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La más enredada madeja creada por la compañía española Abengoa y sus filiales en varios países del mundo incluido México, han abierto un gigantesco boquete en las finanzas de distintas instituciones públicas que no ha podido cubrirse.
En esta lista de pendientes, destacan los 603 millones de pesos aportados por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en fondos bursátiles para apuntalar las finanzas de la compañía que ha venido dando tumbos al grado de rechazar la concesión para construir y administrar el acueducto de la presa el Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato.
Pero no es el primer proyecto en el cual el grupo tira la toalla. En Chihuahua comenzó la construcción de la termoeléctrica Norte III, cuya licitación ganó hace tres años el 15 de enero de 2015 para sacar adelante el complejo que generaría 906 megawatts en la modalidad de productor externo de energía.
Abengoa alcanzó a vender el proyecto al consorcio integrado por el fondo Macquarie Capital y la empresa Techint Ingeniería y Construcción, quienes culminarían la central que fue abandonada al 30 por ciento por los problemas financieros de la firma española.
En el caso del acueducto del Zapotillo, había ganado la licitación OCLSP-DAPDS-01-11 por cuatro mil 569 millones de pesos para construir el acueducto de 140 kilómetros que llevaría agua a la ciudad de León, Guanajuato.
Por la concesión, una subsidiaria podría potabilizar y entregar hasta 3.8 metros cúbicos de agua a Léon y 1.8 metros cúbicos a poblaciones de Los Altos de Jalisco, servicio por el que cobraría mensualmente 39 millones 696 mil pesos, unos 476 millones de pesos anuales y cerca de 12 mil millones de pesos al término de la concesión de 25 años.
No obstante, por problemas financieros, renunció a la concesión que ahora busca vender mientras reclama al gobierno federal una indemnización por dos mil millones de pesos, pese a haber recibido 780 millones de pesos del fideicomiso creado para la obra y por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal).
En 2016, la firma fue declarada en concurso mercantil por el juzgado sexto mercantil, tras una serie de demandas presentadas por acreedores como Banco Base.
También Infonavit interpuso una denuncia ante la PGR contra la empresa española tras perder 700 millones de pesos, tras inversiones bursátiles en las que no pudo recuperar intereses y capital.
Pese a este panorama, Pensiones del Estado apostaba a la recuperación de Abengoa en sus renegociaciones para recuperar los 603 millones de pesos invertidos, operación por cierto que se encuentra reservada.
Sin embargo, no existen en el horizonte indicios que muestren la buena voluntad del grupo español para que esto suceda. Por ejemplo, una práctica para eludir la quiebra por la deuda acumulada estimada en nueve mil millones de euros, fue extraer los recursos de sus filiales en 76 países (incluidos los más de 600 millones de Pensiones).
En los primeros días de 2018, Abengoa reveló sus planes de vender el proyecto de la planta de cogeneración A3T ubicaba en Tabasco a la canadiense Algonquin Power & Utilities Corporation o a Atlantica Yield por un importe que rondará los 500 millones de euros.
Pero el monto sería utilizado para amortizar parte de los mil 170 millones de euros recibidos en su rescate.
De esta manera, mientras Infonavit por ejemplo presentó una queja ante la Condusef y una denuncia ante PGR, en Pensiones le apuestan a la multiplicación de los panes de Abengoa en lugar de presentar las denuncias contra la firma y de paso contra los funcionarios públicos que llevaron las finanzas de los trabajadores del estado a un callejón sin salida.
