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En los archiveros del Siapa y en las computadoras de algunos de sus técnicos, existen varios proyectos empolvados sobre estudios presentados que advertían de la urgente necesidad de renovar las vetustas redes de distribución de agua.
Se trata en general de propuestas que implicarían la inversión de miles de millones de pesos para renovar la red de agua y alcantarillado que acumula décadas y en ciertos tramos hasta un siglo de vida y que hoy es motivo de escándalo por el agua sucia que se recibe en decenas de colonias.
A lo largo de sus 42 años, el Siapa terminó por convertirse en un ente obeso y reflejo de las estructuras del poder político en turno y que dio paso a redes de agua turbia pero de corrupción, negocios y compadrazgos, antes que trabajar en un modelo a largo plazo con proyecciones financieras reales sobre abasto, renovación de infraestructura e inversiones.
Un ejemplo fue la gestión de Rodolfo Ocampo, quien incluso enfrentara un proceso penal por el malogrado programa “Todos con Agua” donde se habrían desviado fondos internacionales destinados para el abasto en otros gastos operativos.
En su administración para sortear el rezago de unas 350 mil cuentas de morosos, decidió contratar a diez despachos y siete personas físicas para efectuar la cobranza de la abultada cartera vencida. El contrato establecía que obtendrían un porcentaje de cada cuenta cobrada.
Había despachos que recibían 150 o hasta 200 recibos diarios para ser notificados. Al año, hubo quienes llegaron a facturar por concepto de comisiones entre 800 mil y un millón de pesos.
En 2009, la administración de José Luis Hernández Amaya cancela los contratos y alguien asesora a este ejército para que demande al organismo por “despido injustificado” pese a que era evidente que no eran empleados. Las abultadas comisiones fueron manejadas como salarios y reclamaron indemnizaciones millonarias.
Por este ejército de “notificadores” y otros casos, el Siapa llegó a pagar en tres años unos 160 millones de pesos en laudos. Incluso el mismo Hernández Amaya, antes de llegar a la dirección, fue indemnizado en 2007 como gerente técnico con dos millones y medio de pesos.
Pese a ser despedido por Rodolfo Ocampo, José Luis Hernández Amaya recibió de éste dos contratos para la constructora que formó tres meses después de su despido ante el notario Guillermo Coronado Figueroa, Edificaciones Hervi, S. A. de C. V.
En noviembre de 2008, Edificaciones Hervi, S. A. de C. V. obtendría el contrato SIAPA-DPE-LP-189/08 del polémico programa de “Todos con Agua” para habilitar la red de agua potable y alcantarillado en la colonia La Puerta, etapa 2, de Tlaquepaque, por un millón 530 mil 824 pesos.
La empresa recibiría otro contrato, SIAPA-DPE-IF-2011/2008 también de noviembre por tres millones 72 mil 765 pesos, para la instalación, sustitución y reubicación del medidor del Centro Operativo Río Nilo.
En una asamblea el 29 de enero de 2010, Edificaciones Hervi, S. A. de C. V. aumentó su capital social a tres millones 500 mil pesos y Jorge Luis Hernández Villa, hijo de Hernández Amaya se convertía en el accionista mayoritario y en el administrador general único. El mismo día que su padre era nombrado director general del Siapa.
De las escandalosas indemnizaciones que sangraron al Siapa, la asignación de obras, la corrupción en Recursos Humanos, las compras directas y otras linduras, se podría escribir un libro.
Pero son simples borbotones de muestra del agua turbia que históricamente ha corrido por el organismo y que han impedido un trabajo serio y a largo plazo que permita resolver la calidad del líquido de las otras redes que llegan a los hogares tapatíos.
