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Tal como lo había adelantado en esta columna, Servicios y Transportes (SyT) siguió el mismo camino del Sistecozome y fue borrado de un plumazo en el Congreso del Estado, aunque está por verse si también sigue los pasos de abusos laborales e impunidad que caracterizó a la liquidación de la otra empresa camionera estatal.
El viernes 15 de mayo por medio de una sesión telemática (por medios electrónicos y a distancia), los legisladores dispusieron la extinción del organismo por ser “financieramente inviable” y acumular en el primer trimestre de 2020, una deuda de mil 598 millones de pesos.
Sin embargo, un reporte de la Contraloría del Estado de fecha 29 de noviembre de 2019 con un recuento de las auditorías practicadas en 2016, 2017 y 2018 a la empresa (cuya copia posee este columnista), revela que entre deudas y pasivos acumulados a fines de 2019, Servicios y Transportes registraba un riesgo de daño patrimonial de 2 mil 374 millones 096 mil 588 pesos, es decir, 776 millones de pesos más que los reconocidos en la iniciativa de liquidación.
De acuerdo con el oficio DGP/4349/2019 enviado al director general del OPD Servicios y Transportes, Omar Alberto Vargas Amezcua y firmado por la contralora María Teresa Brito, señala irregularidades financieras por lo que pide que la empresa implemente las medidas legales y administrativas derivadas de las observaciones.
En el desglose de pasivos, la Contraloría indica que el riesgo de daño patrimonial es por deudas con el Instituto de Pensiones de Jalisco por 134 millones 841 mil 155 pesos; con la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) es por 1 mil millones 859 mil 759 pesos y por pasivos acumulados, suma 1 mil 230 millones 420 mil 509 pesos.
En síntesis, la Contraloría enumera que 12 de las 17 observaciones a funcionarios no fueron aclaradas, mismas que representan un “riesgo de daño patrimonial” por un monto de 2 mil 374 millones 096 mil 588 pesos.
Antes de que el congreso local aprobara la extinción, Servicios y Transportes comenzó a ser desmantelado. Diez de las rutas fueron licitadas y otras 12 seguirán el proceso de concesionarlas a particulares. Además, Pensiones se quedó con diez lotes con valor de 18.1 millones y 5 hectáreas por 160 millones de pesos.
El temor ahora de los 442 trabajadores del organismo, es que se repita la historia del Sistecozome donde no fueron liquidados conforme a la ley. Aunque en el dictamen se ofrece un pago justo, algunos trabajadores de la empresa camionera refieren que solamente les han ofrecido tres meses y las partes proporcionales de sus derechos laborales.
Faltaría hacer efectivo los 20 días por año y para quienes tienen más de 10 años, el “bono de antigüedad” que señala 12 días por año con 2 veces el salario mínimo.
En el caso de Sistecozome existen 300 demandas laborales y 30 millones de pesos pendientes en laudos ganados y en liquidaciones.
Y lo más grave es que no se ha llevado ante a la justicia a los responsables de la quiebra de la empresa liquidada en julio de 2017, por lo que diputados de Morena y el Partido del Trabajo votaron en contra de la extinción de Servicios y Transportes si antes no se llama a cuentas a quienes la hundieron.
El Gobierno del Estado asumirá el costo de mil 400 millones de pesos de la deuda impagable, que sumados a los 500 millones de Sistecozome serán casi 2 mil millones de pesos en los 2 organismos del transporte estatales que quedarían al estilo Jalisco en la total impunidad.
