Durante 2024, Jalisco se mantuvo como el estado con mayor número de personas desaparecidas en todo el país. Con más de 15,400 casos activos hasta junio, la entidad lidera el registro nacional, superando ampliamente a otros estados como el Estado de México y Veracruz. Esta cifra representa un aumento sostenido respecto a años anteriores y evidencia una crisis profunda de seguridad y derechos humanos.
Los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá concentran más del 55% de los casos. Guadalajara encabeza con más de 2,600 reportes, seguido por Zapopan con alrededor de 2,400, mientras que Tlajomulco supera los 1,500 casos. Estas cifras reflejan una alta incidencia en la zona metropolitana, donde la violencia vinculada al crimen organizado y la impunidad institucional siguen siendo factores predominantes.
El grupo más afectado por las desapariciones son los jóvenes entre 20 y 34 años, que representan el 44% del total. En el caso de las mujeres, la mayoría de los reportes corresponden a adolescentes de entre 15 y 19 años. Tan solo en los primeros cinco meses del año se reportaron más de 1,200 desapariciones de menores, lo que subraya la vulnerabilidad de este grupo frente a redes delictivas o casos de trata.
La crisis forense en el estado ha alcanzado niveles alarmantes. Actualmente se tienen más de 2,300 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses. En lo que va del año se han localizado más de 230 cadáveres en fosas clandestinas, en su mayoría en Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto. Muchos de estos restos se encuentran almacenados en contenedores o incluso en tráileres refrigerados, sin que se hayan podido procesar para su identificación.
Los hallazgos de fosas clandestinas se han vuelto constantes. Colectivos de búsqueda reportan ubicaciones casi cada semana, con restos humanos en bolsas, enterrados o parcialmente calcinados. Tlajomulco se ha convertido en uno de los puntos críticos, con más de 60 fosas localizadas desde enero. Esta normalización del hallazgo de restos humanos demuestra la falta de control y la violencia sistemática en el estado.
El porcentaje de personas localizadas sin vida en Jalisco alcanza el 15.6%, una cifra que dobla el promedio nacional. En municipios como El Salto y Tlajomulco, el porcentaje sube hasta el 28 y 30%, respectivamente. Estas tasas reflejan una violencia letal extendida y la ineficacia de las políticas de prevención o reacción por parte de las autoridades.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses opera en condiciones de colapso. La escasez de peritos, laboratorios y espacios para resguardar cuerpos ha derivado en múltiples casos de restos almacenados en condiciones inadecuadas o entregados por error. Aunque se han anunciado inversiones, la infraestructura actual es insuficiente para enfrentar el volumen de cuerpos no identificados que llegan mes con mes.
Miles de familias siguen buscando a sus seres queridos sin respuesta del Estado. La falta de resultados en las investigaciones, el rezago forense y la impunidad generalizada convierten la desaparición en una condena silenciosa. La crisis humanitaria que vive Jalisco exige atención urgente, recursos suficientes y una transformación de fondo en el trato institucional a las víctimas.