El gobierno federal y la llamada Cuarta Transformación impulsan en 2025 un nuevo paquete de reformas que busca crear una CURP con datos biométricos obligatoria para todos los ciudadanos mexicanos. Este documento, según el Ejecutivo, unificará registros civiles, fiscales, bancarios y de salud, y permitirá a las autoridades tener acceso inmediato y centralizado a la identidad de cada persona.
Sin embargo, organizaciones civiles y partidos de oposición advierten que esta medida abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en el país.
La nueva CURP biométrica incluirá huellas dactilares, reconocimiento facial, firma electrónica, fotografía digital y datos del iris, todos recopilados y almacenados en una base nacional bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación. También contendrá información fiscal, de seguridad social, historial laboral, escolar y datos de contacto, lo que la convertiría en el principal documento de identificación en trámites públicos y privados. Su uso será obligatorio para acceder a servicios de salud, educación, cobros bancarios, licencias y procesos electorales.
El argumento del gobierno es que se trata de una medida para “evitar fraudes, duplicidad de identidades, robo de datos y crimen organizado”. Además, permitirá acelerar trámites, evitar corrupción en programas sociales y modernizar la gestión pública. No obstante, sectores críticos alertan que se trata de una estrategia de control ciudadano, ya que la centralización de datos personales sensibles en una sola plataforma puede ser usada con fines políticos o represivos.
Más allá del documento de identidad, el paquete de reformas también contempla modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que otorgarían al gobierno la facultad de intervenir llamadas, rastrear celulares, revisar mensajes y acceder a historiales de navegación sin orden judicial previa. Estas nuevas atribuciones de vigilancia podrían aplicarse bajo criterios tan amplios como “seguridad nacional”, “interés público” o “preservación del orden”, dejando amplio margen para el abuso.
El paquete de reformas, que ya ha sido aprobado en comisiones del Congreso, también obliga a las empresas telefónicas y proveedores de internet a mantener durante cinco años un historial detallado de llamadas, mensajes, ubicaciones y contactos de todos sus usuarios, el cual deberá ser entregado al gobierno cuando así lo requiera. Esto ha encendido alarmas entre defensores de derechos digitales, quienes aseguran que se está construyendo una infraestructura legal para espiar a la población sin supervisión judicial.
Diversas bancadas de oposición, especialmente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, han calificado la iniciativa como “autoritaria” y han advertido que con esta CURP biométrica se está instalando un régimen de hipervigilancia al estilo de gobiernos totalitarios, con la justificación de combatir el crimen. También han señalado que, en manos equivocadas, este sistema podría ser usado para perseguir opositores, periodistas, activistas o cualquier voz crítica al régimen.
Organizaciones como Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales y otras agrupaciones civiles han pedido a la Suprema Corte de Justicia que frene esta iniciativa, ya que viola el derecho a la privacidad, la presunción de inocencia y la libertad de expresión. También alertan del riesgo de que estos datos biométricos sean hackeados, vendidos o mal utilizados por funcionarios públicos o empresas privadas, como ha sucedido con filtraciones anteriores de bases de datos gubernamentales.
Mientras tanto, el gobierno avanza con su plan y asegura que este nuevo sistema será obligatorio antes de que termine 2025. En un contexto donde el poder presidencial se ha concentrado y la transparencia institucional se ha debilitado, la CURP biométrica aparece para muchos como el rostro más moderno del autoritarismo digital, donde cada movimiento del ciudadano podría ser observado, rastreado y registrado sin que medie una sola orden judicial.