Artículos relacionados
Uno de los “boquetes” que enfrentan las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, es la apresurada aportación de 340 millones de pesos que realizó en 2010 para terminar la construcción de las Villas Panamericanos en la zona del Bajío en Zapopan, inversión que cada vez se ve más lejana de recuperar.
Aunque la decisión correspondió al gobierno de Emilio González Márquez, los estragos los padece la actual administración de Pensiones que no puede rescatar otras inversiones como la Chalacatepec suspendida por un amparo o 604 millones de pesos de fondos bursátiles para la compañía española Abengoa, virtualmente en quiebra.
Con el tiempo encima para la edificación de las villas que albergarían a los atletas de los Juegos Panamericanos 2011, el gobierno estatal ideó una estrategia que incluyó la asociación en 2009 del entonces Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe) y Corey Integra, la firma privada que ganó la licitación para construir el complejo, en la que el instituto aportaría 400 millones de pesos.
Como los recursos no le alcanzaron a la constructora y ante la negativa de los bancos de apoyar un proyecto de tan alto riesgo –-como quedó demostrado con el tiempo–, el Instituto de Pensiones intervino el dos de diciembre de 2010 para “comprar” 200 unidades habitacionales del prometido desarrollo Villa Bosque.
De acuerdo con el contrato de promesa de compra-venta entre Corey y el Ipejal, se destacaban las bondades de la inversión de la siguiente manera:
“Además de ser uno de los proyectos inmobiliarios más importantes de Guadalajara, Villa Bosque será el lugar que alojará atletas y delegados durante los Juegos Panamericanos 2011 (…) Villa Bosque es un proyecto residencial único y con una ubicación privilegiada”.
La parte vendedora se comprometía a entregar las 200 unidades libres de gravamen, al corriente del pago del impuesto predial y con servicios de agua potable y electricidad.
Además, la empresa establecía el compromiso de entregar las 200 unidades a más tardar el 15 de febrero de 2012. De no ser así, establecía la cláusula sexta del contrato de promesa de compra-venta que la parte vendedora pagaría el uno por ciento mensual sobre el valor de cada unidad no entregada.
Ipejal pagó 340 millones de pesos por los departamentos, a valor estimado de 1.7 millones de pesos cada uno y tras 56 meses transcurridos del plazo fatal para la entrega, tan solo en intereses la empresa tendría que cubrir nueve millones 520 mil pesos.
Pero el fastuoso proyecto no fue posible. Tras los polémicos Juegos Panamericanos de 2011, las villas no fueron recibidas por el ayuntamiento, no hubo permiso de habitabilidad y comenzaron los procesos legales en su contra.
Hay ante el Tribunal Administrativo del Estado juicios de nulidad e impugnaciones como el 67/2011, el 82/2011, el 11/2012 y el 381/2013 que mantienen en el limbo el destino de las edificaciones.
Como quiera que sea, la inversión realizada por el Instituto de Pensiones, está muy lejos de recuperarse y no parece haber responsables de tremenda pifia.
Situaciones parecidas viven fideicomisos e inversiones con recursos de los burócratas, sobre las que no hay claridad y por lo mismo se desconoce su riesgo.
Pensiones invierte en al menos siete desarrollos inmobiliarios, es socio de proyectos turísticos en la costa Alegre, en Nayarit y en un hotel de la Ciudad de México; ha invertido recursos en la bolsa y cotiza en ella a través de Actur.
Todo esto al tiempo que es propietario de terrenos, edificios, unidades médicas familiares, salones de fiestas, casas, condominios, funeraria y siete parcelas en el Ejido El Nabo en el estado de Querétaro.
