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En medio de la crisis que enfrenta el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco por falta de recursos, pocos han reparado en el valioso equipo prácticamente nuevo que mantiene en sus bodegas.
Se trata de las famosas urnas electrónicas por las que el organismo pagó más de 37 millones de pesos y que fueron utilizadas en un par de procesos: en 2009 en tres municipios y en 2012 en 43 municipios de Jalisco.
Sumido en una severa falta de liquidez, el IEPC advirtió al Congreso del Estado que con el recorte al presupuesto original planteado ante esa soberanía, no alcanzarían a cumplir con sus funciones lo que quedó en evidencia desde el mes de julio cuando apenas pudo sortear el proceso electoral.
Prácticamente el instituto quedó congelado al ya no contar con dinero para el pago de nómina, gasto corriente y para cubrir las deudas con proveedores.
El consejo general, en sesión extraordinaria, había acordado solicitar al poder ejecutivo una bolsa de rescate por 123 millones de pesos para solventar lo que resta del año.
Con algunos ajustes realizados al terminar contratos de personal eventual, dejar de pagar rentas de edificios, pago de horas extras y cancelar eventos como una muestra de cine y una competencia atlética para motivar la participación ciudadana, el organismo redujo al mínimo su operación.
Ya con estos ahorros, redujo sus pretensiones de rescate al ejecutivo en 60 millones de pesos, 17 millones de los cuales se emplearían para cubrir la nómina del mes de agosto y el pago urgente de proveedores que creyeron en la palabra del instituto.
Irónicamente, la tardanza del poder ejecutivo para acudir en apoyo del IEPC, contribuye a minar la imagen de quien en teoría tendría que estar libre de cualquier litigio o reclamo por incumplimiento de sus obligaciones.
Sin embargo, la crisis económica que vive el instituto, también tendría que ser motivo de análisis por la forma como en el pasado reciente se condujo el organismo.
La polémica licitación para la compra de urnas electrónicas que inicialmente convocó a nueve empresas, fue declarada desierta en un primer intento. En segunda convocatoria IEPC-LPN-002/2011, tres empresas desistieron y dos fueron descalificadas, pero al final Pounce Consulting, S.A. de C.V. fue la ganadora tras que las otras tres participantes también fueron descalificadas.
Las mil 200 urnas serían empleadas en 43 municipios en las elecciones de 2012 y posteriormente fueron presumidas en escuelas, en elecciones internas de partidos políticos y hasta prestadas para un plebiscito en Italia.
La inversión de más de 37 millones de pesos en la compra de los modernos dispositivos, no pudo superar los avatares políticos del país.
Tras la reforma electoral que modificó el IFE en Instituto Nacional Electoral con su rectoría sobre todos los organismos electorales locales, trajo consigo la prohibición del empleo de las urnas electrónicas en los procesos electorales de 2015. Con todo y la confiabilidad de los resultados de los mencionados dispositivos, los equipos tuvieron que permanecer en bodega y solamente ser utilizados en procesos internos de partidos y apariciones en universidades.
Aunque el entonces presidente del IEPC de Jalisco Tomás Figueroa justificó la inversión al mencionar los ahorros en papel, mamparas y otros aditamentos, además de la certeza que aportaría para la democracia en México, las urnas permanecen sin ser utilizadas.
Por eso, ahora que el Instituto Electoral padece la actual crisis económica que no es responsabilidad del actual consejo general, es irónico que mantenga guardado un costoso equipo seminuevo que no puede sacar a una venta de cochera.
