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Como lo dije en esta columna, la auditoría realizada al Sistecozome, es de tal gravedad que amerita su cierre definitivo pues para este enfermo (como lo consideró con ternura la contralora Teresa Brito), ya no hay cura posible.
Sin embargo, el gobierno estatal prefiere revisar alternativas operativas para mantenerlo con vida artificial –como ha vivido desde hace varios años–, con un alto costo al erario porque la fórmula que nació como una alternativa a una emergencia, se convirtió ahora en la emergencia.
Pocos recuerdan que Sistecozome surgió tras una disputa que en su tiempo vivió el exgobernador Flavio Romero de Velasco con la Alianza de Camioneros.
Impactado por una huelga general, Flavio emitió una convocatoria en 1982 a través de los diarios para invitar a particulares a brindar el servicio por medio de camionetas, combis, vans y otro tipo de vehículos.
De aquella medida supuestamente temporal, surgió entonces la exigencia de los emergentes de ser considerados para seguir brindando el servicio y así fue incluido el transporte subrogado el 16 de agosto de 1982 dentro del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara el 16 de agosto de 1982.
Lo que siguió es de sobra conocido. Pésimas administraciones –incluida la actual de Javier Contreras–, convirtieron a la empresa en un barril sin fondo que fue perdiendo rutas y que finalmente se convirtió en un simple administrador de los subrogados y con un parque vehicular mínimo para atender las escasas corridas que le quedan.
Hoy sin camiones, sin rutas y hasta casi sin trabajadores, Sistecozome acumula una deuda que ronda los 500 millones de pesos.
Por si fuera poco enfrenta una veintena de denuncias y unas 150 demandas laborales que van acumulando los laudos.
Sin embargo, Servicios y Transportes padece la misma historia.
Fue una empresa en la que primero el gobierno estatal intervino como socio y finalmente la compro a particulares.
Aunque contaba con rutas extraordinarias como la 275 diagonal entre otras, la empresa pronto se convirtió en un auténtico desastre administrativo, operativo y en una auténtica caja chica del gobernante en turno.
Hasta mediados de año sumaba casi mil 500 millones de pesos en deudas y la mayor parte es con el propio gobierno estatal que ha inyectado recursos para su supervivencia.
Durante varios años se dio un robo descarado en talleres donde los camiones entraban por una falla menor y se “perdían” hasta los motores.
Pero también se dieron operaciones increíbles. El arrendamiento de una flota de camiones Dina con motores Caterpillar. La empresa encargada del mantenimiento no cumplió y el parque se vino a pique.
Increíblemente, en lugar de reclamar al proveedor, Servicios y Transportes pide un préstamo al Gobierno del Estado para pagar las unidades.
Un ex director de esta empresa me contó esta y otras historias extrañas como la compra del terreno cerca de Tesistán donde construyeron sus oficinas generales, además de triangulaciones irregulares donde entraban recursos de Finanzas para pagar a empresarios cercanos del gobernador, robo hormiga de autopartes y “ordeña” de combustibles y otras linduras.
En su momento hubo un empresario que ofreció cien millones de pesos por la ruta 275, lo que el gobierno estatal declinó aceptar.
Ahora, las dos empresas propiedad del gobierno estatal, suman una deuda cercana a los dos mil millones de pesos. Extrañamente, así como están tocadas de muerte, todavía tuvieron recursos para comprar decenas de unidades a la compañía Dina, del empresario con estrella Raymundo Gómez Flores, pero esa, como diría la –esta si fallecida– Nana Goya, es otra historia.
