Artículos relacionados
Un emporio construido con sulfato y valuado en más de mil 500 millones de pesos, estaría en juego en una disputa familiar que ha desnudado la actuación de autoridades judiciales en Jalisco.
El empresario Carlos Servín Martínez, un hombre con distrofia muscular avanzada que apenas puede mover la cabeza y sus manos y que está atado a una silla de ruedas, emprendió una disputa legal contra dos de sus hermanos quienes lo habrían despojado de la empresa que fundó hace 23 años.
La historia de esfuerzo personal que lo llevó a ser primero un simple transportista de productos agrícolas, después un comerciante de chatarra y finalmente un industrial de sulfato de cobre, estuvo ligada siempre a dos de sus hermanos a quienes les brindó trabajo, apoyo y que finalmente los convirtió en socios de sus proyectos.
Horacio, el mayor y Gerardo, hermano menor, habrían sido favorecidos por Carlos en todas sus aventuras de negocios.
Sin embargo, conforme la enfermedad progresiva que padecía lo fue dejando prácticamente sin movilidad, éstos decidieron aliarse para excluirlo de la compañía que Carlos Servín había iniciado en 1997.
Sulfatos El Águila, S.A. de C.V., se convirtió pronto en una de las empresas más grandes del mundo y hoy cuenta con más de 500 clientes en 150 países. La mayor parte de su producción, el 80 por ciento, va dirigida a los mercados de Estados Unidos y Europa.
Asentada en Tlajomulco de Zúñiga, genera 250 fuentes de empleo y el sulfato que produce es altamente demandado en la industria automotriz, agrícola y para tareas de limpieza de albercas y hasta presas.
Se trata de un producto que puede emplearse en herbicidas y fungicidas, pero también en la agricultura porque ayuda a remediar los suelos que requieren de cobre. En el mundo se estima que la demanda anual alcanza las 275 mil toneladas.
El despojo de la empresa habría sido orquetado por Horacio y su hermano Gerardo el 9 de mayo de 2011 cuando ambos simulan una asamblea donde no es convocado Carlos y lo excluyen de su propia compañía con una supuesta liquidación accionaria de 9 millones de pesos.
Esto propicia que Carlos, que en ese momento ya registraba una discapacidad agravada que requería de silla de ruedas y un asistente para todas sus actividades, emprenda una serie de denuncias contra sus hermanos por la forma como fue retirado de la sociedad.
La denuncia fue “fraude específico simulado” radicada en el juzgado noveno de lo penal, fue la que finalmente prosperó y motivó una orden de aprehensión contra Horacio que fue detenido el 25 de diciembre de 2019.
QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR
El siguiente, es un testimonio directo de Carlos Servín Martínez para Paralelo 20 donde narra personalmente los hechos y pide la intervención del gobernador Enrique Alfaro, ante la que considera una intromisión abusiva del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez para favorecer a sus hermanos:
“En 2011, aprovechándose de que vivo con una discapacidad física, mis dos hermanos, Gerardo y Horacio Servín Martínez, simularon una asamblea en la que determinaron mi exclusión de la empresa que yo mismo fundé, decidieron despojarme de mi patrimonio. Este delito es un fraude específico por simulación.
Después de años de denuncias y litigios, finalmente el 25 de diciembre de 2019 fue aprehendido Horacio Servín Martínez para que responda por este delito y un juez confirmó el auto de formal prisión, lo que nos llenaba de esperanza.
Sin embargo, el 31 de diciembre de 2019 el abogado de Horacio y Gerardo, Marco Antonio del Toro Carazo, nos aseguró que mi hermano quedaría en libertad de inmediato pues así lo había acordado con el Fiscal General del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, con quien presumió que se acababa de reunir dada su estrecha y larga amistad.
Ante tales aseveraciones, mi abogado y yo nos presentamos en el despacho del Fiscal, quien nos recibió con la advertencia de que sólo lo hacía por mi condición física. Después de plantearle mis inquietudes sobre el proceso, el Fiscal Solís Gómez NUNCA negó su estrecha amistad con Del Toro Carazo y me aseguró que no habría forma de que yo recuperara lo que me fue arrebatado.
Debido a las dudas fundadas que teníamos sobre la actuación parcial para favorecer a las personas señaladas como responsables del fraude, la semana pasada decidimos presentar una queja ante la CEDHJ denunciando la parcialidad del fiscal que debería ser el encargado de representar a los denunciantes, no a los presuntos delincuentes. En la queja incluía todos los hechos que les hemos detallado, aunque hasta el momento no tenemos información de que haya dictado medidas cautelares de algún tipo.
Y es posible que ahora ya la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco llegue tarde, pues el pasado viernes se consumó lo que veíamos como una intervención ilegal y sesgada del Fiscal Solís Gómez.
La tarde del viernes 10 de enero de 2020 la Agente del Ministerio Público Martha Olivia Reyes Romero notificó que se desistió de la acción penal en contra de Horacio y Gerardo Servín Martínez y solicitó el sobreseimiento de la causa.
En su argumentación la Agente del Ministerio Público señaló que dicha instrucción había sido confirmada por el mismo Fiscal General del Estado Gerardo Octavio Solís Gómez.
Paradójicamente, el argumento que presentan para desistirse de la causa pena y para solicitar el sobreseimiento de la causa, es una ponderación en materia de derechos humanos, pero con esa determinación, los derechos humanos que están siendo violados, son los de Carlos Servín Martínez, a quien el Fiscal pretende dejar en la indefensión.
Desde luego entendemos que la tentación sea mucha, pues se trata de una empresa que tiene un valor superior a los mil 500 millones de pesos. Pero no podemos dejar que las autoridades que deben procurar justicia, se entreguen a la complicidad con quienes comenten los delitos.
Nos preocupa la complicidad del Fiscal General Gerardo Octavio Solís Gómez y del abogado Marco Antonio del Toro Carazo para favorecer a quienes defraudaron a una persona y le quitaron todo su patrimonio, por ello pedimos la intervención del Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez para evitar que se consume este atropello”.
FISCALÍA ACUSA A SU PROPIO PERSONAL
La respuesta de la Fiscalía en el polémico proceso, fue presentar una denuncia por abuso de autoridad y por el delito cometido en la administración de justicia contra Celina del Carmen Castellanos, secretaria en funciones de juez; contra Fabiola Becerra, agente del ministerio público y otros funcionarios de la fiscalía por haberse “prestado” a una denuncia falsa y posteriormente librar la orden de aprehensión.
Según la fiscalía, el área de Visitaduría y la Fiscalía Anticorrupción, habrían acreditado falsificación de documentos oficiales y documentos pre-fechados para formular la denuncia en diciembre de 2015 cuando fue formulada en 2019.
El 10 de enero efectivamente se presentó ante el juez noveno de lo penal, Jaime Gómez, el desistimiento de la acción penal y la solicitud de sobreseimiento de la causa contra Horacio Servín para que fuera dejado en libertad.
No obstante, el juez rechaza las solicitudes de fiscalía y se excusa de seguir conociendo del caso.
El expediente es turnado al juzgado décimo primero, quien recibe la petición de desistimiento y sobreseimiento y solicita a la fiscalía las periciales que funden y motiven la decisión tomada.
Una vez que fiscalía hace llegar las supuestas pruebas, el juez concluye que no reúne los requisitos para el desistimiento por lo que niega el sobreseimiento de la causa.
