El Consejo General del INE aprobó que el tope de gastos de campaña para las y los candidatos de la elección judicial sea de 220 mil pesos, sin importar si harán campaña nacional, por circunscripción, por circuito o distrito electoral.
Lo anterior, luego de una discusión de casi tres horas en la que el consejero Uuc Kib Espadas propuso hacer una diferenciación a la baja, es decir, para quienes tuvieran que hacer campaña nacional, 220 mil pesos de tope, pero bajar a 162 mil para quienes realizarán campañas a nivel circunscripción, distrital y por circuito.
La consejera Carla Humphrey solicitó elevar la cantidad y diferenciar también, mientras la consejera presidenta Guadalupe Taddei propuso 1.4 millones para las campañas nacionales, 881 mil pesos para las campañas por circunscripción, 413 mil para campañas por circuito, y los 220 mil para campañas distritales.
Sin embargo, ganó la propuesta de mantener 220 mil pesos de tope para todos, sin considerar la territorialidad de la campaña.
El artículo 96 de la Constitución Política señala que las candidaturas no pueden tener financiamiento público ni privado, por lo que tendrán que valerse de sus propios recursos para cubrir los gastos que realicen para promocionarse, puntualizó el Instituto Nacional Electoral.
Humprey detalló que el tope de gastos de campaña corresponde a gastos personales, viáticos y traslados que permitan a las candidaturas autonomía sobre los recursos que dispongan sin que resulten excesivos.
Mientras Talleres Gráficos ha impreso alrededor de 70 millones de boletas para elegir ministraturas de la Corte y casi 10 millones para magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral, ayer, el Consejo General dio el visto bueno a las listas de candidaturas para los cargos restantes: Tribunal Disciplinario, Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito.
Esto con el fin de enviar las listas a Talleres Gráficos y ordenar el inicio inmediato de la impresión de estas boletas que estaban pendientes por los errores que se detectaron en las listas entregadas por el Senado de la República, entre los cuales había registros sin teléfono de contacto, CURP, correo electrónico y dirección.