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Con una ligereza escalofriante, las Madres Buscadoras de Sonora fueron reprendidas por las mismas autoridades estatales por dedicarse a buscar restos humanos de desaparecidos.
Ocurrió en Jalisco, el estado con mayor número de desaparecidos en México y el reclamo vino para quienes recorrieron más de mil 300 kilómetros para auxiliar a familiares que enfrentan su mismo dolor: haber perdido un hijo, un padre, un hermano.
La acusación incluso fue más severa, al considerar que los colectivos de buscadores y buscadoras “violan la ley” al manipular restos humanos y no ajustarse a los protocolos establecidos en materia forense.
Los duros señalamientos fueron específicamente para las buscadoras, después que éstas realizaran su labor en un predio de Tlajomulco donde rescataron 20 bolsas con restos de personas.
El cuestionamiento vino porque acudieron al estado sin avisar, sin pedir apoyo de las corporaciones policiales “para que las cuidaran” y no haber solicitado tampoco respaldo de la Comisión de Búsqueda del Estado.
Sin embargo, la autoridad omitió un pequeño detalle. Las Madres Buscadoras de Sonora recibieron la información sobre el terreno donde podrían estar los cuerpos de una fuente anónima, un informante que por nada del mundo entregaría esas pistas a la autoridad porque no le tiene confianza.
Y un dato todavía más contundente: las mujeres que decidieron abandonar sus viviendas, su ciudad y estado para viajar a Jalisco a efectuar estas búsquedas, lo hacen porque fueron víctimas del mismo delito de desaparición de algún familiar. No lo hacen por gusto.
Cada vez que entierran una pala, un pico o escarban con sus propias manos, repiten la misma letanía de esperanza de encontrar a alguien, que puede ser un padre, un hermano, un hijo o hasta su propio familiar.
¿Es posible que en esta tarea —que debería ser únicamente de la autoridad que está rebasada— las madres tengan tiempo de pensar en protocolos?
Además, ¿qué protocolos?
En el Servicio Médico Forense (Semefo) en un tiempo no había reactivos en el laboratorio de Genética y en otra etapa no servía el equipo. En promedio, una prueba de ADN estaría lista en una semana, pero por la carga se llevan en promedio dos meses.
Después viene la confronta —de los restos y la muestra de ADN de un familiar— que puede tardar más de medio año y ha habido casos que ha llegado al año para poder realizar la identificación.
De acuerdo con un experto consultado, el protocolo de excavación debe partir de establecer un perímetro de 50 metros a la redonda donde solo tiene acceso el ministerio público y el perito criminalista de campo; un arqueólogo forense, un geólogo forense para realizar el análisis de la estratigrafía (determinar el tiempo que tiene la fosa clandestina) y hasta de un entomólogo forense, ya que a través de los insectos también se puede conocer el tiempo de la muerte.
No obstante, fuentes consultadas en el Semefo, advierten que no hay este equipo multidisciplinario y ponen en duda la preparación del nuevo personal reclutado para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que difícilmente sabe lo que es la estratigrafía.
Y finalmente, la madre (esta sí), de todas las violaciones de protocolos: en el Semefo hay cientos de cuerpos sin identificar. Y se siguen acumulando, con buscadoras o sin ellas.
Todavía peor. Quien esto escribe, tiene en su poder imágenes de bolsas rojas con restos humanos colocados sobre planchas en el Semefo. Por respeto a las personas, no es posible publicarlas.
Los fragmentos de cuerpos ya macerados, no se guardan hasta que son procesados. Suelen durar una o dos semanas fuera de los refrigeradores.
La pregunta obligada ahora es si aquí no aplican los protocolos. O solamente funcionan para los colectivos de buscadoras.
Algo así como el que lo protocolice, será un buen desprotocolorizador.
