El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) nació en 1990 como un mecanismo para apoyar a bancos en problemas de liquidez, pero se transformó en uno de los capítulos más polémicos de la historia financiera de México. Durante la crisis de 1994-1995, bajo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, el país vivió una de las peores devaluaciones del peso, una brutal alza en tasas de interés y una fuga de capitales que dejó a millones de mexicanos sin capacidad de pagar sus créditos. Los bancos comenzaron a colapsar y el gobierno intervino: mediante el Fobaproa, el Estado absorbió la deuda privada de empresarios, bancos y grandes corporaciones.
El monto del rescate fue monumental. El gobierno convirtió más de 552 mil millones de pesos en deuda pública, lo que representó el 20% del PIB nacional en ese momento. La operación salvó a instituciones como Banamex, Bancomer, Serfín, Bital e Inverlat, que fueron beneficiadas al transferir sus carteras vencidas al Fobaproa. Pero también resultaron favorecidas empresas como TV Azteca, Grupo Maseca, Grupo Posadas, Cifra (hoy Walmart), Alfa y muchas más, que pudieron trasladar sus deudas millonarias al erario. En lugar de quebrar, muchos de estos grupos crecieron y prosperaron.
Entre los empresarios que se beneficiaron del Fobaproa destacan algunos que años después se acercarían a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Uno de ellos fue Raymundo Gómez Flores, propietario de DINA y Minsa y cuya familia fue rescatada con decenas de millones de pesos. Hoy su hija, Altagracia Gómez Sierra, es una de las principales asesoras económicas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otro caso es el de Alfonso Romo, dueño del Grupo Pulsar, que recibió apoyos durante el rescate financiero y que años más tarde fue jefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador. También aparecen empresarios que más tarde han sostenido una relación cercana con gobiernos de izquierda, generando controversias sobre el discurso de “no perdonar la corrupción del pasado”.
El rescate generó una fuerte indignación social. Las voces críticas, encabezadas entonces por el PRD y el PAN, exigieron transparencia y denunciaron que se socializó la deuda de unos pocos privilegiados. En 1998, el Congreso ordenó la publicación de la lista de beneficiarios del Fobaproa. Muchos de esos nombres fueron clasificados como información reservada por años. Para institucionalizar el manejo de la deuda, en 1999 se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el cual heredó el pasivo y hasta hoy lo administra.
El costo ha sido altísimo. Según datos del IPAB, hasta el año 2024 los mexicanos han pagado más de 1.2 billones de pesos solo en intereses por esa deuda. El cálculo oficial es que seguirá pagándose hasta el año 2070, lo que significa que varias generaciones continuarán absorbiendo el impacto de aquella decisión tomada en nombre de la estabilidad del sistema financiero. El Fobaproa es hoy una de las deudas más largas y caras en la historia del país.
El debate revivió recientemente cuando el expresidente Ernesto Zedillo defendió su decisión, asegurando que, de no haberse rescatado a los bancos, México habría enfrentado un desastre económico como el de Venezuela. Sus declaraciones provocaron la respuesta inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el Fobaproa como “el mayor acto de saqueo institucionalizado del neoliberalismo mexicano”, y lo señaló como ejemplo de una política que protegió a banqueros y empresarios a costa del pueblo.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comentó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional de este 1 de mayo, que la cantidad total del Fobaproa es de 73 mil 775 millones 429 mil 262 de Pesos, de acuerdo con el reporte confidencial de operaciones reportables identificadas durante el Programa de Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro