La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), creada para ser un contrapeso del poder y una defensora de los ciudadanos frente a los abusos del Estado, ha perdido fuerza y presencia desde que Rosario Piedra Ibarra asumió la presidencia en noviembre de 2019.
Su cercanía con el gobierno federal y su militancia en Morena han sido señaladas como factores que han debilitado su independencia. Desde entonces, la comisión ha sido acusada de mantener una actitud complaciente frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por el propio gobierno, como la militarización de la seguridad pública, la falta de atención a migrantes o los abusos durante la pandemia de COVID-19.
Un ejemplo claro de esta actitud omisa es el escaso número de recomendaciones emitidas durante esta gestión. En 2023, la CNDH apenas emitió 52 recomendaciones, una de las cifras más bajas de los últimos 20 años. Para comparar, en 2010, bajo la presidencia de Raúl Plascencia, se emitieron 105 recomendaciones, y en 2017, con Luis Raúl González Pérez al frente, fueron 109. La disminución no solo es numérica, sino también en el tono: las recomendaciones actuales suelen evitar señalar directamente al presidente o a dependencias clave como la Secretaría de la Defensa Nacional.
Casos como el de los migrantes muertos en la estación del INM en Ciudad Juárez en 2023, la tragedia de la Línea 12 del Metro o el espionaje con Pegasus durante este sexenio, han pasado sin que la CNDH emita pronunciamientos firmes o exigencias claras al gobierno federal. En contraste, en sexenios pasados, la comisión se confrontó abiertamente con el poder, como ocurrió en 2014 tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde se emitieron informes contundentes que provocaron tensión con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Además de las recomendaciones, la visibilidad pública de la institución ha caído de forma notable. Las conferencias de prensa, pronunciamientos en medios y acciones legales ante violaciones graves se han reducido. Hoy, la CNDH parece ausente en temas que antes eran centrales en su agenda: feminicidios, desapariciones forzadas, abuso de la fuerza pública o desplazamientos forzados. Incluso en el tema de violencia contra periodistas, la comisión ha emitido solo tres recomendaciones en lo que va del sexenio, a pesar de que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Organizaciones civiles y colectivos de víctimas han cuestionado la efectividad de la CNDH bajo la administración de Piedra Ibarra, y han optado por recurrir directamente a organismos internacionales como la CIDH o la ONU. La credibilidad de la institución también ha sido dañada por declaraciones que defienden al gobierno federal incluso en temas delicados, como las muertes por COVID-19 en hospitales públicos sin insumos suficientes o las acciones del Ejército en tareas de seguridad pública.
La pasividad de la CNDH ha generado un vacío en la defensa de los derechos humanos en México, justo en un momento donde el poder presidencial ha mostrado una creciente concentración de decisiones. Mientras antes era vista como una piedra incómoda en el zapato del gobierno, hoy parece un organismo silente que acompaña al poder en lugar de vigilarlo. La historia de la CNDH como un contrapeso activo parece desvanecerse en esta administración, dejando en el aire la pregunta de quién defenderá los derechos cuando el Estado es quien los vulnera.