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Para evitar la salida fácil del “borrón y cuenta nueva”, una auténtica insurgencia se está levantando contra la desaparición inmediata del Sistecozome sin antes resolver problemas apremiantes que arrastra la empresa camionera.
Un primer contingente formado por más de 400 trabajadores que perderían sus empleos; 150 ex trabajadores de los 300 despedidos en forma injustificada y quienes han emprendido demandas laborales, que podrían alcanzar los 50 millones de pesos.
Más de dos mil 300 subrogatarios que piden que les permitan operar y administrar las rutas por medio de una cooperativa. Al menos 18 denuncias penales “congeladas” en fiscalía contra la administración de Lázaro Salas.
Diputados de oposición del congreso local que se niegan a dar luz verde al dictamen de extinción del Sistecozome hasta conocer los responsables del quebranto.
Tras la instrucción expresa del gobernador Aristóteles Sandoval, la contraloría estatal realizó una auditoría urgente a la empresa camionera.
De acuerdo con el oficio DGP/5456/2016 de la contraloría que brinda un informe de resultados, revela en 15 puntos la situación general de Sistecozome.
En trece de ellos, concluye que hay riesgo o daño patrimonial al organismo por evidentes fallas en la administración, que sumarían al menos 14 millones 668 mil 899 pesos.
Entre otros puntos, refiere la omisión de la administración para cobrar cuotas y multas por un millón 391 mil 25 pesos; contratación de 28 personas sin aprobación del consejo de administración, con un costo de 749 mil 470 pesos; contratación de los asesores jurídicos Francisco Javier Ibarra y Luis Jorge Escobedo, pese a contar con departamento jurídico, por 681 mil 686 pesos.
Omisiones de pagos al IMSS con recargos por 115 mil 515 pesos; contratación de despacho contable pese a su departamento de contabilidad, por 174 mil 928 pesos; compra en exceso de gasolina por 72 mil 218 pesos; recargos por pagos al SAT por 154 mil 211 pesos y un total de 11 millones 29 mil pesos de intereses por no liquidar préstamo.
Según el reporte de la Contraloría, la deuda histórica sumaba en agosto de 2016, 498 millones 529 mil pesos, de los cuales anteriores administraciones endeudaron al organismo con 230 millones 133 mil pesos, mientras que la actual administración acumuló deudas por 268 millones 396 mil pesos, que equivale al 54 por ciento del total.
El documento señala que las anteriores administraciones le generaron a Sistecozome pérdidas por 42 millones 602 mil pesos, en tanto que la actual administración, generó pérdidas por 441 millones 549 mil pesos.
La contraloría recomienda emprender “acciones legales” en contra de los servidores públicos responsables.
Sin embargo, al congreso fue enviada la iniciativa para liquidar al organismo y sólo pide que la contraloría dé seguimiento a los procedimientos administrativos de sanción.
Por si fuera poco, en el dictamen, se propone que “la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, por conducto de un liquidador externo en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer del patrimonio del organismo público descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana”.
Pero la ley no contempla la figura de un “liquidador externo”, lo que supondría de facto la privatización del organismo público descentralizado.
Y mientras los resultados de la auditoría revelan un evidente “daño patrimonial” que sería suficiente para someter a proceso penal al director Javier Contreras y su equipo directivo, al contrario, fueron indemnizados en mayo pasado conforme a la ley con salarios que iban de los 62 mil a los 32 mil pesos mensuales.
