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A tres años y medio de la extinción de la compañía de transporte estatal, Sistecozome, el gobierno estatal ha apostado a ganar tiempo en lugar de cumplir con el dictamen de decreto que lo obligaba a respetar los derechos laborales del personal.
En ese tiempo, 37 ex trabajadores del organismo han fallecido mientras aguardaban la liquidación de ley ganada mediante laudos. Los últimos dos murieron hace 15 días, apenas cuando pasaron las fiestas navideñas y de fin de año.
El más reciente acuerdo entre el actual Gobierno del Estado y los dirigentes sindicales de los ex empleados de la empresa, establece en un monto de 52 millones de pesos los fondos que se requieren para cubrir las demandas de unas 200 personas afectadas con la quiebra.
No obstante, no hay recursos presupuestados para entregar los finiquitos y los ex trabajadores buscarán la mediación del secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, para encontrar la partida de la cual se puedan disponer de estos recursos.
En julio de 2017, cuando el congreso local avaló la desaparición del organismo en el gobierno de Aristóteles Sandoval, el decreto estableció puntualmente que la obligación de la administración estatal era “garantizar en todo momento el respeto estricto a los derechos laborales de los servidores públicos y trabajadores de dicho organismo en los términos de ley, proponiendo opciones de liquidación, reubicación o cualquier otra figura bajo condiciones de justicia y equidad”.
Para los efectos del proceso de liquidación, se ordenó a la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, nombrar a un liquidador que en este caso recayó en la persona de Martha Benavides, para que realizara las tareas de conclusión de la vida activa del organismo.
Pero en lugar de cumplir con este ordenamiento, comenzaron las presiones para que los ex empleados firmaran “renuncias voluntarias” como quedaron registradas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Decenas de los afectados interpusieron juicios laborales y ganaron los respectivos laudos, pero las autoridades estatales en lugar de cumplir las sentencias que acreditaban el despido injustificado, interpusieron amparos para prolongar el proceso de liquidación.
El cierre también de la compañía no cuidó el patrimonio que ésta poseía. Los dirigentes sindicales de los ex trabajadores, estiman en unos 500 millones de pesos los activos que tenía Sistecozome y que fueron desincorporados sin beneficio para el organismo en quiebra que pudieron servir para pagarles.
No solamente eso. Denuncian que en torno a la empresa se dio una auténtica “rapiña”. Enormes rollos de cable desaparecieron y todavía hasta la fecha son constantes los robos del cableado de cobre por donde corrían las rutas de los trolebuses.
Por si fuera poco, además de haber sido una compañía ineficiente y un barril sin fondo de corrupción, Sistecozome se convirtió también en uno de los mejores ejemplos de impunidad.
Decenas de denuncias presentadas contra el exdirector Lázaro Salas, por una “mutualidad” donde a los operadores les descontaban de su sueldo una cuota para accidentes, pero que en los choques de todas maneras le descontaban el costo de la reparación, no prosperaron en la Fiscalía.
Y más reciente, la Contraloría del Estado presentó el 5 de octubre de 2017 una denuncia por peculado y desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, en contra de la contraloría interna, el área administrativa y el área de finanzas del organismo.
La denuncia englobaba el opaco manejo financiero de cuentas por cobrar y la deslealtad de la administración que ocasionaron un quebranto y daño patrimonial por 498 millones 529 mil 763 pesos, señalamiento que también alcanzaba al exdirector Javier Contreras Gutiérrez.
Pese a las denuncias contra los extitulares de Sistecozome, hoy Lázaro Salas es director administrativo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco y Contreras Gutiérrez, fue en su momento presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI en Guadalajara y hace unos días se registró como precandidato a alcalde de la capital tapatía.
