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La reciente aparición pública del expresidente Enrique Peña Nieto —luego de años de silencio y lejanía de la escena nacional— trajo consigo un mensaje que sacudió el tablero político: la defensa del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Más allá de la figura del exmandatario, sus declaraciones avivaron un debate crucial y pendiente sobre el rumbo que deben seguir los proyectos estratégicos del país. La mención del NAIM, más que un ejercicio de nostalgia, representa una llamada de atención sobre las consecuencias de gobernar con visión de corto plazo.
En un país de memoria corta, este gesto ha resucitado uno de los debates más simbólicos de los últimos años. El NAIM, independientemente de su viabilidad técnica, presupuestal o ambiental, se convirtió en un parteaguas político, una suerte de campo de batalla entre visiones contrastantes de nación. Su cancelación, avalada por una consulta ciudadana en 2018, fue uno de los primeros actos de fuerza de la Cuarta Transformación, y sirvió para reafirmar que había llegado un nuevo régimen, uno que pretendía romper con inercias del pasado.
Peña Nieto, al retomar la defensa del NAIM, no sólo busca reivindicar su proyecto insignia —ese que se gestó con bombos y platillos y que prometía convertir a México en un hub aéreo de talla mundial— sino que también, de forma implícita, reclama un espacio en la narrativa histórica de la infraestructura nacional. En su discurso, reitera que el aeropuerto cancelado era una obra estratégica, necesaria y visionaria. Y aunque su postura pueda tener sustento técnico, resulta inevitable que se lea también como un acto político: un intento de rescatar su legado ante una opinión pública que ha oscilado entre el escepticismo y el olvido.
Pero más allá del personaje, y sin caer en el simplismo de elogiar o condenar sin matices, el momento obliga a reflexionar sobre la importancia de construir una visión de país donde las decisiones trascendentales no se conviertan en monedas de cambio sexenal. Porque más allá de colores o ideologías, el tema del NAIM evidencia una falla estructural que sigue lastrando al desarrollo nacional: la ausencia de continuidad en los grandes proyectos de Estado.
La cancelación del NAIM significó, sin duda, un golpe a la planeación de largo plazo. No sólo se interrumpió una obra con múltiples contratos firmados y avances físicos considerables; también se enviaron señales confusas a los mercados y a la inversión privada, pues el proyecto se encontraba entre los más ambiciosos del mundo en términos de conectividad. Se argumentó entonces que existían problemas de corrupción, sobrecostos y afectaciones ambientales.
El nuevo aeropuerto en Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ha enfrentado sus propios desafíos, particularmente en materia de conectividad, movilidad y rentabilidad. Aunque ha sido defendido con firmeza por el actual gobierno, e incluso ha mostrado avances en su operación comercial, no se ha logrado aún consolidar como la solución definitiva al problema de saturación del sistema aeroportuario del Valle de México. La realidad obliga a reconocer que la cancelación del NAIM no resolvió el problema de fondo, sólo lo desplazó.
En este contexto, la reaparición de Peña Nieto y su defensa del NAIM no debería leerse únicamente como un intento de protagonismo tardío. Podría, en cambio, asumirse como una oportunidad para debatir con seriedad y sin estridencias sobre cómo debe construirse la infraestructura nacional en el futuro. Porque el país necesita avanzar hacia un modelo en el que los proyectos estratégicos —de infraestructura, de energía, de educación, de salud— trasciendan el corto plazo, y no queden a merced de los vaivenes políticos.
Claudia Sheinbaum, tiene frente a sí el desafío de gobernar con una visión integradora, reconocer los avances de la administración pasada y corregir errores. Uno de sus retos más relevantes es justamente ese: construir consensos para que las decisiones de política pública no se tomen por cálculo electoral, sino con base en diagnósticos técnicos, análisis de costo-beneficio y, sobre todo, una visión de largo plazo.
México no puede permitirse seguir enterrando proyectos multimillonarios cada seis años. Lo vimos con el NAIM, pero también con el Tren Interoceánico, con ciertas reformas educativas, con programas sociales y hasta con políticas ambientales. La inversión pública es un bien escaso y su mala planeación termina afectando no sólo a las finanzas del Estado, sino a millones de ciudadanos que esperan servicios e infraestructura de calidad.
Tampoco se trata de idealizar lo que fue el NAIM. Su planeación, como muchos han señalado, estuvo plagada de opacidad. Se presume la existencia de documentos que prueban sobrecostos, irregularidades en licitaciones y una falta de atención adecuada a los impactos ambientales. Pero eso no invalida la necesidad de haber encontrado una salida técnica al problema, en lugar de una decisión basada en una consulta limitada en su alcance y con escasa participación.
La Cuarta Transformación, ha tenido aciertos y también ha cometido errores. No reconocerlo sería caer en la complacencia. Así como no se puede soslayar que el gobierno de Peña Nieto dejó un país con pendientes graves en corrupción, desigualdad y violencia, tampoco es justo desestimar que algunos de sus proyectos —como el NAIM— sí respondían a una lógica de integración económica que, bien corregida y supervisada, pudo haber aportado al desarrollo.
El fondo del debate no es el pasado, sino el rumbo que queremos tomar como país. Construir una infraestructura nacional sólida exige políticas de Estado, no de sexenio; requiere memoria, pero también responsabilidad intergeneracional. Que la voz de Peña Nieto haya roto el silencio puede parecer anecdótica, pero lo verdaderamente importante es lo que como sociedad decidamos hacer con esa conversación.
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@salvadorcosio1
(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.