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Como sucedió con la extinción de Sistecozome donde la Contraloría del Estado recomendó en 2017 emprender acciones legales contra los responsables de la quiebra del organismo, una vez más podría ser olímpicamente ignorada en el caso de Servicios y Transportes donde también sugirió llamar a cuentas a quienes no hicieron bien su trabajo y llevaron a la empresa camionera al caos.
Por lo que toca al Sistecozome, fueron varias las auditorías donde la contraloría encontró numerosas irregularidades como pagos de estudios de doctorado de directivos o millones de pesos en cuotas de Pensiones retenidas a los trabajadores que nunca fueron reportadas.
La contraloría en sus reportes tras varias auditorías, hablaba de daño patrimonial, desvío de recursos, “incompetencia, negligencia e ineptitud”, que llevaron al organismo a una “inminente quiebra financiera” y recomendaban acciones legales contra los responsables.
Y aunque sobre Servicios y Transportes (extinguido por el Congreso el pasado 15 de mayo) hay también recomendaciones de abrir procesos administrativos y legales contra los responsables de “trasgredir las obligaciones como servidores públicos”, lo cierto es que la larga cola de ex funcionarios responsables de la quiebra se pierden en el tiempo.
El “barril sin fondo” en que se convirtió Servicios y Transportes desde que el gobierno compró la compañía a particulares y después creó el Organismo Público Descentralizado el 27 de diciembre de 1990, fue alimentado por las administraciones estatales subsecuentes que contribuyeron a mantener con vida artificial a este Frankestein.
En los noventa, cuando la empresa vivía sus mejores momentos gracias a sus excelentes rutas (la 275, la 371, la 350) y llegó a reportar en ese tiempo hasta un millón 600 mil pesos diarios, apareció la codicia de directivos y empresarios.
Tuvo lugar una extraña operación de arrendamiento puro de 200 camiones Magnum 1100. Era un híbrido con carrocería de DINA y motor Caterpillar, con transmisión automática y bolsas de aire, que muy pronto fueron reprobados en los terribles suelos de los derroteros que tenía en Guadalajara y pasados “a cuchillo” por la corrupción y rapiña imperante en Servicios y Transportes.
Caído el parque vehicular, sin el mantenimiento adecuado al que estaba obligada la empresa proveedora según el contrato, el gobierno estatal a través de Finanzas otorgó un préstamo por 400 millones de pesos para liquidar el arrendamiento y quedarse las unidades convertidas en chatarra.
Y para no ir más lejos, tan solo en el anterior gobierno de Aristóteles Sandoval, tres préstamos sin retorno fueron otorgados a SyT. Uno por 83 millones 576 mil 067 pesos, otro por 37 millones 486 mil 579 pesos y un tercero por 6 millones de pesos, en total, 127 millones 062 mil 646 pesos de préstamos.
Ahora el gobierno estatal asumirá los pasivos, pagará a proveedores, salarios, liquidaciones y dejará en ceros la deuda a las arcas estatales de unos mil millones de pesos.
El boquete a las finanzas del estado por el mal manejo de una empresa estatal, en cualquier lugar del mundo debería dar paso a denuncias por actos de corrupción, desvío de recursos y abuso de autoridad.
Pero hoy las prisas son licitar las 12 rutas de Servicios y Transportes cuyo fallo quedará listo el viernes, después que a principios de mayo se licitaran otras seis.
Pareciera que lo que se busca ahora es un “borrón y cuenta nueva” para avanzar a toda velocidad en el proyecto de Mi Transporte.
