miércoles, abril 2

Manipulando la justicia

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A pesar de que a muchos dejó insatisfechos la actuación del ex rector de la UNAM Enrique Graue, al momento de fijar una postura y tomar acciones respecto al presunto caso de plagio de tesis por parte de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, y que fue tachado de tibio, débil, y hasta cobarde por no enfrentar el caso como correspondía, resultó que la más ofendida fue la asesora de tesis de la ministra, quien presentó un recurso judicial por presunto daño moral en su contra, y todo lo que se le ocurrió establecer en su queja, y una jueza le dio la razón fijando un par de condenas millonarias.

El pasado 28 de febrero, la juez Flor de María Hernández Mijangos, titular del juzgado Cuarto de lo Civil de proceso escrito del Tribunal Superior de justicia de la CDMX, condenó al ex rector y a Fernando Maceda Chagolla, ex director de la FES Aragón, por daño moral en agravio de la maestra obligándolos a pagarle 15 millones de pesos cada uno y les prohibió volver a expresarse públicamente sobre ella.

La resolución, establece que “los condenados, Enrique Luis Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas, carentes de veracidad e imparcialidad respecto de la actora, irrogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación”.

Hay que recordar que Martha Rodríguez, quien fuera asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel y de Edgar Ulises Báez, quedó en el centro de la polémica cuando en diciembre de 2022 se reveló que los trabajos recepcionales de ambos, presentados en 1987 y 1986 respectivamente, eran prácticamente idénticos.

Este hecho llevó a que Esquivel Mossa, quien actualmente compite en la elección judicial del próximo 1 de junio, fuera señalada por presunto plagio en su tesis de licenciatura.

Ante la controversia, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón llevó a cabo un análisis de ambas tesis y concluyó que la ministra había copiado una parte sustancial del contenido del trabajo de Báez Gutiérrez.

Posteriormente, la FES Aragón inició una investigación administrativa contra Rodríguez, notificándole mediante el oficio FESAR/DIRA/OJUR/002/2023 su citación a audiencia para el 12 de enero de 2023.

El oficio en cuestión contenía un recuento de los hechos y pruebas que la FES tenía hasta el momento, además de advertir a Rodríguez que, de acreditarse su participación en dichas conductas, se procedería a la rescisión de su contrato con la UNAM.

En su demanda, Rodríguez argumentó que este documento reflejaba opiniones infundadas del director de la FES Aragón, quien la señalaba como partícipe de conductas particularmente graves.

Finalmente, el 17 de enero de 2023, tras la audiencia de investigación administrativa, la FES Aragón rescindió el contrato de Rodríguez. Durante la misma, la profesora admitió haber compartido el proyecto de tesis de Esquivel Mossa con Edgar Ulises Báez.

Además, en la investigación surgieron otras seis tesis con características similares a la de la ministra, cinco de las cuales contenían incluso los mismos errores gramaticales.

En su contestación a la demanda, Maceda Chagolla transcribió íntegramente el oficio en cuestión para contextualizar su postura ante la juez. Sin embargo, la juzgadora interpretó este acto como una confesión de responsabilidad.

La profesora también argumentó que la UNAM y el exrector Graue divulgaron públicamente el caso, a pesar de que el proceso debía mantenerse en reserva hasta que existiera una sentencia definitiva.

En particular, mencionó el editorial publicado en la Gaceta Oficial de la UNAM del 12 de enero de 2023, donde el rector refirió las conclusiones del Comité de Integridad de la FES Aragón, así como el mensaje del 26 de enero del mismo año en el que informó sobre las medidas adoptadas por la institución para evitar casos similares en el futuro.

Compartir tesis como referencia no es delito: Asesora de Yasmín Esquivel

Rodríguez subrayó que, en la fecha en que fue señalada, la legislación universitaria no contemplaba como ilícito el hecho de compartir una tesis con un alumno para que tomara referencia en la elaboración de su propio trabajo, argumentando que esto se enmarcaba dentro de la libertad de cátedra.

En consecuencia, la juzgadora condenó a Graue y Maceda Chagolla no solo al pago de los 15 millones de pesos, sino también a una rectificación pública.

En su momento, a Enrique Graue se le criticó por su tibia posición para enfrentar a la ministra y a los poderes que la respaldaban.

Actualmente enfrenta una condena judicial millonaria que, alrededor de 300 académicos y profesionales han reprobado a través de un desplegado que se publicó el martes en el que entre otras cosas refieren:

“La condena impuesta por un tribunal de la Ciudad de México al exrector de la UNAM y al exdirector de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la misma Universidad, expresa de forma escandalosa las desviaciones a las que conduce la manipulación de la justicia con propósitos políticos”, expresaron.

La sentencia de la juez Flor de María Hernández Mijangos premia a la asesora de tesis ostensiblemente plagiadas y castiga a los funcionarios que, en representación de la UNAM, tuvieron que ocuparse de ese asunto. La justicia, en este caso, es deformada para favorecer una venganza política”, denunciaron los académicos.

Los firmantes expresaron su confianza en que las instancias judiciales, ante las que han apelado los demandados, reivindiquen el derecho y desechen la demanda de Rodríguez Ortiz.

Entre los firmantes del documento destacan reconocidos académicos e investigadores de la UNAM, como Adrián Guillermo Aguilar, del Instituto de Geografía; Alejandro Alagón Cano, investigador emérito del Instituto de Biotecnología; Karina Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Carlos Arámburo de la Hoz, investigador emérito del Instituto de Neurobiología; Roger Bartra, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales; Leticia Bonifaz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Lorenzo Córdova Vianello, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Antonio Lazcano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias; María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Algunos periodistas, escritores y analistas políticos también firmaron el documento, como: Rubén Álvarez Mendiola, periodista; Carlos Bravo Regidor, analista político; Federico Reyes Heroles, escritor; Rafael Pérez Gay, escritor; y Guillermo Sheridan, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y crítico literario.

El desplegado seguramente le servirá de poco a los demandados, aunque todavía tendrán la posibilidad de apelar la desmesurada sentencia.

Opinión.salcosga23@gmail.com

@salvadorcosio1

(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.

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