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La democracia mexicana, como toda construcción humana, es perfectible. No es estática ni debe concebirse como un sistema inalterable. Al contrario: la evolución de nuestras instituciones, de la vida política y de la relación entre los ciudadanos y el poder exige actualizaciones periódicas que garanticen procesos más equitativos, eficaces y confiables. Desde esa óptica, resulta pertinente —y hasta saludable— que se abra el debate sobre una nueva reforma electoral.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca modificar de fondo aspectos medulares de nuestro sistema comicial, debe analizarse con seriedad, sin prejuicios ni descalificaciones anticipadas. Sería un error desestimar el planteamiento bajo la lógica de la confrontación o el simple temor al cambio. Al mismo tiempo, también sería un desatino aprobarla sin el debido escrutinio técnico y sin considerar los riesgos que puede acarrear una transformación acelerada y sin consensos amplios.
México ha recorrido un largo y complejo camino hacia la democracia representativa. Las instituciones electorales que hoy tenemos —particularmente el INE, los tribunales especializados y los organismos estatales— no son fruto de una concesión, sino de años de lucha ciudadana, reformas paulatinas y aprendizajes muchas veces dolorosos. Sin embargo, reconocer ese legado no implica cerrarnos a mejorar lo que ya existe.
Entre las inquietudes legítimas que se han planteado, resalta la necesidad de hacer más eficiente y menos costosa la operación electoral. En efecto, el modelo actual puede ser revisado para evitar duplicidades, reducir gastos onerosos y adaptar su estructura a las nuevas tecnologías y dinámicas sociales. La discusión sobre el tamaño del Congreso, la pertinencia de los OPLEs o la modalidad para designar a los consejeros del INE son temas que merecen ser explorados, siempre bajo una óptica de fortalecimiento institucional y no de debilitamiento de la autonomía.
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es, sin duda, la elección directa de consejeros y magistrados electorales. A primera vista, la idea puede parecer democratizadora: ¿por qué no permitir que el pueblo elija a quienes organizan y califican sus elecciones? Sin embargo, el planteamiento requiere un análisis profundo. En sistemas democráticos consolidados, el principio de imparcialidad del árbitro electoral es fundamental. Si estos funcionarios deben hacer campaña, buscar apoyo y competir por votos, existe el riesgo de politización y pérdida de neutralidad. No se trata de rechazar el principio de participación, sino de preguntarnos si este mecanismo es el más adecuado para preservar la legitimidad técnica e imparcial de las autoridades electorales.
Otro aspecto relevante es la propuesta de eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales. La intención de reducir costos y centralizar procesos puede tener sentido desde una lógica administrativa, pero también es necesario valorar la importancia de tener autoridades locales con conocimiento del entorno, cercanía con las comunidades y capacidad de respuesta inmediata. Tal vez no todos los OPLEs han funcionado de manera óptima, pero su desaparición no debería ser automática: podría apostarse, en cambio, por su profesionalización, homologación de estándares y supervisión más rigurosa.
En cuanto a la representación legislativa, es cierto que el sistema actual genera percepciones de sobrerrepresentación y que puede revisarse el número de diputados y senadores, sobre todo los electos por listas plurinominales. No obstante, cualquier modificación en ese sentido debe garantizar que las minorías sigan teniendo voz, que no se desvirtúe la pluralidad y que se mantenga el equilibrio democrático. La proporcionalidad es un pilar de nuestra vida parlamentaria, y reducirla podría acarrear un retroceso en la inclusión política.
Es positivo que la presidenta Sheinbaum haya puesto sobre la mesa un debate tan relevante. Abordarlo con altura de miras permitirá al país avanzar en una reforma de Estado que no se limite al plano electoral, sino que contribuya a redefinir el modelo de representación, la relación entre partidos y ciudadanos, y la confianza en las instituciones.
En este contexto, resulta indispensable que el proceso de discusión sea abierto, plural, técnicamente sustentado y carente de imposiciones. La reforma electoral no puede ser patrimonio de un solo partido ni de una sola visión. Requiere del concurso de todos los actores políticos, sociales, académicos y ciudadanos. Solo así podrá construirse una reforma legítima, duradera y verdaderamente transformadora.
La historia nos ha enseñado que las mejores reformas son las que nacen del consenso. Las que se imponen, por el contrario, suelen generar resistencias, inestabilidad y desconfianza. México no necesita cambios precipitados ni reformas que respondan a coyunturas o mayorías momentáneas. Necesita instituciones fuertes, reglas claras, autoridades confiables y un sistema electoral que refleje con fidelidad la voluntad popular.
Es tiempo, entonces, de actuar con responsabilidad. De dejar de lado la polarización y construir sobre los cimientos ya colocados. Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de pasar a la historia como una estadista que consolidó la democracia, no como alguien que reescribió las reglas en un contexto de ventaja política. Y hasta ahora, con su estilo sereno y técnico, ha demostrado disposición al diálogo. Que así sea también en este tema fundamental.
La ciudadanía, por su parte, debe involucrarse. La democracia no es asunto exclusivo de partidos ni de legisladores. Cada voz cuenta. Cada observación, cada propuesta, cada inquietud debe ser considerada. Porque no se trata solo de cambiar leyes, sino de fortalecer nuestra vida democrática y garantizar que los procesos electorales sigan siendo motivo de orgullo nacional.
En suma, sí: es momento de una reforma electoral. Pero no cualquier reforma. No una diseñada para el corto plazo ni para consolidar hegemonías. Necesitamos una reforma con visión de futuro, centrada en el bien común y construida desde la pluralidad. Una que honre el esfuerzo de generaciones que lucharon por elecciones libres y justas, y que responda a las exigencias de un país cada vez más participativo, más informado y más exigente con sus instituciones.
El reto está planteado. Y también la oportunidad. Hagamos de esta coyuntura un paso hacia una democracia más sólida, más transparente y más nuestra.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.