y un después en la configuración de uno de los tres poderes del Estado.
Lo que hemos presenciado en los últimos meses, coronado por la última sesión del pleno bajo la presidencia de Norma Piña, no es un mero trámite institucional: es el cierre de una era caracterizada por la colegialidad, el debate razonado y una independencia que, con matices, se había logrado sostener.
No se trata de un hecho menor ni de un asunto reservado solo a juristas. Estamos frente a una redefinición de la arquitectura constitucional, pues la Corte, en su función esencial de contrapeso, tendrá que demostrar si mantiene su autonomía o si, por el contrario, se inclina hacia una lógica distinta. Lo que está en juego es el equilibrio mismo de la República.
En su último mensaje, la ministra presidenta Norma Piña sintetizó con sobriedad el momento histórico: “La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad… será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”. Más que un adiós, fue una advertencia: la legitimidad no se hereda ni se garantiza de antemano, se construye con cada resolución.
La colegialidad que caracterizó a la Corte hasta ahora implicaba deliberaciones intensas, muchas veces con resultados imprevisibles. Esa imprevisibilidad era, paradójicamente, la mayor prueba de autonomía: significaba que los jueces resolvían con independencia, más allá de intereses coyunturales. El reto para los nuevos ministros será conservar esa esencia, demostrar con hechos que su origen en las urnas no les resta capacidad de actuar como árbitros imparciales.
Quienes defienden este modelo de elección sostienen que otorga mayor legitimidad democrática a los ministros. Sin embargo, esa legitimidad de origen solo será plena si va acompañada de una práctica judicial que honre la Constitución, que resista presiones y que garantice los derechos de todos. De lo contrario, lo que parecía democratización quedará reducido a un formalismo vacío.
El verdadero punto de inflexión está en las manos de los nuevos togados. Ellos cargarán con la responsabilidad histórica de decidir si la Corte sigue siendo un tribunal supremo de justicia o si se convierte en una instancia más de validación de coyunturas políticas. No es solo un reto jurídico, sino un desafío ético y político que marcará la trayectoria del país en los próximos años.
En cada resolución que emitan, en cada voto razonado o silencio, se irá escribiendo la historia. México recordará a esta nueva integración de la Corte como la que consolidó un tribunal más legítimo, más cercano a la gente y más firme frente al poder, o como la que renunció a su independencia y debilitó el andamiaje democrático del país. Esa es la magnitud de la responsabilidad que cargan.
El 1 de septiembre no se renueva únicamente la composición de un tribunal: se redefine el sentido mismo de la justicia constitucional en México. De lo que hagan —o dejen de hacer— los nuevos ministros dependerá la confianza ciudadana en la justicia y la fortaleza de nuestra democracia.
Por ello, la sociedad, los académicos y los propios operadores jurídicos deben vigilar con rigor el desempeño del nuevo pleno. No basta con haber llegado por voto popular; lo que dará sentido a esta transformación será la forma en que se honre la Constitución y se defiendan los derechos de los mexicanos.
En suma, lo que está por ocurrir en la Suprema Corte no es un ajuste burocrático ni una simple transición institucional: es una encrucijada histórica. El país podría ganar un tribunal con legitimidad renovada, capaz de responder con independencia a los retos de nuestra época, o podría perder la imparcialidad judicial que tanto ha costado construir.
El tiempo dirá si los nuevos ministros pasarán a la historia como los jueces que honraron su responsabilidad ante la nación o como quienes permitieron que la justicia se debilitara. Lo único seguro es que, a partir de septiembre, México no será el mismo, y la Corte estará bajo la mirada atenta de la sociedad y del juicio implacable de la historia.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.