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En el mes de abril de 2018, la empresa Uber hizo entrega a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del gobierno de Jalisco, de 55 millones de pesos correspondientes al 1.5 por ciento de los recursos generados por los servicios de traslados de todo el 2017.
Es decir, que durante el año pasado, Uber reportó viajes por aproximadamente 3 mil 667 millones de pesos.
De los 3 mil 612 millones de pesos que restan tras la entrega de la contribución estatal, Uber se habría quedado con 903 millones de pesos de ganancias; mientras tanto, los miles de conductores de la plataforma tendrían que haber trasladado 433 millones de pesos del IVA a las autoridades hacendarias, lo mismo que el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), los gastos de operación del vehículo (gasolina, refacciones, etc), pago de la contabilidad mensual y en caso de contar con choferes cuotas ante el IMSS y hasta el impuesto sobre nómina.
El espejismo del novedoso negocio que representaba Uber al fusionar la tecnología digital al servicio de una apremiante necesidad de movilidad en las ciudades, se fue al traste por una responsabilidad compartida:
De la empresa, por la voracidad de no poner freno a una oferta que pulverizaría la demanda y los propios operadores que terminaron por brindar un servicio deficiente, con vehículos viejos, sucios, malos tratos y un costal de mañas heredadas del eterno sistema de taxis amarillos.
La crisis que enfrenta el servicio de Uber por la decisión del gobierno estatal de aplicar a rajatabla la Ley de Movilidad, tiene además como responsables virtualmente a todos los implicados.
Aunque la ley se aprobó en marzo de 2016, la empresa Uber se amparó ante esas reformas que dieron paso a regular la vida también de City Drive, Cabify, Easy Taxi, entre otras plataformas digitales de transporte.
Cada empresa estaba obligada a pagar 35 mil pesos para registrarse y cada vehículo (entiéndase cada conductor) tendría que registrarse y pagar mil 600 pesos anuales.
Sin embargo, por la suspensión definitiva obtenida en mayo de 2017 a favor de la empresa trasnacional, ningún operador de este modelo de servicio cumplió con registro y pago.
En octubre de 2017 y tras meses de negociaciones políticas, Uber decide desistirse del amparo, pero es hasta diciembre cuando la Secretaría de Movilidad estuvo lista para iniciar el proceso de registro.
Pero si la inscripción se hubiera puesto en marcha en forma ininterrumpida desde diciembre y hasta el actual mes de julio, las autoridades viales hubieran tenido que atender 187 trámites por día hábil para ponerse al corriente con las unidades de Uber y las otras empresas. No obstante, hasta abril pasado, apenas se habían registrado mil vehículos de los casi 30 mil que se estima operan en el estado.
A partir de esta fecha, tomando en cuenta los días hábiles, la Secretaría de Movilidad también hubiera tenido que atender a razón de 483 vehículos diariamente para terminar de actualizar todo el padrón.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se han otorgado hasta ahora 2 mil 400 fichas de atención que terminarán de desahogarse el seis de agosto; esto quiere decir que para culminar con los más de 25 mil pendientes de registro, a partir de esa fecha la autoridad tendría que realizar 260 trámites diarios hasta el mes de diciembre de 2018 para terminar la tarea.
Y mientras esto sucede, conductores y usuarios son los únicos afectados por el colapso del servicio ya que la compañía se mantiene en silencio y alejada de la quema.
Es más, a través de Uber blog México, informa a los “socios conductores” que por 200 pesos mensuales pueden mantener en orden el pago de los impuestos gracias a precios preferenciales que ha conseguido.
