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En apenas nueve meses de su administración, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, ha impulsado una auténtica revolución para ajustar cuentas contra el polémico gobierno encabezado por el panista Guillermo Padrés.
Hasta ahora, se han abierto 252 expedientes de investigación contra funcionarios del pasado sexenio, se han inhabilitado 19 ex funcionarios para desempeñar cargos públicos, dos servidores públicos de su gobierno están en la cárcel y otros seis son considerados prófugos de la justicia.
El propio ex gobernador Guillermo Padrés, enfrenta directamente acusaciones por enriquecimiento ilícito en los procesos FAS-I-AP-055/2015, la FAS-II-AP-08/2015 y la FAS-III-AP-15/2016 abiertos por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.
Esto es independiente de dos expedientes abiertos en el ámbito federal por la PGR y la Secretaría de Hacienda por el presunto delito de lavado de dinero y crimen organizado.
Padrés tuvo que acudir al recurso de un amparo que le fue concedido por el juez segundo de distrito en Sonora para que sea tratado en calidad de inocente a lo largo del proceso y que se eviten difundir detalles de las denuncias que puedan provocarle daños y perjuicios.
Hasta ahora, el ex gobernador ha sido denunciado ante la PGR en 2014 por la organización Sonora Transparente, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; en abril del 2015 el PRI lo acusó ante la PGR de fraudes fiscales al condonar impuestos a 30 empresas relacionadas con su círculo cercano y la delegación de la PGR en Sonora reconoce 55 averiguaciones criminales contra ex funcionarios del pasado gobierno.
Entre ellos figuran los ex secretarios de agricultura y ganadería, Héctor Ortiz; de Salud, Bernardo campillo; de Hacienda, Carlos Villalobos y el de Gobierno, Roberto Romero y su esposa, la ex diputada Mónica Robles, estos últimos acusados de tráfico de influencias.
Por si fuera poco, la ex empleada doméstica Gisela Peraza, denunció a Padrés y a 20 ex funcionarios de su gobierno, de tortura, abuso de autoridad, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad y tráfico de influencias, debido a que la acusaron injustamente de robo de dinero y joyas por lo que estuvo cuatro años en prisión.
La contraloría estatal inhabilitó a 19 ex funcionarios a quienes exige la devolución de seis mil 250 millones de pesos de partidas estatales y federales. En total, el daño patrimonial causado por la administración del panista, se estima en más de 30 mil millones de pesos.
Uno de los casos más emblemáticos del gobierno de Guillermo Padrés, fue la captura de su ex secretario de Comunicación, Jorge Morales Borbón, acusado del delito de extorsión que es considerado grave y puede alcanzar entre 30 y 60 años de prisión.
Morales Borbón fue denunciado por dos empresas de comunicación y tres particulares también relacionados con los medios, de extorsionarlos a cambio de contratos de publicidad. La autoridad confirmó operaciones y transferencias a sus cuentas y otros medios sumaron más denuncias.
En menos de un año, la gobernadora priísta de Sonora ha impulsado una auténtica cacería que implica mil expedientes investigados, 252 procesos contra ex funcionarios, al menos una decena de denuncias directas contra el ex gobernador, 19 ex funcionarios inhabilitados, dos en prisión y seis prófugos de la justicia.
En contraste, en más de tres años del gobierno de Aristóteles Sandoval, la fiscalía estatal abrió 60 averiguaciones contra ex funcionarios del gobierno de Emilio González Márquez, cuatro ya fueron consignadas, dos fueron procesados y otros dos tramitaron amparos.
Denuncias directas contra el ex gobernador, no se conoce ninguna.
