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Absolutamente todo; las mentiras, la corrupción, las complicidades, los despilfarros, las conversaciones, los viajes, las inversiones fallidas, los contratos, las relaciones con el crimen organizado, los regalos, los desvíos, el espionaje; todo está en los seis terabytes que entregó la organización denominada Guacamaya, responsable del hackeo a la SEDENA, a reporteros, periodistas, investigadores, historiadores y algunos medios de comunicación que por cierto, no representa aún ni el 0.1 por ciento de los más de cuatro millones de documentos que son escudriñados por los olfatos más agudos en su tarea de seguir sacando a la luz pública los secretos mejor guardados del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y del propio Ejército, de donde ha brotado la más maloliente pus de un gobierno pútrido.
En apenas algo así como 12 días después de haberse dado a conocer el ciberataque del que fue objeto la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos leídos y escuchado lo inimaginable del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la propia SEDENA, y no exagero al decir que de lo poco que se ha podido conocer de las filtraciones en notas periodísticas, apenas ha trascendido quizá el 10 por ciento.
Aquí comparto algunos de los hallazgos más impactantes develados hasta el momento:
Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional dan cuenta de las sospechas de corrupción que pesan sobre Daniel Asaf Manjarrez, actual coordinador de la Ayudantía que se encarga de la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, grupo que reemplazó en sus funciones al Estado Mayor Presidencial.
Al Ejército le pareció “sospechoso” que Asaf Manjarrez conversó, el 10 de febrero del 2021, con el ex capitán del Ejército, José Luis Delgado Vargas, ahora empresario, descubriendo que ha recibido 51 contratos, que en total suman 47 millones de pesos en el Gobierno encabezado por López Obrador. .
Más revelaciones confirman que la Sedena permite que el grupo del crimen organizado “Los Viagras”, mate y extorsione prácticamente en sus narices. Carlos Loret de Mola, dio a conocer nuevos documentos que revelan cómo, aunque los militares saben dónde, cómo y cuándo los delincuentes comenten sus crímenes; prácticamente no hacen nada por evitarlo.
Al menos cinco reportes de inteligencia militar, elaborados entre 2019 y 2022, vinculan a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco, nombrado por el hoy titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos locales de huachicoleo. Otros dos mandos policiacos también son señalados por la inteligencia militar. Los tres siguen en funciones.
Además, en un informe confidencial, la Sedena liga al titular de Gobernación, Adán Augusto López, con una red de tráfico de combustible, que opera a gran escala en Tabasco. El Ejército identifica a dicha investigación con la clave Caso Olmeca y se trata de intercepciones de comunicaciones, investigación de campo, mapeo digital y minería de datos, con las que se detalla la red de tráfico de hidrocarburo en la tierra natal del Presidente López Obrador.
El Ejército vigila a las feministas y las pone a la par de organizaciones subversivas. Informes de inteligencia revelan que el Ejército sigue de cerca las actividades de feministas y activistas. La Sedena identifica la existencia de 15 colectivos, enumera las marchas feministas ocurridas desde 2019 y detalla sus acciones, además identifica con nombre completo y alias a 11 mujeres del Bloque Negro.
El Pais, detectó más de 1.000 archivos donde se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura. Registros internos retratan un ambiente hostil en el que denunciar por abuso sexual a un militar se vuelve una pesadilla. Las víctimas suelen ser ignoradas, dadas de baja de las Fuerzas Armadas o trasladadas a otro sitio.
Mientras el Presidente afirma que “no se espía a nadie”, la red de empresas Pegasus sigue vigente y en México hay más rastros de periodistas y activistas atacados con el programa de NSO Group. Una investigación de la Red por los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Social TIC, Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político determinó que los teléfonos de al menos 3 periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021.
Altos mandos militares maniobraron para tratar de exculpar a las fuerzas armadas del caso Ayotzinapa. Los documentos muestran esfuerzos castrenses para que no se implicara al Ejército, al grado de que, incluso, el propio titular de la Sedena abogó ante el presidente López Obrador por el capitán José Martínez Crespo, el primer militar encarcelado por la desaparición de 43 estudiantes.
La Secretaría de la Defensa Nacional considera que hay autoridades estatales y municipales de Morena que podrían estar vinculadas con cárteles y grupos delictivos en el sureste del país, de acuerdo con una de las conclusiones de un informe fechado el 19 de enero por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia“Sureste” (Cerfise). El documento es una radiografía de la operación y estructura del crimen organizado en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, estados gobernados por Morena, donde se identifica con nombre y apodo a los cabecillas regionales.
Se ha desvelado un seguimiento realizado por las Fuerzas Armadas a numerosos actores del escenario político nacional. Fichas de senadores, diputados y gobernadores aparecen en los correos. En algunos casos reportan desde el tipo de sangre que tienen hasta datos relevantes como si tiene vínculos con el crimen organizado.
Casi un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Sedena alertó a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), de 20 alcaldes de Guerrero con presuntos vínculos con el crimen organizado.
De la lista de alcaldes —incluido José Luis Abarca, de Iguala— unos se encuentran en la cárcel, otros fueron asesinados, unos más desaparecieron de los actos públicos. Tres actualmente son funcionarios en activo.
Más documentos dan cuenta que 308 militares han sido investigados penalmente por presuntas violaciones a derechos humanos entre 2007 y 2021; 151 fueron indiciados, 107 procesados, 19 sentenciados, 16 absueltos y 15 se encuentran prófugos.
Queda en evidencia igualmente el seguimiento del Ejército al viaje del EZLN en Europa. La marca personal que se le tiene al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar; y los viajes de Beatriz Gutiérrez Müller y otros familiares del presidente.
El ejército también contiene los movimientos de Caro Quintero durante sus últimos años en libertad; y los correos de altos mandos del ejército quienes manifiesten su preocupación por el “corto tiempo” que les dio el presidente para concluir la obra del Tren Maya.
Asimismo, consta que el ejército desechó la propuesta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que sus elementos participaran en el protocolo de investigación de la vacuna mexicana “Patria” contra Covid-19; y que El Hospital Central Militar ha sido utilizado por legisladores, diplomáticos, funcionarios públicos, familiares y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes no son derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
También está documentado que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval ha obsequiado lentes, corbatas y mascadas de diseñador, botellas de tequila, mezcal y vino a invitados y personajes que le son cercanos.
A reserva de lo que seguirá fluyendo de las revisiones de millones de correos, no queda duda de la descomposición y pus existente en la ‘Transformación de Cuarta’ bajo la égida de Lopez Obrador.
Y si hasta ahora el presidente había minimizado el hackeo, quizá sea tiempo de que se comience a preocupar porque la información seguirá fluyendo y a su barco le está entrando demasiada agua sucia.
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@salvadorcosio1
