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Una vez más, el aire se enrarece entre México y Estados Unidos, pero esta vez no por temas migratorios, energéticos o de seguridad, sino por la operación y regulación del espacio aéreo. El Departamento de Transporte de EE.UU. reiteró en días recientes su advertencia al gobierno mexicano: podría imponer restricciones a vuelos procedentes de México si continúa el incumplimiento del Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos de 2015. El señalamiento, aunque aún no formalizado como una acción diplomática concreta, ya ha encendido las alertas en sectores aeronáuticos, empresariales y políticos de ambos países.
Según el organismo estadounidense, el gobierno mexicano ha incumplido sus compromisos al no garantizar condiciones operativas equitativas para las aerolíneas estadounidenses, particularmente al forzar la redistribución de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sin suficiente planeación ni consenso técnico.
La presidenta Claudia Sheinbaum, recién llegada al poder, ha optado por la mesura. Asegura que no existe una notificación oficial y defiende las decisiones de su gobierno como medidas técnicas orientadas a garantizar la seguridad operativa y descongestionar un AICM que desde hace años arrastra problemas estructurales. Recalcó, en tono firme pero diplomático, que “no hay motivo para una sanción”.
Sin embargo, detrás del lenguaje moderado de Palacio Nacional se esconde una tensión evidente. No se trata únicamente de un problema técnico. Se trata de cómo las decisiones unilaterales del Estado mexicano —como la reubicación forzosa de vuelos— pueden vulnerar acuerdos internacionales y, de paso, generar una confrontación innecesaria con el principal socio comercial del país.
El acuerdo bilateral de aviación civil firmado en 2015 fue concebido para abrir nuevas rutas, garantizar competencia leal y permitir mayor inversión entre aerolíneas mexicanas y estadounidenses. Entre sus cláusulas más relevantes está la prohibición de imponer restricciones arbitrarias o discriminatorias que afecten las operaciones transfronterizas.
Desde la perspectiva de Washington, el gobierno mexicano ha violado ese principio. Al limitar las operaciones en el AICM —sin proveer una alternativa competitiva en el AIFA ni resolver los problemas logísticos que lo afectan— se genera un entorno adverso para las aerolíneas estadounidenses, que se han visto obligadas a modificar rutas, cancelar frecuencias o enfrentarse a costos operativos mayores.
El argumento del gobierno federal ha sido constante: el AICM está colapsado y el AIFA es la solución. Sin embargo, las condiciones reales del AIFA no han cambiado sustancialmente desde su inauguración. Su lejanía, las conexiones deficientes con el resto de la zona metropolitana y la limitada demanda de pasajeros han impedido su consolidación como un polo eficiente de transporte aéreo.
Aunque Sheinbaum ha intentado mostrar mayor rigor técnico que su antecesor, el proyecto sigue marcado por una carga política que lo convierte más en símbolo de continuidad del lopezobradorismo que en una solución operativa viable. Los esfuerzos por legitimar el AIFA no deberían implicar la imposición forzada de su uso, ni mucho menos afectar la conectividad internacional de México.
La posibilidad de que Estados Unidos imponga restricciones a los vuelos desde México ya no es una mera especulación. Sería la primera vez en décadas que se materializa una represalia aérea de esa magnitud en la región. Aerolíneas como Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris podrían verse afectadas de manera directa, perdiendo rutas clave y sufriendo un golpe en su competitividad internacional.
El impacto también alcanzaría a la economía en general: menor conectividad, caída en el turismo, reducción de inversión extranjera y pérdida de empleos directos e indirectos. Y, lo más preocupante, un deterioro de la relación bilateral justo en momentos en que ambos países enfrentan desafíos compartidos en seguridad, comercio y transición energética.
Además, en el marco del Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T-MEC), las decisiones unilaterales que alteren las condiciones de libre comercio y competencia pueden derivar en controversias legales y sanciones. Lo que hoy parece una disputa aérea podría mañana escalar a los tribunales internacionales o a una nueva tensión geopolítica.
Lo urgente hoy no es defender con discursos la soberanía o negar las advertencias diplomáticas, sino actuar con sensatez. El rediseño del sistema aeroportuario del Valle de México requiere visión de Estado, seriedad técnica y voluntad de diálogo. Ni el AIFA, ni el AICM, ni el aeropuerto de Toluca deben operar de forma aislada, sino como parte de un ecosistema integrado, con inversiones estratégicas y sin imposiciones políticas.
El momento exige una mesa técnica binacional, donde expertos en aviación, diplomáticos y representantes del sector privado analicen el cumplimiento del acuerdo de 2015 y definan rutas realistas para una operación aérea sostenible, eficiente y justa para ambos países.
El nacionalismo mal entendido no resuelve crisis, y mucho menos cuando se enfrenta a compromisos internacionales claros. La defensa de un proyecto emblemático no puede convertirse en obstáculo para la modernización del país ni para su papel en el concierto global.
Ignorar los señalamientos de Estados Unidos, minimizar su impacto o refugiarse en tecnicismos no evitará las consecuencias. En diplomacia, como en aviación, los retrasos cuestan, y las malas decisiones pueden dejar a un país varado.
México no puede permitirse aislarse ni poner en riesgo su conectividad aérea por tozudez política. El cielo es de todos, pero su uso responsable exige acuerdos, visión y respeto. Que esta turbulencia no termine en una tormenta innecesaria.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.