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Aunque finalmente abortaron el plan, la Contraloría del Estado en su momento pretendió convocar a una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la auditoría a Ciudad Judicial.
Pero al caer en cuenta que el expediente bautizado por el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia como “El robo del siglo”, iba a convertir a la dependencia en el hazmerreír de todo el sector público, decidieron suspender los preparativos.
En el trabajo efectuado por la Contraloría, no encontraron más que leves irregularidades y según sus revisiones el proyecto fue realizado a cabalidad, pese al presupuesto inflado, la mala calidad de los materiales, el robo de equipos de aire acondicionado, los negocios con concesiones de servicios, etcétera.
El caso de la revisión de Ciudad Judicial solo es un ejemplo del pobre desempeño de esta dependencia que no ha gozado de capacidad técnica, independencia y firmeza en la vigilancia del manejo del erario.
Le sucedió por ejemplo con la revisión de las finanzas del CODE al que le negaron el acceso a los documentos públicos porque estos estaban en manos de una empresa privada que hacía una auditoría externa y como no le pagaron retuvo los expedientes en su poder como forma de presión.
Pero más recientemente le ocurrió con el Sistecozome donde no pudo acreditar la responsabilidad penal del director Javier Contreras Gutierrez pese al cúmulo de anomalías encontradas; con Servicios y Transportes, cuya quiebra es también evidente y no se llama a cuentas por la pésima administración.
También ha sido lamentable su actuación en el tema de Pensiones del Estado donde lo más que pudo denunciar son los malos manejos en las farmacias del instituto.
Sin embargo, queda de lado la operación de otras áreas como el manejo de préstamos con el empleo de datos de personas fallecidas, tráfico de información de agremiados para armar expedientes y conseguir recursos que luego intentan cobrarse a terceros.
Hay personas afectadas que decidieron ampararse contra cobros que les hace Pensiones por préstamos de ellos no gestionaron, en un evidente caso de tráfico de datos personales.
Figura también el manejo de los fondos al llevarlos a niveles de inseguridad graves como paquetes bursátiles —Abengoa, es uno de ellos— de alto riesgo e irrecuperables, como los 340 millones destinados a Villa Bosque, el proyecto “fantasma” de las villas panamericanas o las modificaciones al fideicomiso de Chalacatepec para invertir en Actur, una desarrolladora turística con ramificaciones en la bolsa de valores por medio de RLH Properties, S.A.B. de C.V.
Tampoco la Contraloría llamó a cuentas a directivos de Pensiones en el caso de la alianza con Rasaland, pese al escándalo desatado tras las revelaciones de manejo de recursos públicos en paraísos fiscales por medio de los Panamá Papers, a los que siguió otra investigación bautizada como Malta Files que incluía otros paraísos fiscales en Islas Vírgenes o Malta.
El instituto siempre estuvo enterado de que la compañía tenía radicado su centro de operaciones en los llamados paraísos fiscales, como acredita el propio convenio de accionistas en el que participó ACTUR, la operadora a la que se adhirió Pensiones al ceder parte de las acciones que tenía a través del fideicomiso de Chalacatepec.
Entre los documentos aportados, destacan el acta constitutiva de Rasaland Inverstors Holding BV que señala su domicilio en Amsterdam; pero también la firma Rasaland Investor Limited con domicilio en 259 St Paul Street, Valett VLT 1213, en Valetta, capital de Malta.
El más reciente episodio de esta Contraloría “chimuela”, tiene que ver con la auditoría al sector salud donde se lanza a la “yugular” contra directores de área pero no llama a cuentas a los titulares de la secretaría, como ya ha pasado con otros procesos.
En el último año de la administración estatal, queda ya para el anecdotario los datos informados por la Contraloría sobre más de siete mil millones de pesos de posible daño al erario en el último año de gobierno de Emilio González Márquez y que hoy permanecen en limbo de la impunidad.
Aunque buena parte de las actuaciones de la Contraloría luego recaen en la Fiscalía General del Estado quien debe continuar la indagatoria, queda la duda si se trata de expedientes mal logrados o un manejo discrecional de la justicia.
Y en cualquiera de las dos circunstancias, no hay forma como la Contraloría salga bien librada.u
