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La protesta de ejidatarios del Zapote que terminó en la detención de 12 personas, engloba un rosario de inconsistencias que se acercan más a un atropello que a un proceso judicial apegado a derecho.
La Fiscalía General del Estado, intervino a petición de los directivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico cuando el grupo de integrantes del ejido derribaron mallas del terreno contiguo a la terminal aérea, en una acción que incluyó tractores y chivos.
La movilización tenía por fin tomar posesión de las tierras que según los manifestantes les pertenecen, luego que fue anulado el proceso expropiatorio de 307 hectáreas de 1975 y tras que un juez de distrito los amparó y determinó que el gobierno federal tendría que devolverles los predios o indemnizarlos.
En una acción sincronizada y con periodistas y hasta personal de la CEDHJ presentes, los elementos de la Fiscalía detuvieron a 12 de los quejosos incluido el dirigente de El Zapote, Nicolás Vega.
Los cargos fueron despojo en grado de tentativa y resistencia de particulares, en hechos calificados como “flagrantes”.
Sin embargo, la detención, trámite de ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público, la apertura de la carpeta de investigación, el traslado al Penal de Puente Grande, entre otras diligencias, no se apegaron a lo establecido en el nuevo sistema de justicia penal.
El viernes 17 de febrero a las 17:00 horas, personal de la Fiscalía procedió a la detención de las 12 personas. El proceso abierto fue por daño a las cosas, despojo, resistencia de particulares y lo que resultara.
Los ejidatarios del Zapote tenían en ese momento suspensiones a su favor que impedían que la autoridad federal o estatal pudiera detenerlos: 520/2017 para conservar la posesión de sus bienes; 160/2017 por la libre manifestación y libre tránsito.
Pero la Fiscalía argumentó la figura de la “flagrancia” en los presuntos delitos, pese a que la manifestación comenzó a las 08:00 horas, es decir, nueve horas antes del aseguramiento.
De acuerdo con los abogados del ejido, fue necesario tramitar un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal, el 299/2017, para exigir que fueran puestos a disposición del ministerio público.
Una funcionaria de este juzgado acudió a la 01:10 horas del sábado a Fiscalía y dio fe que no había carpeta de investigación.
Aunque el nuevo sistema establece que los detenidos deben ser remitidos inmediatamente, los procesados fueron puestos a disposición del ministerio público hasta las 03:30 horas del sábado 18 de febrero.
Fueron enviados además a celdas frías con aire acondicionado a cero grados, no les dieron comida, ni abrigo y permanecieron bajo enormes lámparas que los encandilaron todo el tiempo.
El domingo a las 20:30 horas, cuando habían transcurrido 50 horas y no las 48 que establece la ley, fueron presentados en Puente Grande con un simple oficio y sin ser acompañados por la carpeta de investigación como marca el procedimiento.
Los abogados tramitaron otro amparo donde denuncian graves violaciones al proceso y piden además copia de los videos de las diligencias con el juez de turno en el penal.
A las 20:00 horas del lunes, pese a las evidentes irregularidades, el juez de control determinó legal la detención, fijó una fianza de 30 mil pesos para cada uno de los detenidos y dictó medidas precautorias: No pueden abandonar el estado de Jalisco, no pueden usar el aeropuerto, ni acercarse a los directivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico.
Es decir, pese a los amparos obtenidos y la anulación de la expropiación de las 307 hectáreas, los ejidatarios del Zapote bajo proceso, no pueden poner un pie en sus propias tierras.
