La Nueva Central Camionera de Guadalajara se ha convertido en un punto crítico para la desaparición de jóvenes en Jalisco. A lo largo del año, decenas de muchachos han llegado a este sitio convencidos de asistir a entrevistas de trabajo que en realidad son trampas utilizadas por grupos del crimen organizado. Lejos de encontrar empleo, muchos terminan sin dejar rastro, víctimas de un mecanismo de engaño que ha crecido en escala y sofisticación.
El patrón se repite con alarmante regularidad: las víctimas reciben mensajes por redes sociales donde se les promete un puesto laboral bien pagado, con transporte incluido. Una vez que aceptan, se les envía un boleto de autobús y se les indica que deben presentarse en la central. Al llegar, son abordados por sujetos que se identifican como representantes de la supuesta empresa, quienes los llevan a vehículos sin placas que los alejan del lugar sin dejar registro.
Sobrevivientes que han logrado escapar relatan que son trasladados a zonas rurales en municipios como Teuchitlán, Ameca o Tala, donde son forzados a recibir entrenamiento con armas, adoctrinamiento criminal y amenazas. Los que se niegan a colaborar desaparecen o son ejecutados. En ranchos y casas abandonadas se han encontrado restos humanos, mochilas, identificaciones y otros objetos que pertenecían a los desaparecidos.
En el entorno de la central han sido halladas pertenencias abandonadas como ropa, celulares, boletos rotos e incluso cédulas de identificación. Colectivos de búsqueda aseguran que al menos 67 desapariciones están ligadas a este punto, aunque el número podría ser mucho mayor si se consideran víctimas provenientes de otros estados que no figuran en los registros oficiales de Jalisco.
Ante esta situación, el gobierno estatal puso en marcha un operativo especial a finales de 2024, con la participación del Ejército, la Guardia Nacional y policías locales. Se colocaron cámaras conectadas al C5, se instalaron módulos de atención ciudadana y se reforzó la seguridad con inspecciones en los accesos. Gracias a estas medidas, se ha logrado rescatar a 29 jóvenes que estaban en riesgo de ser reclutados.
Pese a estos esfuerzos, organizaciones civiles denuncian que los operativos han sido reactivos y que falta una estrategia de inteligencia para desmantelar las redes de reclutadores. También acusan a la administración de la central de obstaculizar las investigaciones, al negarse a proporcionar grabaciones o facilitar el acceso a datos clave para rastrear a los responsables.
Uno de los puntos más oscuros de esta red es el llamado Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, donde se han documentado restos humanos y evidencia de campos de entrenamiento forzado. Las autoridades sospechan que es uno de los principales destinos donde terminan los jóvenes captados en la central, utilizados como mano de obra criminal bajo amenaza de muerte.
La situación ha colocado a Jalisco como uno de los estados con más casos de desaparición en el país, y la central camionera como un foco rojo de reclutamiento forzado. La promesa de un trabajo se ha convertido en una trampa mortal para decenas de jóvenes, mientras sus familias enfrentan el dolor y la incertidumbre sin una respuesta clara de las autoridades.