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Como una cuenta regresiva para quien se encamina a una especie de guillotina, así transcurren las últimas semanas previas a la aplicación de multas por el programa de verificación vehicular.
Y aunque sólo restan días para que comiencen a ejecutarse las sanciones contra automovilistas que no lleven sus unidades a esta revisión, las dudas en torno al modelo son profundas, mientras que la certeza de que se trata de un proyecto recaudatorio es cada vez más evidente.
Hace unos días, organizaciones que se oponen a la llamada Verificación Responsable, acudieron a una reunión con las autoridades estatales para plantear sus inquietudes y supuestamente recibir las explicaciones suficientes que disiparan sus molestias.
Pero el encuentro fue una especie de celada donde los opositores recibieron muletazos que no condujeron a nada, aunque para los funcionarios públicos resultó el mejor pretexto para presumir su apertura al diálogo.
Fueron 14 temas específicos planteados por los inconformes y las respuestas convirtieron a la reunión en una especie de escaramuza verbal que no tiene desperdicio. Aquí algunos de los puntos:
Que la verificación vehicular sea gratuita (las organizaciones estiman que el estado capta en refrendos, multas, placas y otros trámites que involucran a los autos, más de seis mil millones de pesos anuales que serían suficientes para hacer el programa sin costo).
La Secretaría del Medio Ambiente (Semadet), respondió que esperará la propuesta de los ciudadanos de cómo se puede realizar en forma gratuita.
Que se eliminen los retenes y que la socialización sea a través de los medios de comunicación. La respuesta de la dependencia fue que los operativos de socialización tienen como fin brindar información personalizada a los usuarios y que además la estrategia ha servido para disuadir la práctica de compra de distintivos apócrifos.
Que informe Semadet cómo ayudará a los automovilistas cuyas unidades no pasen la prueba.
La secretaría señala que se reunirá con representantes de la economía informal (sic) y la Secretaría de Desarrollo Económico para el diseño de un programa de “chatarrización” (sic) y/o reconversión.
Piden que el gobierno estatal demuestre que todo el parque vehicular municipal ya verificó sus unidades.
La autoridad responde que el 80 por ciento de los vehículos oficiales estatales ya fueron verificados, pero los municipales son responsabilidad de los municipios (sic) y no del gobierno del estado.
Que demuestren con documentos la certificación federal de los equipos que emplean en la verificación.
Semadet asegura que todos los equipos que utilizan para la verificación, están certificados por el CENAM (Centro Nacional de Metrología), aunque no mostraron documento alguno.
Las organizaciones pidieron que el dueño del vehículo tenga derecho a estar presente en el proceso de verificación, a lo que los funcionarios de Medio Ambiente respondieron que “todo usuario tiene vista completa del proceso desde la sala de espera”, además de que evitan la interacción entre técnicos de verificación y público en general, para evitar posibles actos de corrupción (¡lo que describe la confianza que tienen en el personal capacitado de los centros!).
Tras la ríspida reunión con las autoridades, los representantes de las agrupaciones concluyeron que es evidente que se trata de un programa recaudatorio debido a la siguiente fórmula.
Si un auto es rechazado en dos ocasiones y recibe una multa, basta con presentar el recibo de 500 pesos de la verificación y las constancias de rechazo, para recibir un año de gracia sin ser molestado, hasta que te toque de nuevo según las placas.
Es decir, que los automovilistas que no pasen la verificación por tener un vehículo en malas condiciones, tendrán licencia de un año para poder contaminar.
El chiste es caerse con la cuota.
