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En la larga lista de casos impunes heredados de la administración de Aristóteles Sandoval, destaca el del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), que se hundió pero sin capitán ni tripulación a bordo.
Aunque la Contraloría del Estado realizó varias auditorías y encontró un sinnúmero de irregularidades y hasta la figura de “daño patrimonial”, las tibias sugerencias solamente alcanzaron para pedir “acciones legales” en contra de los servidores públicos responsables.
Desde el inicio del gobierno de Aristóteles tuvieron en las manos recursos para intervenir el organismo, como 18 denuncias penales contra un ex director y una serie de anomalías detectadas que urgían al nuevo director, Javier Contreras Gutiérrez actuara contra las mismas.
La propia Contraloría mediante oficio DGP/02223/2014 del 28 de enero de 2014 dirigido a Contreras Gutiérrez, informaba del daño patrimonial, desvío de recursos, “incompetencia, negligencia e ineptitud”, que propiciaron que el organismo esté en una “inminente quiebra financiera” y recomendaban acciones legales contra los responsables.
En la larga lista de abusos figuran que Sistecozome no cobraba a Empresa Macrobús, S.A. casi cinco millones de adeudos; casi un millón de pesos en cheques devueltos; pagos a proveedores sin contrato y más de 13 millones de pesos de cuotas de Pensiones retenidas a los trabajadores pero no entregadas al citado instituto.
O el pago de estudios de doctorado en derecho para Lázaro Salas Ramírez, ex director general y Roberto Dávila Sánchez, ex director jurídico, así como un curso de inglés para diez personas por lo que se pagó 127 mil 615 pesos.
Según el oficio DGP/5456/2016 de la Contraloría en la última auditoría practicada a Sistecozome, encontraron una deuda histórica en agosto de 2016 por 498 millones 529 mil pesos atribuida a pasadas administraciones. Pero durante el gobierno de Aristóteles y bajo la dirección de Javier Contreras Gutiérrez, acumuló deudas por 268 millones 396 mil pesos, es decir, el 54 por ciento de la deuda total.
El informe de la auditoría concluye que los pasados administradores generaron a la empresa camionera pérdidas por 42 millones 602 mil pesos, mientras que en el gobierno de Sandoval Díaz, generó pérdidas por 441 millones 549 mil pesos.
El documento sirvió de base para una iniciativa enviada a los diputados para que resolvieran la extinción del organismo, misma que pide a la Contraloría dar seguimiento a los procedimientos administrativos de sanción.
El dictamen aprobado luego en el Congreso, propone que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, por conducto de un liquidador externo, intervenga para tomar el control y disponer del patrimonio del organismo público descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana.
De la venta de permisos de camiones subrogados, de la simulación de donativos “en especie” por 500 mil pesos, de la contratación de personal sin pasar por el consejo, del desvío de préstamos, de compras en exceso de gasolina, de intereses por no pagar préstamos, de los despidos injustificados cuyos laudos millonarios se acumulan y las comilonas en restaurantes del último director, nada se dijo.
No solamente eso, pese a la quiebra, el exdirector Javier Contreras Gutiérrez se fue liquidado “conforme a la ley” con base a su sueldo de 62 mil pesos mensuales.
De los conceptos de “daño patrimonial” por acciones u omisiones que tanto insistió en sus auditorías la Contraloría, no hay ni siquiera procesos administrativos contra la última directiva.
Una aplicación en el portal de la Contraloría, permite solicitar la “Carta de no Sanción Administrativa”. Al teclear el nombre de Contreras Gutiérrez, señala que se hace constar la inexistencia de sanción administrativa en su contra.
Un extraño caso el del Sistecozome que creció solo, se pudrió solo y murió solo.
