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El lunes 20 de mayo la presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), lamentó que la ciudadanía utilice muy poco las leyes que hay en la materia para denunciar actos de corrupción, no obstante -según Cynthia Cantero Pacheco- hay cada vez mejores regulaciones al respecto.
Después, el 6 de junio, este organismo dio a conocer con toda pompa, que tras un análisis realizado por el área de Evaluación y Gestión Documental, se concluyó que la licitación del programa “A Toda Máquina” cumplió con los criterios marcados por la ley. Cabe destacar que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) fue el responsable de los trabajos de inspección para dicho análisis, luego de los señalamientos sobre anomalías y posible conflicto de interés en la asignación del contrato de arrendamiento de maquinaria para el campo.
Pero como si se tratara de un pésimo chiste, esa información se ofreció justo el mismo día en que Sonia Serrano y Darío Pereira, a través de El Diario NTR, develaron que en el jugoso negocio de más de 3 mil 630 millones de pesos que significa el precitado programa del gobierno anaranjado, los licitantes son compadres y entre sus empresas comparten nombres y apellidos. Es decir, si es verdad que la sociedad tiene a la mano mejores normas para hacer uso de ellas en casos como el que se cita, entonces cómo es posible que ni el ITEI ni nadie del mal llamado Sistema Estatal Anticorrupción dé con bola en un caso que hiede a boñiga.
Es en esta tesitura que debemos reclamar al grupúsculo de “notables” que se ostenta como los paladines de la rendición de cuentas. Pongamos la lupa en quienes desde hace años tienen secuestrado (literal) el tema de la transparencia en Jalisco. Mientras que unos padecen de severos trastornos de personalidad, otros se dedican a asegurar un cachito del pastel presupuestal.
En esencia, la construcción (ahora destrucción) del SEA, siempre ha dependido de las mismas mujeres y los mismos varones. Académicos, políticos y autoproclamados líderes de opinión y luchadores sociales, son la causa real del colosal fracaso en el que se encuentra inmerso un modelo que debió llamarse Sistema Estatal Contra la Corrupción. La simulación e hipocresía con la que se conducen algunos de sus miembros es lo que ha impedido que florezca como es debido.
Se ha llegado a un nivel tan absurdo, que ahora la Auditoría Superior de Jalisco contará con un órgano interno de fiscalización para asegurarse de que no haya actos de corrupción o conflicto de intereses entre sus auditores. Esto significa que la ASEJ tendrá que auditarse a sí misma para no incurrir en actos delictivos. Vaya, si de lo que se trata es de vivir en el umbral de la fantasía, casi se logra el objetivo.
Ahora bien, si la pestilencia de “A toda máquina” puede detectarse a kilómetros de distancia, esperemos lo que viene con el caso de Chalacatepec. El columnista Carlos Martínez Macías, ha documentado con toda claridad una situación en extremo delicada. Habrá que seguirle la pista a su trabajo periodístico, pues resulta que el gobierno del Estado es socio de un corporativo que tiene su sede en un paraíso fiscal: Malta.
Basta con echar una mirada a lo que se conoce como Panamá Papers y Los Malta Files, para darnos cuenta del tamaño del riesgo que corre el dinero de los trabajadores afiliados a Pensiones del Estado.
Así las cosas, mientras los santones de la transparencia y rendición de cuentas en Jalisco se ponen de acuerdo para enmendar la plana con los diputados, los ciudadanos debemos hacer la tarea, porque los que se dicen expertos, son poco menos que una vacilada.
